• Caracas (Venezuela)

Antonio Sánchez García

Al instante

Las fuerzas armadas y la sociedad civil ante la crisis

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Sólo el agotamiento de las fuerzas y del impulso democrático liberal emancipador que condujeron al 23 de enero de 1958, de la mano de las fuerzas armadas y del pueblo democrático,  y la consiguiente firma del Pacto de Punto Fijo – hechos sembrados y cosechados, qué duda cabe, gracias a la potencia creadora de la generación del 28 - , explican la decadencia política y  el reflotamiento de las viejas tendencias autocráticas y dictatoriales desde el trasfondo de la conciencia colectiva nacional. Fue un proceso de desencajamiento largo y sostenido, que arrancara durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y reventara, paradójicamente, durante su segundo mandato. Precisamente cuando trataba de corregir las tendencias que arrancaran en el primero de sus gobiernos: populismo a destajo y estatismo centralizador, acompañados de la debida asfixia de las tendencias liberal democráticas de la sociedad civil.

Que esa tendencia había hecho crisis y presagiaba los peores desbordes – entonces perfectamente visibles, pero inimaginables para la ya muy debilitada imaginación de la clase política dominante – quedó claro en el protagonismo contradictorio y de signos antagónicos asumido por las dos figuras claves del caudillismo democrático nacional ante la gran ruptura derivada del 4 de febrero: Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. No fue un azar que Caldera, continuando el hilo argumental de su defensa del régimen ante los graves sucesos motinescos del 27 de febrero, intentara encontrarle razón a la felonía de los militares golpistas contra el gobierno constitucional y democrático de Carlos Andrés Pérez, constatara el desinterés de la ciudadanía en asumir una defensa militante de la estabilidad democrática y, mucho más grave aún, de la propia democracia puntofijista; que el propio partido Acción Democrática, en manos de Alfaro Ucero, le negara todo respaldo al asediado presidente de la república hasta propiciar su caída, y que el mismo Rafael Caldera aspirara y obtuviera la segunda presidencia, cerrando así el ciclo más fructífero de la historia venezolana. Y abriendo, simultáneamente con ello, muy posiblemente a su pesar, la transición hacia la dictadura castrochavista. La estabilidad democrática naufragaba y ya nada la rescataría. La tragedia se consumaba con el auxilio implícito o explícito, consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, de todas sus futuras víctimas.

 

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Es durante ese período convulso y lleno de contradicciones que va desde la caída de Carlos Andrés Pérez a la victoria electoral de Hugo Chávez, que termina por desencajarse el sistema democrático institucional y montarse la estructura de dominación que, a partir del llamado proceso constituyente, culmina en el asalto pleno y total a la democracia puntofijista, el vaciamiento de la sustancia y funcionalidad liberal democrática de las instituciones y la construcción del andamiaje de la dictadura castrochavista. Sólo la oportuna, vigorosa y valiente reacción de la sociedad civil – los partidos estaban prácticamente deshechos y desaparecidos del escenario político nacional – impidió que se impusiera un régimen castrista desde un comienzo y sin más trámites. Chávez tuvo el proyecto y la fuerza para hacerlo. Como lo confesara Luis Miquilena, esa era la verdadera aspiración de Hugo Chávez. Sin la acción esencial y desinteresada de la sociedad civil, que estrenaba su protagonismo histórico ante la debacle de los partidos,  y su coordinación democrática, que arranca prácticamente desde las protestas contra el decreto 1011 para articularse luego en la defensa de PDVSA y la gigantesca rebelión civil, que abarca al más amplio espectro ciudadano, de empresarios a profesionales, técnicos y trabajadores, que tumba al gobierno de Hugo Chávez, dando paso al pleno protagonismo de la llamada Coordinadora Democrática, - sin ese respaldo estrictamente civil, repito,  la democracia no hubiera sobrevivido y los partidos tradicionales, fundamentalmente AD, y los nuevos surgidos de las cambiantes circunstancias políticas, como Primero Justicia, no hubieran podido sobrellevar la crisis.

Durante todo el período señalado, pero en particular desde el golpe de estado del 4 de febrero de 1992, Venezuela ha estado sumida en un estado de excepción. Caracterizado, en lo esencial, por la trágica desavenencia entre institucionalidad y política. Y durante el cual no ha cesado el forcejeo entre las fuerzas dictatoriales, representadas por el castrochavismo desde la cúpula del régimen, y las fuerzas democráticas, mantenidas con vida desde el seno mismo de la sociedad civil y canalizadas, desde mediados del 2006, por los partidos políticos, ya en vías de recuperación: AD, sobreviviente de la vieja partidocracia y PJ, asumiendo el testigo para los nuevos tiempos.

Sin que quepa hablar de bonapartismo, entendido en este  caso como el gobierno autocrático del tercero en discordia, las fuerzas armadas han jugado un doble papel estabilizador: le han dado estabilidad institucional al precario régimen de excepción del castrochavismo, y han resguardado, simultáneamente, a las fuerzas democráticas de la sociedad civil, respaldadas por ella en tres circunstancias cruciales: el 2 de diciembre de 2007, cuando impusieran el reconocimiento del CNE a la victoria de las fuerzas democráticas ante el intento por imponer una constitución castrocomunista; el 6 de diciembre próximo pasado, cuando impusieran al mismo CNE el reconocimiento de la resonante victoria opositora en los comicios electorales que le confirieran a la oposición la mayoría calificada de la Asamblea Nacional; y el 5 de enero de 2016, cuando contrariando las graves amenazas esgrimidas por el más radical y recalcitrante de entre los defensores y beneficiarios del régimen, Diosdado Cabello, hoy severamente cuestionado, impusieran la instalación de la Asamblea Nacional.

No se comprende este extraño y muy singular bonapartismo, en todo caso: pasivo, aunque disuasivo, sino a partir de la decisión del general Raúl Isaías Baduel en 11 de abril de 2002, cuando usando el poderío bélico sobre determinante de su comandancia inclinó la balanza militar decisoria de esa grave crisis de excepción en favor del gobierno de Hugo Chávez, democráticamente electo, aunque ya dictatorialmente derivado. Así suene extravagante, Baduel fue, en la circunstancia, el verdadero soberano: como diría Carl Schmitt: “fue quien decidió el estado de excepción”. Por lo menos, provisoriamente, como él mismo lo reconociera al pasar a retiro. El nuevo soberano que los tiempos ya reclamaban, como entonces lo insinuó, debería seguir el ejemplo del senador romano Cincinato: asumir el mando pleno, absoluto y total, de una “dictadura comisarial”, para restablecer el orden constitucional, resolver la crisis de excepción y regresar a sus actividades privadas. No se atrevió, no quiso o no pudo. Recibiendo un severo castigo por la mera insinuación. Posiblemente las circunstancias históricas aún no estaban dadas. Como indudablemente parecen estarlo ahora.

 

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Si algo caracteriza la circunstancia presente es que la resonante victoria electoral de la oposición democrática ha agudizado la crisis de excepción: ejecutivo y legislativo han llevado su enfrentamiento a los máximos extremos. La crisis económica y social ha terminado por quitarle todo piso de respaldo político al ejecutivo y el bonapartismo pasivo de las fuerzas armadas se ve compelido a dar paso a un bonapartismo activo, político real, del que el nombramiento del general Vladimir Padrino López apenas asoma las formalidades: desplazar del poder a los operadores del castrocomunismo vernáculo y dar respuesta a la encrucijada asumiendo directamente el poder, con el respaldo implícito o explícito de la civilidad, participar de una Junta Cívico Militar encargada de facilitar la transición hacia el pleno restablecimiento del Estado de Derecho y/o  respaldar con todo el peso de su institucionalidad y su fuerza de choque a la Asamblea Nacional para que se establezca así una suerte de dictadura parlamentaria provisoria encargada de cautelar la transición hacia el pleno ejercicio de la democracia institucional. Una respuesta de excepción a una crisis de excepción. ¿Será posible alguna de esas salidas a la crisis?

La resolución política de la crisis es sólo cuestión de tiempo. La absoluta precariedad e indigencia en que se encuentra el régimen hacen insostenible su continuidad, en cuyo mando aparente se encuentra más por inercia que por potencia, así cuente en su apoyo con algunos sectores de las propias fuerzas armadas, ya manifiestamente minoritarios, y el respaldo de las fuerzas armadas cubanas, que sólo podrían intervenir en medio de una grave conflagración interna, lo que ni sus mismas fuerzas parecieran dispuestas a provocar. ¿Una guerra civil en condiciones tan desmejoradas? Bastaría una discreta y módica presencia de la Quinta Flota frente a las costas venezolanas para disuadir al más fanático de los generales cubanos. No se diga para espantar a la zarrapastra del narco generalato y las fuerzas hamponiles de los colectivos. Máxime si se verificare un cambio sustancial en las alturas del poder político en Washington. Lo que no parece un dato absolutamente descartable.

Lo que no admite espera, y nos empuja hacia el barranco a pasos agigantados, es la crisis social y económica, que ya trasciende todos los límites tolerables. Basta comparar la actual situación con la que reinaba hace ocho meses, cuando se ganaran las elecciones parlamentarias, para imaginar el apocalipsis que podría presentarse a fin de año. El desencanto con Maduro ha dado paso al odio más recalcitrante. Y del chavismo no queda más que la memoria de una época que ya luce paradisíaca. Cuyo recuerdo sólo contribuye a incrementar el odio por su heredero y sus mesnadas. Mucho más pronto de los que sus seguidores imaginan, el odio hacia el mismo Chávez, auténtico responsable por esta catástrofe, se lo llevará por el callejón del desprecio.

Contrariamente a la percepción dominante en aquellos sectores de la oposición que consideran perdidas todas las esperanzas en un cambio que no obedezca a las vías planteadas por algunos partidos de la MUD, patológicamente electoralistas, y en esta coyuntura enfocados exclusivamente a la realización de un Referéndum Revocatorio, rechazando la puesta en práctica de otras vías constitucionales, como auspiciar una insurgencia popular que permita la reedición de los sucesos que culminaran en el 23 de enero de 1958, creemos perfectamente viables, incluso convenientes, otras soluciones al impasse creado por la grave agudización de esta crisis de excepción. Vías que incluyan un protagonismo esencial de la sociedad civil y de los sectores profesionales, empresariales, eclesiásticos, progresistas y democráticos, unidos a los actuales sectores dominantes en el interior de las Fuerzas Armadas, respetuosos del artículo 328 de la Constitución, y que estarán hartos de los escandalosos y muy repudiables actos de corrupción y traición a la Patria en que ha estado incursa parte importante de sus altos mandos, partidizados a favor de una política devastadora para la integridad de la Nación.

Los pueblos temen transitar caminos no hollados. Entre ellos, ni los del pinochetismo ni los del castrismo, tras diecisiete años de denodados esfuerzos por imponer el segundo y la tentación de cortarlo por lo sano imponiendo el primero, parecieran querer ser transitados por los venezolanos. Pero un entendimiento entre la sociedad civil y las fuerzas armadas no constituye una vía inédita: fue transitado exitosamente en el pasado y está en nuestra genética política emancipadora. Constituye la síntesis dialéctica de la eterna contradicción entre civilidad y militarismo. No veo otra salida.

@sangarccs