• Caracas (Venezuela)

Antonio Ecarri Bolívar

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El Estado por encima del derecho

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Todos los regímenes totalitarios, a través de la historia, han colocado el interés del Estado por encima del derecho, porque asumen como suya la famosa como cínica sentencia de Maquiavelo: “El fin justifica los medios”.

Y si se trata del Estado, ya los nazis lo veían con prístina claridad –tal como lo narra el profesor alemán Igo Müller, en su libro Los juristas del horror traducido por Carlos Armando Figueredo– y con  el mayor desparpajo, dando cuenta cómo: “Esclarecidos juristas reconocieron en esa época cuán lejos había ido la Corte Suprema del Reich en su perversión de la justicia con su mensaje de que el interés del Estado estaba por encima del derecho. El mensaje estaba contenido, además, en una reflexión del gran jurista Carl Schmitt, quien había resumido la nueva doctrina jurídica así: ‘La totalidad del derecho alemán hoy en día… debe regirse solo y exclusivamente por el espíritu del nacionalsocialismo… Cada interpretación debe ser una interpretación según el nacionalsocialismo”. En consecuencia, los crímenes más espantosos no eran punibles si se cometían en interés del Estado, mientras que actos legales eran punibles si eran contrarios al mismo.

La Asamblea Nacional no debe hacer suya la sentencia cínica de Maquiavelo, ni la tesis absurda de Carl Schmitt, mucho menos la justicia expedita y politizada de los “tribunales populares” de la Cuba de los Castro, ni de la justicia “bolivariana”, sino debe tener presente la admonición de Andrés Eloy Blanco, uno de nuestros mejores parlamentarios de todos los tiempos, que está más presente que nunca cuando denunciaba la utilización de Bolívar para fines inconfesables y recomendaba legislar para todo un pueblo: El número de leyes no es lo que vale, sino la justicia que ellas contengan. Hagamos tres leyes, pero tres leyes justas, tres leyes hermosas, tres leyes que se parezcan al pueblo de Venezuela, tres leyes que contengan la equivalencia de su angustia. Hagamos tres leyes que apacigüen el sueño de los desamparados, tres leyes que hagan entrar a sus casas a los trabajadores de los campos y de las ciudades, para anunciarles a sus hijos: “¡Hijos! ¡Está naciendo la justicia en la tierra del pan amargo y la esperanza dulce!”.

Entonces, desacatemos esa malhadada sentencia que coarta, inconstitucionalmente, las facultades y potestades de la Asamblea Nacional y hagamos tres leyes justas: la de amnistía; la de producción, para que el pan no sea amargo, y la enmienda constitucional, que permita reducirle el período a este gobierno, para que nazca otro que devuelva la esperanza dulce a todo un pueblo que merece un destino mejor. Legislemos no para el Estado, sino para el derecho, donde el recipiendario es el ciudadano.