• Caracas (Venezuela)

Antonio Pasquali

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Amordazar y profanar la privacidad: dos delitos de Estado

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Perdida ya la capacidad de asombrarnos, nadie se asombró de que en días pasados Nigel Rodley –miembro inglés de una Comisión de Derechos Humanos de la ONU que interrogaba en Ginebra a una pendenciera y mentirosa oficialidad venezolana– se asombrara de que el presidente de nuestra Asamblea tenga un programa todo para él en las TV de servicio público, de título inapropiado al cargo que ostenta, en el que viola las leyes de privacidad de su propio país y avala acusaciones anónimas de “patriotas cooperantes” contra la disidencia. ¡Cuánto más se asombraría ese jurista si oyera a nuestro presidente amenazar el país con “sucesos muy graves” que harían palidecer la matanza del 27-F si su régimen perdiese las próximas legislativas, o al gobernador de un estado (hablamos del califato de Aragua) asegurar que “en caso de contingencia”(¡!) sus escuadras armadas convertirían al gobernador del vecino estado Miranda, “disidente y apátrida”, en “objetivo estratégico”!

Pero volvamos a la pérdida de asombro por el garrote vil que asfixia cada día más nuestra capacidad de comunicarnos y expresarnos en libertad. Esta Libertad, madre de libertades por estar en la base de nuestra relacionalidad con el otro, fue proclamada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como un valor a perennizar y asegurar “a todos” (disidencias inclusive). El artículo 57 de nuestra Constitución nacionaliza esa misma libertad, mientras que el artículo 58 establece solemnemente que “la comunicación es libre y plural” (porque si es acaparada silenciándola pluralidad se convierte en otra forma de esclavitud), garantizando además a todos “el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados por informaciones inexactas o agraviantes”, (y en ningún caso la denuncia por difamación con prohibición de salir del país). Así que si tuviésemos jueces constitucionales independientes, más de un gobernante estaría bajo juicio.

El “derecho a la información” y el “acceso universal” a la misma (muy hostigados con típica mentalidad militarista) están por su lado garantizados en el artículo 108, por formar parte de los “derechos humanos intangibles” que enumera el artículo 337 y que los Gobiernos no pueden restringir ni “en estados de excepción”.

La prohibición de practicar espionaje comunicacional y dar a conocer mensajería privada (un delito practicado casi a diario por el régimen) figura en una Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones de 1991en cuyo Art. 2 se castiga con prisión hasta de cinco años a quien difunda comunicaciones privadas, en la Ley Especial contra Delitos Informáticos de 2001, cuyo Art. 22 condena hasta a seis años de prisión y multa por 600 unidades tributarias a quien “…reproduzca …o difunda comunicación ajena”, y en el Art. 48 de la Carta Magna que “garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas”(por lo que, en buena ley, el Presidente de la Asamblea y otros debieran ir presos).

Considera el militarismo que a estas quisquillas civilistas se les puede pasar la bota, y Chávez y Cabello figuran entre quienes más han militarizado las comunicaciones y la política del país. El principal instrumento para amordazar la Libertad de Expresión fue y es Conatel, una institución técnica convertida en mordaza del pensar distinto. A las pocas horas de ser nombrado Presidente en febrero 1.999, Chávez confió su direccióna Cabello, quien siempre la mantuvo directamente o por colega interpuesto. No previó el régimen que pese a sus garrotes una RCTV, un El Nacional, un Tal Cual, un Carabobeño o un Impulso, indoblegables, estarían incluso dispuestos a perecer con tal de no inclinarse al despotismo. Hoy, las abusadoras cadenas presidenciales y facsímiles, la tóxica propaganda ideológica del régimen, los cubanizados laboratorios del control electrónico, el monopolio del papel periódico, la Ley Resorte, el acoso sistemático al medio disidente y el Conatel-policía están más que nunca bajo la severa mirada nacional e internacional. Siete plagas antilibertarias destinadas a desaparecer el día mismo que vuelva la democracia.