• Caracas (Venezuela)

Antonio Pasquali

Al instante

Radio y TV: diseño de un futuro democrático

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En nota del pasado 31/01, “Radio-TV, una irresuelta prioridad”, se señaló el papel aún preponderante de esos medios en la formación de la opinión pública nacional, y la necesidad de abatir su extralimitado protagonismo político y sus pulsiones hegemónicas (comerciales e ideológicas) para dar espacio a más y mejor información, cultura y entretenimiento con reglas del juego transparentes, más libertades democráticas y pluralismo, más calidad general y civilizada convivencia entre lo público, lo privado y lo comunitario.

Para lograrlo, es condición sine qua non incorporar al parque mediático ¡finalmente! un servicio radiotelevisivo público no gubernamental que sea fiel de la balanza, modelo de imparcialidad política, pluralismo y alta calidad. Desde 1992, el Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, RTSP, viene sensibilizando al país sobre la necesidad de trascender el muy defectivo duopolio comercio/gobiernos (cómplices a veces, acérrimos enemigos otras) mediante el añadido de un tercer tipo de emisor: un servicio público republicano e independiente de todos los poderes (suerte de BBC criolla), que haga de Venezuela la quincuagésimo séptima democracia del mundo con radiotelevisión pública no gubernamental.

Democratizar las comunicaciones significa prender un poderoso inductor y estabilizador de democraticidad política. Al concluir la presente dictadura, el país estará en condiciones de lograrlo, y será bueno que todas las partes cooperen con espíritu nuevo. Para indicar desde ahora hacia dónde se pudiera ir, RTSP ha entregado a la MUD y oficialmente a la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica de la Radiotelevisión que daría concreción al artículo 58 de la carta magna: “La Comunicación es libre y plural”, relativamente a las tres familias de emisores: de servicio público, privados y de proximidad hoy en el cruce del caos, la ineficacia y la coacción. Su artículo 1° estatuye que “la recepción y emisión de mensajes radiotelevisivos son libres…; incumbe al Estado garantizar tales libertades favoreciendo una participación plural en la capacidad de emitir, y facilitando el acceso a todas las fuentes de recepción disponibles”. Para alcanzar ese nivel de libertad con claras reglas del juego el proyecto propone: crear el Consejo Nacional de la Radiotelevisión, Conart, una autoridad independiente (análoga a la FCC norteamericana, el CSA francés o el CRTC canadiense) nombrada por una Asamblea Nacional obligada a garantizar imparcialidad y pluralismo en sus integrantes y respaldada por un consejo consultivo de 21 expertos incluyendo tres usuarios. A Conart transferiría Conatel todas las frecuencias y facilidades aptas para radiotelevisión, para que sean administradas con ecuanimidad y transparencia conforme a un plan nacional de distribución de radiofrecuencias y canales radioeléctricos obligado a publicar un registro anual de concesionarios. Por otra parte Conart daría vida a un ente concesionario de la radiotelevisión venezolana de servicio público, RTV, dotándolo de estatutos, nombrando parte de su junta directiva, imponiéndole un pliego de obligaciones y normas de calidad, asignándole el presupuesto, las facilidades de producción y transporte de señal.

El ente concesionario RTV sería un organismo público no gubernamental, con personalidad jurídica y patrimonio constituido por capital mayoritariamente del Estado; solo acataría las disposiciones de Conart y las de una comisión parlamentaria de vigilancia de la imparcialidad política (la par condicio) en servicio público sin ninguna injerencia del Ejecutivo; autolimitaría sus ingresos publicitarios, descentralizaría progresivamente su producción hacia sedes regionales y aseguraría al venezolano servicios de radio y TV universales, suficientes, continuos, imparciales, diversificados, útiles y de calidad.

El proyecto prevé la derogación de todas las disposiciones legales que colidan con la nueva ley y la transferencia a RTV de todos los bienes muebles, inmuebles, de monitoreo e inmateriales actualmente asignados a emisoras y transmisoras públicas.