Iglesia rechazó que gobierno llame a obispos "diablos con sotana”

EFE

 La Iglesia católica venezolana negó que obispos hayan incurrido en presuntos “delitos de odio”, luego que el presidente Nicolás Maduro pidiera a miembros de los poderes públicos investigarlos, en aplicación de una ley que establece penas de hasta 20 años.

“Hay mucha gente yéndose del país (…) hurgando entre basureros para comer, si (hablar de) eso es invitar al odio entonces habrá que cambiar la gramática”, dijo este martes a Unión Radio monseñor Mario Moronta, directivo de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

Sin nombrarlos, Maduro aludió el lunes al arzobispo de Barquisimeto (estado Lara), Antonio López y al obispo de San Felipe (estado Yaracuy), Víctor Hugo Basabe, quienes se refirieron a la severa crisis del país en las homilías de la virgen Divina Pastora el domingo.

“Me duele ver a muchos venezolanos buscando comida en los basureros”, expresó López, mientras que Basabe sostuvo que “si alguien tiene que irse de Venezuela es el responsable de este desastre”.

Luego del pedido presidencial, Basabe compartió un mensaje vía WhatsApp -al que tuvo acceso la AFP- en el que aseguró estar consciente que sus “palabras molestarían a (…) los responsables de la tragedia que vive este pueblo que amo hasta los tuétanos”.

El presidente hizo la solicitud a los representantes de la Fiscalía General, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia -que forman el llamado Poder Moral-, todos acusados por la oposición de servir al gobierno.

“Si el fiscal y todos los que componen el denominado Poder Moral van a investigar a Víctor Hugo y a Antonio López (…) no van a encontrar ningún llamamiento al odio, ni a la violencia”, insistió Moronta.

El directivo de la CEV, acusó además, al gobierno de incurrir en expresiones de odio, al afirmar que los sacerdotes “son diablos con sotana”.

López, por su parte, agradeció este martes el respaldo expresado por asociaciones católicas y recalcó que “los únicos diablos son los que se oponen a la prosperidad” de Venezuela.

La oficialista Asamblea Constituyente, que rige con poderes absolutos, aprobó en noviembre pasado una ley que castiga con penas de prisión de diez a 20 años a quien “promueva el odio”, y también prevé ilegalizar partidos y cerrar medios de comunicación que lo inciten.

Un hombre y una mujer que protestaron el 3 de enero por falta de comida en Naguanagua, estado Carabobo, fueron detenidos y serán juzgados por instigación al odio, en la primera aplicación de la ley.

El texto fue propuesto por el presidente tras protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último.

El Parlamento venezolano respaldó en una sesión este martes a la Iglesia y denunció que la Ley del Odio “constituye una grave violación a la libertad de expresión y de culto”.