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Armando Durán

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Armando Durán

El CNE y el caso de los comisarios

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Tenía previsto escribir esta semana sobre el miedo como estrategia política y electoral del régimen. Una violencia física que no termina con la diaria acción del hampa acorralando a la población, sino que extiende sus larguísimos brazos por los intrincados laberintos del terror psicológico y de la guerra sucia, cuya materialización más cruel fue aquella infame Lista Tascón, que tanto quisieran los estrategas nacionales e internaciones del régimen resucitar ahora y no pueden, sencillamente, porque votar a cara descubierta, como cuando el Firmazo, no es lo mismo que votar en el anonimato de un proceso electoral normal, en el que no hay manera conocida de violar el secreto del voto. Una violencia física que también se expresa de forma burda y cerril en los habituales asaltos de grupos de malandros con franelas rojas y patentes de corso emitidas por el PSUV para agredir, y si es necesario quizá hasta matar, a lo que huela a Henrique Capriles Radonski.

De esas y otras miserias deseaba escribir hoy, porque me preocupa que entre las muchas artimañas que emplea y empleará el chavismo para impedir que su comandante presidente sea derrotado en las urnas de 7 de octubre, está su obsesión de asustar a los electores de la oposición con el propósito de inducirlos, por miedo, a abstenerse de votar y de expresar sus preferencias políticas y electorales libremente. Pero he ahí que el pasado jueves estalló el escándalo de todos los escándalos: el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte, personaje de la misma infeliz calaña de sus jefes y de la mayoría de sus compañeros de oficio, algunos de ellos también prófugos de la furia roja rojita, decidió finalmente hablar. Y vaya si lo hizo.

“Es un deber inaplazable confesar ante ustedes –se dirige directamente a los comisarios de la Policía Metropolitana condenados injustamente a 30 años de cárcel– y ante todos, que he cometido el pecado de haber trasmitido a los jueces que los juzgaron la orden de condenarlos a 30 años de prisión a como diera lugar. Yo estaba cumpliendo instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó”. Más adelante, Aponte Aponte llega a confesar la canallada de que durante el tiempo que duró el juicio de los comisarios estuvo en permanente contacto con la jueza del caso y con la fiscal Haifa el Aissami, hermana del ministro de Interior y Justicia, Tareck el Aissami, “para que hicieran todo lo posible para retrasar el juicio y así causarle toda clase de penurias (a los comisarios) con los traslados”.

Lo cierto es que jamás de los jamases se ha producido en Venezuela un acto de tan diabólica naturaleza. Se violó el carácter autónomo de los poderes públicos que garantiza esa Constitución que a cada rato enarbola Chávez para amenazar a sus adversarios, porque ese texto, en lugar de garantizarles a los ciudadanos sus derechos más inalienables, sólo sirve en la práctica, queridos lectores, para hacer lo que la decencia no nos permite repetir aquí. Una violación que no sólo nos presenta a un jefe del Estado impartiéndoles instrucciones a los máximos magistrados de la República para que administren el poder constitucional de aplicar justicia con la exclusiva finalidad de satisfacer su personal sed de venganza, sino que además nos presenta a Aponte Aponte jactándose de haber cumplido las órdenes de su jefe con el añadido de un sadismo sin precedentes.

Y todo ello sin necesidad de adorno alguno, porque en verdad no se necesita. El hecho, por sí solo, produce asco y repugnancia. ¿A esto le llaman revolución socialista? Un Presidente abusando del poder casi absoluto que ejerce para intervenir arbitrariamente en la vida de los gobernados, en este caso para castigar con ferocidad inaudita a un grupo de comisarios policiales por el exclusivo hecho de ser sus adversarios políticos, y un Tribunal Supremo de Justicia y una Fiscalía General de la República, poderes supuestamente autónomos por mandato constitucional, prestándose para llevar a cabo servilmente las peores bajezas que se le ocurran a un tercer poder, el Ejecutivo Nacional, individualizado en una persona, Hugo Chávez Frías.

Frente a este desafuero ejecutado con la mayor y más tranquila impunidad, y a sólo tres semanas de las próximas elecciones presidenciales, sólo queda hacerse una pregunta inquietante: ¿Existe en este mundo algún motivo razonable para creer en la ilusión de que un cuarto poder, digamos el Consejo Nacional Electoral, viva una democrática, y por lo tanto excéntrica, existencia independiente de Miraflores? ¿De veras alguien lo cree posible?