• Caracas (Venezuela)

Antonio Sánchez García

Al instante

La crisis, la FAN y el golpe de Estado

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Para volver al inicio de nuestra argumentación: ¿respaldar a una Asamblea Nacional recién electa, dotada de los plenos poderes delegados por la voluntad soberana, constituye un “golpe de Estado” o, por el contrario, expresa el irrestricto respeto al orden constitucional?

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57 años después, de alguna forma estamos situados en el mismo impasse al que llegara la sociedad venezolana en vísperas del 23 de enero de 1958. Un pueblo ansioso por sacudirse la dictadura, una dictadura ansiosa por no aceptar su desalojo, y una fuerza armada expectante, a la espera de que esa crisis encontrara su resolución. Hasta dar el paso definitorio: desalojar la dictadura de Pérez Jiménez y tras un año de transición entregarle el gobierno a la soberanía popular. Un precedente que debiera ser muy seria y gravemente considerado por las actuales autoridades de la Fuerza Armada Nacional.

Claro está: esta vez, con descomunales agravantes que hace tanto o más urgente la consideración y estudio de dicho precedente. Una crisis orgánica, existencial que abarca todas las esferas de nuestra vida en sociedad: la economía, la política, la cultura, el derecho a la vida y la seguridad personal. Lo esencial y lo cotidiano. Nuestra existencia. El país, en suma, al borde de la quiebra económica y la crisis humanitaria. De la desintegración y el caos. De la desarticulación ética y moral. Nada de lo cual estaba presente en los prolegómenos del 23 de enero. Si bien la dictadura perezjimenista obstruía los anhelos de democracia y el desarrollo de un liberalismo institucional, el pueblo no estaba asediado por el hambre, la inseguridad y el desabastecimiento, la institucionalidad no estaba corroída por la corrupción y el narcotráfico, la esencia de la República seguía fiel a los dictados de sus 150 años de historia. Bolívar seguía siendo Bolívar, Páez no constituía un estorbo a los fines de la dictadura, la nación mantenía su perfil independiente, fiel y leal a sus tradiciones. Visto desde esa perspectiva y ausente el juicio propiamente político –la persecución a los factores democráticos, el asesinato de sus líderes más destacados, sus presos políticos, todo lo cual configuró un cuadro intolerable– Venezuela era un país próspero, en pleno desarrollo y crecimiento. Y quienes la invadían no eran agentes de un poder extranjero que hubieran convertido a su gobierno en mera satrapía, sino gente de bien, educada, preparada profesionalmente, un auténtico aporte sin el cual no se comprenden los 40 años de desarrollo, progreso y democracia que sucederían al 23 de enero: españoles, portugueses, italianos y centroeuropeos. Que además de aportar su conciencia progresista traían consigo su artesanía, su profesionalidad, su espíritu ahorrativo y laborioso. Solo pensar que muchos de sus descendientes se han visto obligados a regresar a la patria de sus progenitores, es manifestación del doloroso retroceso que sufrimos bajo las coordenadas de la actual dictadura.


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Todos los mencionados agravantes tienen un solo origen: la ideología castrocomunista con que este embate dictatorial, propio del caudillismo que ha gangrenado el desarrollo de Venezuela desde sus orígenes republicanos, se ha revestido y su consecuencia más perversa: el envenenamiento espiritual y la alienación política de amplias masas de la población más depauperada. Lo cual solo ha sido posible mediante el exponencial crecimiento de la naturaleza populista, estatólatra y clientelar que ha lastrado la conformación de las élites políticas venezolanas. Y su necesario correlato: el saqueo de la renta petrolera, asimismo exponenciado por el alza de los precios del petróleo en el mercado mundial, para corromper a dichas élites y a sus masas de respaldo social. Con un resultado pavoroso y de profundas consecuencias históricas: el secuestro institucional y el apoderamiento del Estado para lo fines de entronizar una dictadura totalitaria. Es ese Estado viciado, corrompido y secuestrado en su esencia el que hoy reacciona con el alevoso secuestro de la voluntad popular y el avieso desconocimiento  de la principal de las instituciones del Estado, la Asamblea Nacional. Primer y fundamental paso dado por el pueblo para recuperar a plenitud el Estado de Derecho, a cuya obediencia y respeto está obligadas constitucionalmente nuestra Fuerza Armada Nacional.

