La debilidad institucional impide avanzar en investigaciones

La falta de una fiscalía independiente ha sido una de las grandes trabas para que se concreten acciones judiciales contra los implicados en los sobornos de Odebrecht en varios países latinoamericanos 

El impacto de las revelaciones de la trama de corrupción de Odebrecht no ha sido mayor en América Latina porque en naciones de la región falta independencia y estructura en instituciones como el Ministerio Público, que podrían investigar las denuncias. Sin embargo, en algunas circunstancias la influencia del caso Lava Jato ha sido tal que ha obligado a cambios legales e institucionales.

Las sacudidas más fuertes fueron en Perú, donde la empresa brasileña se convirtió en la mayor compañía extranjera en el país. Para darle eficacia al proceso de colaboración con la justicia, el Código de Procedimiento Penal comenzó a permitir que los jefes de organizaciones delictivas vean disminuidas o suspendidas sus penas cuando cooperen.

Otra consecuencia institucional de la confesión de los ejecutivos de Odebrecht que pagaron 29 millones de dólares en sobornos en Perú fue la creación dentro del Poder Judicial de un sistema especializado en casos de corrupción de funcionarios, que empezó a regir en marzo.

En Argentina, donde los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado más de 35 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas, las revelaciones proporcionadas por el Lava Jato podrían tener mayores consecuencias si el Poder Judicial accediera a la información brindada por los “doleiros” (cambistas ilegales) brasileños.

Los fiscales argentinos aún negocian la posibilidad de llegar a un acuerdo para tener información detallada sobre el pago de coimas en el país.

La principal complicación para ello es la restricción que la ley argentina impone a la renuncia al juicio penal a los delincuentes cuando estos colaboran con la justicia mediante información. No obstante, el caso ya produjo cambios en la legislación. Con apoyo del gobierno, el Congreso aprobó el año pasado una ley de responsabilidad corporativa que permite el juicio a personas jurídicas. 

En Ecuador, donde Odebrecht pagó 33,5 millones de dólares en sobornos, la reacción de rechazo a la corrupción por la sociedad civil, manifestada principalmente por medio de las redes sociales, ocasionó el despido de funcionarios del gobierno de Lenín Moreno. Eran allegados a ex integrantes de la gestión del ex mandatario Rafael Correa, acusados de estar involucrados en el esquema de corrupción.

Inicialmente el ex fiscal Carlos Baca Mancheno, que por muchos años fue amigo de Correa, abrió innumerables averiguaciones preliminares sobre el caso. Pero se cree que se trató de una estrategia para dispersar esfuerzos, en vez de concentrarlos en una única gran investigación que abarcara todas las sospechas de corrupción.

Otro país donde la influencia del Poder Ejecutivo determinó el curso de las investigaciones fue República Dominicana. Allí el procurador general es designado por el presidente de la República, que puede sustituirlo según su voluntad. La reacción a las denuncias de corrupción de Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina surgió sobre todo de la sociedad y generó uno de los fenómenos sociales más importantes de la historia reciente del país: el movimiento Marcha Verde, que encabezó grandes manifestaciones populares contra ese flagelo. 

Por primera vez en la historia dominicana la corrupción apareció entre los tres principales problemas del país, según las encuestas. Líderes de la Marcha Verde acusaron a la Procuraduría General de la República de no emprender una investigación consistente sobre la base de las delaciones obtenidas en Brasil. La acusación fue negada por el procurador Jean Alain Rodríguez.

Especialistas afirman que México fue otra de las naciones donde la falta de un Ministerio Público independiente del poder político contribuyó a que las averiguaciones no avanzaran favorablemente. Allí  crearon un Sistema Nacional Anticorrupción y un Sistema Nacional de Transparencia, cuya prioridad es prevenir casos de corrupción pero no se conocen resultados penales de las investigaciones de la Procuraduría General de la República acerca de las actividades de Odebrecht en el país. La reacción a las denuncias surgió principalmente de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil.

Frenos y desidia. En Brasil, que cuenta con un Ministerio Público fuerte e independiente en el ámbito federal, entidades de defensa de jueces, delegados y fiscales identificaron al menos cuatro iniciativas en el Parlamento que tendrían como objetivo desacelerar las investigaciones sobre corrupción en Petrobras y en otras áreas de la administración pública. Las propuestas, que se encuentran en trámite en el Congreso, han sido consideradas parte de un no declarado paquete anti-Lava Jato.

Entre ellas figura una nueva ley de abuso de autoridad, que establece duras normas para castigar sobre todo a jueces por excesos en investigaciones criminales e implicaría que los magistrados que decreten prisión a investigados sin una debida fundamentación legal estarán sujetos a destitución y hasta a detención. El proyecto fue aprobado en el Senado y ahora espera el visto bueno de la Cámara.

El director de Asuntos Legislativos de la Asociación de Jueces Federales de Brasil, Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, considera que la propuesta expone a los jueces a un riesgo innecesario.

“Si un juez decreta la prisión preventiva a un investigado y esta prisión es revocada por un tribunal, ese juez estará sujeto a investigación y hasta puede ir preso”, afirma.

El mismo proyecto también limita las conducciones coercitivas, lo que quiere decir que testigos e investigados no pueden ser llevados a declarar a la fuerza sin haber sido intimados a prestar declaración a las autoridades.

Es decir, las conducciones coercitivas solo estarían permitidas en casos en que los investigados o testigos no respondieran a la orden de presentarse ante el juez, delegado o fiscal. El mes pasado el Supremo Tribunal Federal ratificó la idea. Por seis votos  a cinco, determinó que la conducción coercitiva solo cabe cuando el investigado se rehúsa a prestar testimonio.

El país más atrasado en las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht es Venezuela, donde ninguna averiguación fue abierta a pesar de que 32 contratos de obras que estaban designadas a la constructora brasileña se encuentran pendientes de ejecución. La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, viajó a Brasil para obtener información y el Ministerio Público de Venezuela llegó a citar a familiares del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas Haiman el Troudi, que tuvieron 42 millones de dólares congelados en cuentas en Suiza, como implicados en la estructura corrupta. 

Ortega Diaz acusó también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por corrupción y lavado de dinero.

“La poca información que ocasionalmente sale a la luz nos dice que los fiscales encargados de la investigación no hicieron su trabajo”, señala Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. “Si lo hacen es de forma absolutamente secreta, porque nadie sabe nada”.

98 millones de dólares habría desembolsado Odebrecht para el pago de sobornos en Venezuela entre los años 2006 y 2015, según las declaraciones que ofreció Marcelo Odebrecht en la Corte de Nueva York. Sin embargo, Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, opina que la cifra debe ser mayor porque en promedio la empresa destinaba a ese fin 3% del monto de los contratos que obtenía.

Con información de medios del GDA y colaboración de La Prensa de Panamá,Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana.