• Caracas (Venezuela)

Armando Durán

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Armando Durán

¡Viva la represión!

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Lo señalábamos hace un par de semanas al comentar la farsa judicial puesta en marcha por la última versión oficial del magnicidio: “Estamos ante una nueva etapa de la revolución”. Es lo que se ha visto y sufrido desde el 12 de febrero. Ante la severa agudización de la actual crisis nacional, el régimen no acordó otra respuesta que valerse de la penumbra informativa para aplicar más y más represión. Esa es la causa de que cada día crezca la lista de presuntos involucrados en la macabra conspiración citados al Sebin a declarar en calidad de testigos, aunque desde el pasado miércoles la fiscal general de la república también se ha sentido en libertad para dictar órdenes de captura contra tres de los seleccionados, porque según ella no tenían intención de acudir al mandato judicial. Frenesí anticipatorio por hacer justicia a su manera de Luisa Ortega Díaz, que llegó al extremo de solicitar a la Interpol detener a los prófugos, un gesto ridículo, pues en este mundo cualquiera con dos dedos de frente sabe que la Interpol no persigue a testigos ni le presta desde hace años la menor atención a las solicitudes del poder político venezolano.

No se trata, por supuesto, de las purgas estalinistas de Moscú antes de la II Guerra Mundial o de los procesos de Praga después, aunque la referencia de Nicolás Maduro a la solidaridad de Vanessa Davis con Luis Chataing puede y debe entenderse como una advertencia de futuros males mayores a los chavistas que a partir de ahora muestren la menor debilidad frente al enemigo. Pero es indudable que en la subdesarrollada revolución bolivariana ya no caben las sutilezas ni la maldad absoluta. No todavía. Sí se trata, sin embargo, de la peligrosísima decisión de dejar de lado las amenazas sin consecuencias, como se hacía antaño, y olvidar finalmente los formalismos burgueses. A estas alturas resulta fuera de lugar limitarse a amedrentar a la disidencia con el anuncio de castigos posibles pero improbables. Ahora llegó el momento de recurrir a la inflexible justicia bíblica, aunque con un giro posmoderno. Basta que yo diga que tú has hecho esto o aquello (todo depende de los alcances de mi imaginación) para demostrar que los hayas hecho. Lo que tenemos entre manos es puro terror psicológico. Que de hoy en adelante nadie se sienta seguro del todo, ni en la tranquilidad de su hogar. En eso consiste la verdadera justicia revolucionaria. Tal como la describió Kafka en El Proceso del desdichado señor K. O como demostró fehacientemente la revolución cubana con sus paredones de fusilamiento sumarios.

Dos razones marcan la pauta de este súbito salto cualitativo en las relaciones del régimen con sus adversarios. En primer lugar, el hecho indiscutible de que esta supuesta revolución, imaginada y dirigida por el lumpen-proletariat, inservibles desclasados en la visión sociológica que trazó Marx de la historia, tan inteligentemente descrita por Ramón Hernández en su artículo del sábado en El Nacional, hace muchos años condenó ciegamente a Venezuela a una insostenible pero muy real miseria física y espiritual. En segundo lugar, que la actual catástrofe, fruto podrido de aquellos afanes de Hugo Chávez que desde ningún punto de vista han tenido nunca pies ni cabezas, se ha vuelto muy palpable en el curso de estos meses, no porque Nicolás Maduro lo haya engendrado de la nada, sino porque no ha tenido la más infeliz idea de cómo remendar su deshilachada herencia, ni tampoco ha podido echarle la culpa del desastre al gobierno de su fallecido mentor, ni ha tenido la fuerza política suficiente para fijarle al disparate resultante un rumbo nuevo y distinto.

Esta mezcla de incomprensión radical de lo que sucede a su alrededor e insuficiencia para afrontarlo como es debido, ha liberado las peores mañas de Maduro y de su Alto Mando Político de la Revolución. Pero por mucho que insistan, la letra de la canción bolivariana no entra ni con sangre en el corazón ni en la conciencia de los venezolanos de hoy en día. Lo cierto es que la experiencia histórica nos demuestra que la represión brutal de la disidencia, tarde o temprano, resulta contraproducente. De ahí las protestas sin fin y el irrevocable descrédito internacional del régimen, como acaba de poner de manifiesto Gabriela Knaul, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y fiscales, al declarar en Ginebra que está “muy preocupada” por lo que ocurre con el Poder Judicial en Venezuela.

En el marco de esta realidad, cabe preguntarse: ¿existe en Venezuela un Estado de Derecho? Porque si no existe, cuáles son sus consecuencias. En el marco de este vacío, por ejemplo, ¿qué le ocurrirá a Patricia de Ceballos, alcaldesa electa de San Cristóbal hace 15 días con más de 70% de los votos, contra quien ahora un grupo de chavistas acaba de solicitar un amparo constitucional, acusándola de respaldar actos de violencia golpista, como antes hicieron con su marido, alcalde depuesto y encarcelado en nombre de la revolución ultrajada? O como a todas luces le ocurrirá esta semana a María Corina Machado, culpable, como tantísimos otros ciudadanos, de pensar y soñar sin pedirle permiso ni instrucciones a Miraflores. ¿Someterse voluntariamente a la aplicación de esta justicia represiva, perversa y pervertida, como hizo Leopoldo López el pasado 18 de febrero, o rebelarse contra ella en razón de su ilegitimidad? Parece que a partir de estos días difíciles que se avecinan, esta es la única y agónica disyuntiva que les presenta el régimen a los venezolanos.