Tarek William Saab, fiscal designado por la fraudulenta asamblea nacional constituyente (ANC), presentó este lunes la solicitud de enjuiciamiento en contra el diputado Freddy Guevara.

Durante la sesión de la ANC, Saab aseguró que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional se le acusa de instigación pública continuada debido a los llamados a manifestar de forma pacífica, que iniciaron el pasado mes de abril.

«Nadie puede decir que estos llamados eran por acciones pacíficas(…) policías y Guardias Nacionales eran tiroteados, apedreados, apuñalados por estos llamados», aseguró el ilegítimo fiscal. 

A su juicio, el diputado debería ser acusado de asociación para delinquir. Saab indicó que existen denuncias que supuestamente vinculan a Guevara con »uso y abuso de menores de edad» durante las manifestaciones que iniciaron el pasado mes de abril. 

El pasado 3 de noviembre, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la fraudulenta asamblea nacional constituyente allanar la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento y coordinador nacional encargado del partido Voluntad Popular. Además, de tener prohibición de salida del país. 

Guevara solicitó protección en la embajada de Chile ante amenazas del gobierno. La medida fue aceptada por ese país. 

El gobierno chileno informó que el vicepresidente del parlamento se encuentra refugiado desde este sábado en la residencia del embajador chileno en Venezuela, luego de recibir amenazas que podrían afectar su integridad. 

La comunidad internacional rechazó la decisión del TSJ y condenó la medida en contra de Guevara. 

El gobierno de España calificó el hecho como «un nuevo atentado contra la democracia venezolana y contra su Asamblea Nacional» y reiteró que el Parlamento venezolano es el único poder legislativo legítimo. 

El denominado Grupo de Lima, conformado por 12 países americanos, también calificó la decisión del TSJ como un   «atentado contra el Estado de Derecho y la división de poderes en Venezuela e impide el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional legítimamente constituida a través del voto popular». 


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