Los organismos de seguridad y grupos civiles armados realizaron allanamientos ilegales y ataques a viviendas en 11 estados del país, durante los meses de protesta contra el gobierno, desde abril hasta julio de este año. El registro corresponde a la investigación realizada por Amnistía Internacional, según la cual los hechos ocurrieron en Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Caracas, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa y Zulia.
“La documentación de los allanamientos y ataques ilegales está relacionada con altos índices de impunidad, y una serie de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y la negación de la crisis de Venezuela por parte de las autoridades y, sobre todo, del presidente Nicolás Maduro. Esto lleva a no tener respuestas efectivas para la protección de derechos humanos”, indicó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, en una entrevista para El Nacional.
De acuerdo con la ONG, en su informe “Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela”, difundido ayer, hubo una violación múltiple de derechos humanos: el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso y el derecho a la vida privada y familiar, el domicilio y la correspondencia.
Amnistía Internacional recibió denuncias sobre un total de 47 allanamientos perpetrados por policías estadales, militares de la GNB y del Comando Antiextorsión y Secuestro de ese componente castrense, así como la Policía Nacional Bolivariana, el Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La cifra de allanamientos se basa en la experticia de la organización MiCondominio.
La vocera de AI explicó que el nuevo informe se vincula con los realizados en el último año sobre la gravedad de la situación de los derechos humanos en medio de un Estado que no investiga las denuncias.
“Observamos cómo la represión que se vivió en las calles se reportó en los hogares. Documentamos la participación de organismos de seguridad y de grupos civiles armados, conocidos como colectivos, apoyados por las autoridades del Estado. Los allanamientos tuvieron afectación múltiple porque en muchos casos se dieron en edificios de varios apartamentos y de forma inmediata, luego de las protestas para la búsqueda de personas que manifestaron. Se produjeron detenciones arbitrarias y el procesamiento de jóvenes detenidos ante la jurisdicción militar. Incluso se dieron robos en las propiedades, y así quedaron registrados en las cámaras de un edificio en San Antonio de los Altos en el estado Miranda. Todos hechos ilegales ocurrieron en medio de una conflictividad social, que por ahora está en tensa calma y una grave situación de los derechos humanos en Venezuela”, expresó Guevara-Rosas.
Intimidación. En el informe de la ONG se señala que en Venezuela ningún lugar “está a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad, ni siquiera el propio hogar”. Guevara-Rosas afirmó que el gobierno descubrió y puso en práctica un nuevo mecanismo para reprimir a la disidencia y de infundir miedo a toda la población.
La directora de Amnistía Internacional indicó que en el país hay vulneración de derechos sociales, políticos y económicos. Puntualizó que el objetivo del informe es llamar la atención de las autoridades.
Amnistía Internacional denunció que el 29 de julio fueron lanzadas 21 bombas de gas lacrimógeno, disparadas contra un edificio de Montalbán.
Guevara-Rosas refirió que para investigar sobre los allanamientos ilegales, el personal técnico de AI entrevistó a un grupo de víctimas de los allanamientos en Caracas y en los estados Miranda, Carabobo y Lara.
“Personas afectadas relataron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí. Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas”, se señaló en el informe.
La cifra
6 organismos de seguridad han sido vinculados con los ataques y allanamientos ilegales a hogares venezolanos: las policías estadales, el Comando Antiextorsión y Secuestro; la GNB; la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar
Investigación imparcial
Amnistía Internacional exhortó al gobierno a cesar la política del uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos.
En su informe sobre los allanamientos durante las protestas, la ONG pidió que sean investigadas las violaciones a los derechos humanos en el país.
Llama al Ejecutivo a ofrecer las garantías necesarias “para que las investigaciones sean imparciales y no supongan un riesgo para las víctimas que busquen justicia y reparación integral”. Aboga por el respeto de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la vida privada.
“Es alarmante que en todas las comunidades entrevistadas fue consistente el relato de uso de violencia, como golpes con las armas o patadas a las personas que estaban siendo arrestadas”, subrayó la organización.
También exhortó a la liberación de los ciudadanos víctimas de detenciones arbitrarias por disentir del gobierno. Amnistía considera urgente se decline la competencia de los tribunales militares en estos casos. La ONG recordó que durante las manifestaciones contra Maduro se registraron 120 personas muertas y hubo casi 2.000 heridas, así como más 5.000 detenidas.