 

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Es la situación que enfrentamos: de un lado, la existencia de un pueblo que ha recuperado la plena conciencia de su nacionalidad, conformado por quienes jamás se postraron al asalto de la barbarie y quienes, después de tres lustros de seducción y engaño por la demagogia corruptora, despiertan a la dura realidad de las consecuencias de ese engaño: la depauperización, la pérdida de identidad nacional, la orfandad ante el abrumador despliegue del hamponato callejero, los terribles sufrimientos de quienes no encuentran las medicinas necesarias para sanar ellos o sus hijos, por solo mencionar algunos de los aspectos de esta tragedia nacional. Sufrimientos a los que también están expuestos los miembros de nuestra Fuerza Armada. Y del otro unas pandillas gobernantes que controlan las pervertidas instituciones secuestradas –de ellas, el TSJ, degradado a alcabala totalitaria– y controlan a grupos sobrantes de antiguos seducidos, cooptados entre tanto por la maquinaria corruptora de lo que las pandillas entienden de la ideología marxista leninista y la revolución socialista que creen defender.

De una parte, el pueblo venezolano que lucha por el restablecimiento de la institucionalidad y la vida en sociedad; de la otra unas camarillas corruptas que insisten en mantener el poder, respecto del cual no tienen la más mínima legitimidad del soberano. En otras palabras: millones de venezolanos sometidos por algunos miles de funcionarios dependientes de las pandillas narcotraficantes y las clientelas “marxistas” y filocubanas que aún les restan.

En el centro de este extraño escenario aparentemente bipolar de graves conflictos impuestos por quienes se niegan a desalojar el poder, desconociendo maquiavélicamente la expresión soberana del pueblo, se hallan quienes detentan el arbitrio, pues detentan las armas: los soldados y oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Puesta ante el dilema de obedecer la soberanía popular y el texto constitucional, una realidad objetiva e intransferible; o servir de fuerza mercenaria a quienes se han situado al margen de la Constitución y la ley, las pandillas y cárteles del narcotráfico.

 

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¿Es todo pronunciamiento militar un golpe de Estado? ¿Es toda intervención de las fuerzas armadas una violación del precepto constitucional? ¿Es todo respaldo institucional a un régimen narcotraficante y forajido una obligación constitucional? ¿Constituye un golpe militar exigir e imponer el respeto a la majestad soberana del pueblo? ¿Constituye una violación de la Constitución actuar para erradicar prácticas delictivas de graves implicaciones en el orden mundial, como el narcotráfico, el respaldo al terrorismo, la violación de la soberanía popular y los derechos humanos?

Siendo la Asamblea Nacional la institución democrática por excelencia, la esencia y cuna del orden republicano, y la máxima expresión de la soberanía popular, reducirla, constreñirla, limitarla y degradarla a mera decoración declamatoria o museo expositor de la barbarie constituye el más avieso procedimiento político institucional, propio de un orden dictatorial, absolutamente prescindente y negador de la voluntad popular. Respaldarla para que ejerza a plenitud los derechos que el pueblo le ha delegado, constituye, muy por el contrario, un imperativo categórico de la máxima prioridad. Una forma de coadyuvar a una salida pacífica, incruenta y consensuada a la crisis, que le devolvería a la Fuerza Armada Nacional toda la majestad que el avieso ultraje a sus obligaciones constitucionales le ha causado.

En otras palabras: ¿deben las Fuerzas Armadas obedecer el orden constitucional o respaldar a quienes lo violan? ¿Deben respaldar y favorecer el normal desenvolvimiento de la Asamblea en cumplimiento del mandato dado por el pueblo de manera mayoritaria el 6 de diciembre de 2015 o impedirlo, violando las determinaciones constitucionales?

Para volver al inicio de nuestra argumentación: ¿respaldar a una Asamblea Nacional recién electa, dotada de los plenos poderes delegados por la voluntad soberana, constituye un “golpe de Estado” o, por el contrario, un procedimiento de irrestricto respeto al orden constitucional?

Esa, no otra es la disyuntiva que enfrentan los mejores y más conscientes espíritus de nuestras Fuerzas Armadas. De la correcta resolución de dicha disyuntiva dependen su historia y su futuro. 


@sangarccs