Exigen garantía de tratamiento a preso político con metástasis

Cándida Colmenares exigió al gobierno de Nicolás Maduro y a las instituciones del Estado una medida humanitaria para su esposo, el general de división Oswaldo Hernández, quien luego de un año padeciendo de anomalías en la boca, fue diagnosticado con cáncer en estado de metástasis.

Responsabilizó a las autoridades encargadas de los procesados militares por lo que pueda ocurrir con la vida de su esposo, que fue detenido y acusado por instigación a la rebelión hace tres años.

El ex viceministro de Educación Superior para la Defensa padeció en abril del 2016 de un absceso en la boca que surgió de un dolor de muelas no atendido a tiempo. Cuatro meses después una comisión del hospital militar de San Cristóbal lo atendió en la cárcel. En noviembre del año pasado lo refirieron de urgencia al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo para practicarle exámenes de descartes, pero no fue trasladado.

El 19 de abril de este año el Tribunal Supremo de Justicia aprobó el traslado, que se realizó hace unas semanas cuando la enfermedad avanzó a estado de metástasis. La diligencia se efectuó porque Hernández sufría fiebre, inflamación en los ganglios y fuertes dolores en el rostro.

El oficial, de 52 años de edad, fue detenido el 24 de marzo de 2014 y condenado en 2015 por el Consejo de Guerra Accidental de Caracas a siete años de cárcel por el delito de instigación a la rebelión. Desde entonces estuvo recluido en la cárcel de Santa Ana, en el Táchira.

“Como consecuencia de la espera de 11 meses para que lo trasladaran, fue diagnosticado de carcinoma metastásico”, manifestó Colmenares. Informó que su esposo recibe hoy la primera dosis de tratamiento (radioterapia y quimioterapia) en el hospital militar de Caracas, donde solo le garantizaron la mitad de los medicamentos.

 “Exijo a las autoridades, que dejaron que la enfermedad llegara a este punto, que por lo menos se responsabilicen y le garanticen el tratamiento completo”, agregó.

Colmenares también pidió respeto a la salud y a la vida de su esposo, que requiere de un examen especial para determinar la ubicación del tumor.

Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal, capítulo Táchira, destacó que el Estado volvió a fallar al no garantizar el derecho a la salud del general y otorgarle medida humanitaria, como tramitaba la defensa.