• Caracas (Venezuela)

Ana María Matute

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Ana María Matute

Fábrica de chorizos

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Tengo una semana tratando de averiguar cuántas leyes vigentes hay en el país. Hasta lancé la pregunta por Twitter y nadie me respondió. Parece que hay 7 códigos y más de 50 leyes orgánicas, pero de las leyes ordinarias es imposible llevar la cuenta. Sobre todo si tenemos un presidente que trabaja 24 horas escribiendo normas para firmarlas en nombre de Venezuela.

La intención de esta investigación era poner en perspectiva lo que yo considero como la irresponsable facilidad con la que se generan leyes que luego nunca se aplican y mucho menos se respetan. Como una simple fábrica de chorizos.

Ya es suficientemente esperpéntico mantener a 164 diputados para que sea la suprema Habilitante la que legisle. Pero aparte de esto, sucede que de este mal hemos padecido en este país más allá de estos 15 años de desgracia. Leyes, decretos, ordenanzas quedan de lo más bellas en sus exposiciones de motivos, pero de allí no pasan.

Recuerdo una ordenanza que a mí me parecía muy importante en el área metropolitana y que tiene que ver con la convivencia cuidadana. En aquel momento, cuando la sancionaron, era yo editora de esa sección y sugerí que por favor el reportero preguntara cómo se iba a aplicar esa ley.

Parecerá tonta esta pregunta, pero Julia Barragán me enseñó en el doctorado de Ciencias Políticas de la UCV que de nada sirve una ley si no se garantiza su aplicación. Hacer las leyes lleva su tiempo. No es solamente escribir un montón de artículos llenos de lugares comunes y de observaciones obvias, si no aseguramos los mecanismos para hacerlos cumplir. Si somos legisladores y queremos poner orden en la ciudad, no podremos lograrlo solamente sancionando una ordenanza.

Lo de los ruidos molestos sirva como ejemplo: si un vecino decide armar un alboroto toda la noche con karaoke incluido y no deja dormir a los demás ¿a quién llaman los afectados? Una vez que llaman, ¿quién tiene que apoyar a los que se quejan? ¿Quién hace que el vecino abusador baje la música y deje dormir a los demás? Y la pregunta de las 100.000 lochas: si no lo hace, ¿qué castigo se le impone? La cosa no queda allí, quién se lo impone, quién se asegura de que pague el castigo...

Es un tema recurrente para mí, dirán algunos que se han arriesgado a leerme seguido. Y tienen razón, porque creo que en este asunto radica uno de los problemas más graves del país. ¿Cómo curarnos de la impunidad si no nos aseguramos primero de que las sanciones y las penas se cumplan? De allí la urgencia de adecentar el sistema judicial y penitenciario primero que nada.

En el ámbito local, el pobre vecino que no puede dormir por culpa de otro solo puede acudir a la policía. Pero la policía le va a pedir sus datos y además le va a decir que no puede hacer nada. En el caso de que corra con suerte, la policía acudirá y llamará a la puerta del vecino abusador y le dirá que el pobre vecino Fulano de Tal llamó para quejarse, que baje la música. Al día siguiente, el que pasó la noche en vela tendrá un encontronazo con el abusador porque sabe su nombre y apellido. ¿Hubo multa? ¿Hubo sanción? ¿Hubo corrección de la conducta? ¿Le costó algo al abusador haber tenido despiertos a los vecinos? No. Impunidad, el siguiente fin de semana lo vuelve a hacer.

Un ejemplo de que cuando se piensa y se planifica la aplicabilidad de la ley, la cosa funciona. Pregúntenle al Seniat si está preparado para recibir la avalancha de impuestos nuevos y aumentos tributarios de estas nuevas leyecitas nacidas de la Habilitante madurista. Saquen la cuenta, vean lo recaudado anualmente y me dirán si la cosa funciona.

Allí sí es verdad, estimado lector, el gobierno (sin el Legislativo) dictaminó que el licor no se repartirá equitativamente sino entre quienes puedan pagar los nuevos gravámenes. El resultado será que usted tendrá menos con qué brindar en Navidad, porque no podrá comprarlo. En conclusión, la ley se aplica cuando al gobierno le interesa.