El anuncio del presidente Nicolás Maduro de abrir el Consulado de Miami, cerrado desde 2012, y de extender hasta el 25 de febrero las jornadas de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral en el exterior, no garantizan la participación de toda la diáspora venezolana en las elecciones presidenciales, lo que busca es la legitimidad y el reconocimiento de la comunidad internacional, afirmaron analistas.

Aníbal Sánchez, técnico electoral, y Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, coincidieron en que lo señalado por Maduro es una estrategia del gobierno para tratar de convencer a la comunidad internacional de que en Venezuela hay una democracia, para revertir las sanciones y el desconocimiento de la ONU, la Unión Europea y el Grupo de Lima a las elecciones presidenciales.

Aseguraron que la extensión del lapso para que los venezolanos que viven fuera del país hagan los trámites y la reapertura del consulado no significa que estén mejorando las garantías o que Maduro haya cedido en las exigencias que permitan recuperar la confianza de los votantes.

“Lo que Maduro dijo el miércoles es un maquillaje muy burdo de las condiciones electorales reales. Es una milésima de los derechos que deben ser restituidos. Eso no cambia prácticamente en nada la situación de condiciones electorales tan desfavorables que existen en el proceso. No tienen un impacto apreciable importante”, señaló Seijas.

Los expertos indicaron que para que la elección cumpla con condiciones justas y de confiabilidad deben considerarse las exigencias que llevó la oposición a las negociaciones en República Dominicana, entre ellas, un Consejo Nacional Electoral equilibrado, observación internacional, derecho de votar para los venezolanos que estén en el exterior, ampliar las jornadas de registro y actualización del RE, retiro de los puntos rojos de los centros de votación, reversión de inhabilitaciones políticas y reglas equitativas para la propaganda.

“El plazo que se ha puesto para la elección impide que estas garantías puedan ser cumplidas, debe ser entre cinco y seis meses antes”, afirmó Seijas.

Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, dijo que con la orden de Maduro, el CNE volvió a demostrar la falta de autonomía de los poderes públicos. “El Poder Electoral no actuó como un poder autónomo, sino subordinado al presidente y eso contraviene lo que dice la Constitución”.

Limitaciones

Lander recordó que desde 2014 los consulados han solicitado requisitos no establecidos en las leyes electorales –visa y pasaporte vigente, carta de residencia, partida de nacimiento original, entre otros–, lo que ha privado de hacer el trámite a los más de 2 millones de ciudadanos que han emigrado en los últimos 10 años.

En 2009 el gobierno reformó, a través de la Asamblea Nacional cuando estuvo bajo su control,  la Ley de Procesos Electorales, con lo que se restringe aún más el derecho al voto de los venezolanos que residen fuera. Según el artículo 124, “solo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela.”

Previo a la modificación de la LOPE, el único requisito para votar en el exterior era la cédula de identidad, independientemente del estatus migratorio. 

Seijas indicó que la mayoría de los que se encuentran  en el extranjero están en situación migratoria irregular, por lo cual no tienen esos requisitos que los limita de hacer el cambio de residencia para votar. “Son venezolanos que han debido salir del país huyendo de esto y no se les debería negar el derecho de votar”, expresó.

“Nos sorprende que Maduro abra el consulado, no lo hace para beneficiar a los venezolanos en Miami, donde hay mayor cantidad de venezolanos, sino para beneficiarse del proceso electoral, que ha sido rechazado por la comunidad internacional y como es una situación adversa, por eso lo abre”, aseveró José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.

Añadió que desde la organización no estimularán la inscripción de nuevos votantes. “No avalamos las elecciones presidenciales al considerar que no cumplen con los estándares democráticos”, agregó.

El dato 

Solo 12 organizaciones políticas podrán postular candidatos en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, informó Tania D’Amelio, rectora del CNE. Indicó que los comicios contarán con la observación de instituciones electorales de otros países. Los partidos de la oposición legalizados son Acción Democrática, Copei, MAS, Nuvipa, Independientes por el Progreso y Unidad Política Popular.


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