De 379 presos políticos, 14 requieren ser trasladados a un centro asistencial debido a su delicado estado de salud, porque las condiciones de los centros penitenciarios donde se encuentran recluidos no son óptimas, no reciben la atención adecuada y no son trasladados a tiempo, denuncia la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
La ONG indicó en su informe Persecución política en Venezuela que aún se encuentra detenido un adolescente por motivos políticos. El menor de edad está recluido con presos comunes en la misma celda. “Sin tomar en cuenta que por ser menores de edad e inocentes deben ser liberados o trasladados a recintos penitenciarios de menores”, señaló.
El documento asegura que en las cárceles hay 17 mujeres que fueron privadas de libertad, también por motivos políticos, y que en su mayoría están recluidas con presos comunes.
Dice el informe que se ha incrementado la cantidad de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han sido imputados por delitos políticos como traición a la patria. En lo que va de año se han efectuado más de 80 detenciones de militares que “muestran un abierto rechazo al gobierno”.
Agrega que de acuerdo con el recuento general de los encarcelados se encontraron alrededor de 34 casos que tienen retardo procesal, con más de 2 años privados preventivamente de libertad que han superado el tiempo razonable de detención; 2 de ellos poseen boletas de excarcelación y apenas 62 cuentan con la medida de arresto domiciliario.
“La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia maneja casos de presos políticos que cuentan con boleta de excarcelación, de los cuales aún se encuentran en cárceles venezolanas en vista de que los servicios de seguridad del Estado no cumplen con la orden de los tribunales”, denuncia.
La ONG registra una cifra de 154 personas privadas de libertad en jurisdicción militar, a las que les violan el derecho de ser juzgadas por el juez natural. Advierte que de más de 400 detenciones en todo el ámbito nacional han ocurrido solo 191 liberaciones, de las cuales 92 fueron realizadas en junio de 2018 por lo que se mantiene el número de 379 presos políticos que han sido detenidos injustamente.
La cifra de presos políticos se divide en 183 civiles, 146 funcionarios militares, 14 oficiales policiales, 11 detenidos con cargos políticos y 10 estudiantes, según el informe de la ONG.
“La libertad de los presos políticos es el primer paso para un camino de reconciliación y entendimiento entre todos los venezolanos”, expresó la Coalición.
LasCifras
17 mujeres que fueron privadas de libertad, también por motivos políticos, en su mayoría están recluidas con presos comunes. Un menor de edad se encuentra detenido y está recluido en la misma celda con presidiarios comunes; 146 militares están detenidos y fueron imputados por delitos como traición a la patria; 2 presos políticos poseen boletas de excarcelación y 62 cuentan con la medida de arresto domiciliario
Designan otra juez para el caso de Requesens
Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, informó que Carol Bealexis Padilla, jueza a cargo del Tribunal Especial 1° de Primera Instancia en Funciones de Control y responsable de la imputación del diputado Juan Requesens por el atentado al presidente Nicolás Maduro, no se encuentra en los tribunales.
“Si está fuera del país, lo desconozco, pero si la juez no regresara o no se sumara otra vez al proceso, es un mensaje bien claro de que estamos en presencia de un expediente fabricado. Un expediente que, por lo que está pasando, es un expediente oculto y que se están fabricando pruebas en contra del diputado y esa juez no querría involucrarse en ese hecho”, expresó García.
Explicó que el caso fue designado a una juez con competencia en delitos vinculados al terrorismo y que aún desconoce su identidad. “El nombre de la juez no importa, lo que importa es el proceso. Los jueces, como los fiscales, son únicos e indivisibles; es el Poder Judicial. Ahora estamos en una justicia alternativa, porque esta no es la justicia que hemos aprendido en la Escuela de Derecho; esta no es la justicia que aparece en los códigos, no es la que aparece en la Constitución. Es lo que yo llamo una justicia alternativa revolucionaria”, señaló el abogado.