• Caracas (Venezuela)

Armando Durán

Al instante

¿Opositores o contrarrevolucionarios?

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La disyuntiva la formuló el propio Nicolás Maduro al denunciar al empresario Lorenzo Mendoza y al economista Ricardo Hausmann de conspirar con el FMI contra la economía venezolana, al exigir a las autoridades judiciales actuar en consecuencia y al advertirles a quienes lo adversan que no se pongan cómicos. O actúan como opositores (léase, sumisos cooperantes del régimen), o son contrarrevolucionarios, en cuyo caso irán presos. Amedrentamiento al por mayor y sin ningún recato.

Lo cierto es que a Maduro no le basta que su CNE impida ilegalmente algunas incómodas candidaturas de la MUD. Ni siquiera le basta la maniobra de obligar a renunciar ahora a los magistrados del TSJ cuyos períodos terminan el próximo año, para que sea esta Asamblea Nacional, no la que surja de las elecciones de diciembre, la que designe a sus sustitutos, grosera artimaña para mantener el control absoluto de la justicia en Venezuela, paso imprescindible para eludir “legalmente” la inevitable derrota del 6-D y sus inciertas consecuencias. Es en este escenario donde debemos encuadrar su nuevo ataque a lo poco que queda en pie del sector privado de la economía.

Un tweet publicado hace pocos días trata de desafiar esta penúltima ofensiva oficial señalando que lo que Venezuela necesita es un empresario que ponga en orden la economía. Su autor ilustra sus 140 caracteres rebeldes con una caricatura de Lorenzo Mendoza sosteniendo en alto un paquete de harina PAN. Mensaje nada críptico para destacar 2 certezas que se han venido adueñando del ánimo nacional a medida que la crisis se ha hecho más profunda e insoportable: la escasez de alimentos y medicinas, y la hiperinflación que la acompaña, son los problemas que abruman a los venezolanos más allá de lo imaginable y los hace coincidir, al margen de sus preferencias políticas, en la necesidad de una rectificación a fondo de las políticas económicas.

Se trata de una verdad y de una mentira. En efecto, las decisiones económicas del gobierno Maduro son la causa de la crisis que devasta a Venezuela, pero de ningún modo es suya toda la culpa, pues la política económica de su gobierno apenas es la continuación fiel de las que aplicó Hugo Chávez desde que se instaló en Miraflores. Por otra parte, no se trata de políticas públicas disparatadas, gestionadas por gobernantes incapaces, sino la expresión cabal de un proyecto político que se fundamenta en concepciones esenciales del Estado totalitario según la más ortodoxa doctrina marxista-leninista, todo lo apolillada que se quiera, pero doctrina marxista-leninista al fin y al cabo, cuya meta es el gobierno unipersonal y antidemocrático, la expropiación de los medios de producción, la lucha de clases y el fin de la dictadura de la burguesía.

De esta línea de acción se desprenden dos ingratas conclusiones. La primera es que la requerida rectificación económica, sin la cual resulta imposible superar el desastre actual, es impracticable mientras no se sustituya el sistema político de la llamada quinta república por otro, que posea los perfiles de lo que para entendernos podríamos calificar de democracia liberal. La segunda, que el régimen no puede ceder ni un ápice de su poder en estas elecciones ni en ninguna otra, porque hacerlo equivaldría a propiciar una insuperable contradicción teórica y práctica. Como la que fulminó a la revolución sandinista en las elecciones de 1990, ganadas por la opositora Violeta Chamorro, porque Daniel Ortega se negó a escuchar las reiteras advertencias de Fidel Castro de no contarse en las urnas.

Esta realidad ha llevado a Maduro a declararle la guerra al último gran grupo económico privado que queda en el país y a reiterar que la revolución ganará estas elecciones (y, por supuesto, las que vengan, si es que vienen) “como sea”, porque a Venezuela solo la “pueden gobernar los revolucionarios”. Las dos auténticas y ominosas caras de la moneda chavista. Lo demás, queridos lectores, es pura paja.