Además de las riquezas minerales, el crimen y la inseguridad también abundan en Bolívar y ha sido inevitable que se les asocie con los conflictos de poder que se despertaron con la creación del Arco Minero. En 2017 la región ocupó el cuarto lugar entre los estados con más muertes por esa causa, de acuerdo con el último informe del Observatorio Venezolano de Violencia.
El ex senador Alexander Luzardo se cuenta entre quienes consideran que el decreto ha sido un detonante de algunos de los violentos crímenes en los últimos años. “Hay una asociación entre la necesidad humana, la explotación minera promovida por el gobierno y la constitución de grupos mafiosos y delictivos, como se ha evidenciado”.
Dos de los municipios de Bolívar estuvieron entre los diez más violentos del país el año pasado. El Callao ocupó el primer lugar con una tasa de 816 muertes por violencia por cada 100.000 habitantes, mientras que Roscio se situó en noveno lugar, con 306 fallecimientos por esa causa por cada 100.000 habitantes.
El municipio Sifontes, cuya capital es Tumeremo, a pesar de no estar incluido en la lista de los 10 más violentos, también aparece en el informe del OVV con una tasa de 274 muertes por cada 100 mil habitantes.
Expertos explican que esas localidades, conocidas por la producción y el contrabando de minería, poseen desde hace años una estructura social y económica en la que los espacios están sitiados y manejados por bandas delictivas que se han hecho con el control del negocio minero.
El diputado de Voluntad Popular por el estado Bolívar Francisco Sucre sostiene que esas mafias se han creado bajo el amparo de las propias fuerzas de seguridad del Estado: “Nacieron gracias a acuerdos entre los grupos paramilitares y grupos corruptos de la policía del estado Bolívar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Policía Técnica Judicial y la Fuerza Armada Nacional, y a cambio de grandes beneficios económicos”.
Eligio Rodríguez, coordinador regional del OVV Bolívar, expone que originalmente el único que debía tener acceso a todos los espacios de explotación minera era el Estado. Sin embargo, la corrupción y el desentendimiento del gobierno regional condujo al esquema en el que se han impuesto esas estructuras al margen de la legalidad que generan grandes negocios, dice. “El Estado no ha hecho grandes intervenciones para tratar de evitar la situación, sino que ha permitido esta perversión que puede ser catalogada como delincuencia organizada”.
Sucre asegura que cada territorio minero es controlado por un grupo con un promedio de 100 personas armadas, que son quienes extraen el oro y cobran impuestos a cambio de protección.
Ruptura letal. Una de las promesas de la creación del arco minero en 2016 era acabar con la criminalidad. En lugar de ello, los asesinatos vinculados con la minería se incrementaron, sobre todo aquellos relacionados con enfrentamientos entre organismos de seguridad del Estado y lo que estos denominan bandas criminales de las minas o mafias mineras, advierte Sucre. Añade que esa situación se debe a una ruptura entre las bandas delictivas y los organismos de seguridad del Estado, puesto que el gobierno otorgó concesiones a empresas internacionales que exigen el desalojo de esos grupos de las minas.
Denuncia que desde ese año se han registrado más de 30 masacres en territorios mineros. La más reciente fue el 10 de febrero en Cicapra, municipio Roscio, donde asesinaron a 18 personas, entre ellas una mujer y un adolescente de 17 años de edad. Once de las víctimas presentaron tiros en la cabeza, de acuerdo con los informes. “Fueron ajusticiadas por elementos de la 51 brigada de Selva del Ejército. Sostuvieron que había ocurrido una supuesta emboscada, pero ellos no tienen ni un rasguño”, denuncia Sucre.
Con relación a la violencia en la zona, indica Rodríguez, no hay un antes o un después del arco minero, pues se trata de un fenómeno que se ha tornado crónico en el sur de la entidad y sencillamente ahora es más visible. “Lo que ocurre es que siempre se había estado hablando de una violencia asociada con minería ilegal, pero ahora esta se ejecuta bajo una estructura organizada”, afirma. En ese sentido, explica, esas organizaciones actúan cada vez de manera más abierta; es decir, poco a poco se va expandiendo hacia otros municipios como Upata, Puerto Ordaz, Caroní y Heres, y no temen exponerse.
Las víctimas de violencia en el sur de Bolívar no solo son las personas que fueron asesinadas o sufrieron alguna lesión. Los habitantes de esas zonas, que no necesariamente se involucran en la producción o contrabando minero, sufren de violencia psicológica, añade Rodríguez. “Muchos ciudadanos son testigos diariamente de asesinatos o de irregularidades protagonizadas por estos grupos mafiosos bajo la protección de las fuerzas de seguridad. Y el hecho de que no exista una figura de alcalde o funcionarios policiales a quienes acudir agrava el cuadro, ya que incluso una denuncia puede poner en riesgo sus vidas y las de sus familiares”.
Destaca que el Estado debe tomar medidas y restituir el respeto por la ley y los derechos humanos en la zona. “Lo ideal sería desarticular a los grupos que generan violencia”.
Sucre enfatiza que urge una reforma con el fin de transformar la riqueza minera en progreso y bienestar para los venezolanos, y que no siga siendo sinónimo de matanza, muerte, corrupción y mafia.
Sangre y muerte en las minas
2016
4 de marzo
Tumeremo
Dos semanas después de la desaparición de 28 mineros, se encontraron 17 cadáveres en una fosa común en Tumeremo, de los cuales 16 tenían heridas de bala en la cabeza y 1 en el pecho. A pesar de que los familiares de las víctimas aún esperan respuesta, según informes de la Fiscalía los asesinatos fueron hechos aislados.
2017
5 de octubre
Nuevo Callao
Nuevamente Tumeremo fue testigo de una masacre. Esta vez murieron ocho hombres y tres mujeres, incluida una embarazada. Las edades de las víctimas variaban entre 17 y 19 años. El diputado a la Asamblea Nacional Américo De Grazia informó que los asesinatos ocurrieron durante la incursión de la Operación Liberación del Pueblo en la mina.
24 de agosto
Las Lagunitas
La incursión del Ejército en una de las zonas mineras del estado Bolívar culminó con 7 muertos en el sector Las Lagunitas. Según información de la Zona Operacional de Defensa Estratégica, la víctimas estaban junto con “un grupo irregular” de aproximadamente 20 personas armadas. Asimismo, indicó que pertenecían a la banda del pran minero Toto.
8 y 9 de septiembre
Las Babitas y El Triunfo
Un primer incidente ocurrió durante un procedimiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Ejército en la mina llamada Las Babitas del municipio Piar. 10 personas fueron asesinadas. El segundo, sucedió en El Triunfo, municipio Sifontes, donde 11 personas fallecieron de manera violenta. En este último 2 funcionarios resultaron heridos.
15 de noviembre
Valle Verde
En un operativo de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Bolívar murieron nueve hombres que pertenecían a presuntos grupos armados de la zona minera en el municipio El Callao. Según informes, Freddy López Jiménez, capitán a cargo de la comisión, fue herido durante el enfrentamiento.
2018
10 de febrero
Cicapra
Integrantes de la 51 Brigada de Infantería de Selva del Ejército habrían asesinado a 17 hombres y a una mujer durante un procedimiento en Guasipati, municipio Roscio. La versión oficial sostiene que las muertes se debieron a un enfrentamiento. Sin embargo, el diputado Rachid Yasbek presentó testimonios y mostró fotografías que indican que las víctimas no estaban armadas.