Investigadores señalan que el crecimiento de la preponderancia de lo militar sobre lo civil responde a la necesidad de supervivencia del “chavismo sin Chávez”, pero también a un proyecto político y económico que intenta consolidar una élite que pueda no solo gerenciar el Estado sino también lograr el control social de la población
El aumento de la influencia castrense sobre los más importantes sectores de la vida nacional puede considerarse como un nuevo tipo de régimen militar, según el punto de vista de la investigadora Francine Jácome, que forma parte del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos. En un análisis reciente, publicado por la Universidad del Rosario, de Bogotá, recuerda que la presencia de militares activos y retirados en el poder ocurre como consecuencia del “chavismo sin Chávez”: el gobierno de Nicolás Maduro, más débil e inmerso en una grave crisis social, política y económica, se vería obligado a un “aumento de su dependencia del sector castrense para garantizar la gobernabilidad”.
Para Jácome, si bien Chávez propuso un gobierno basado en una relación cívico-militar, “esta siempre estaba supeditada a su liderazgo personalista, pero con Maduro es muy distinto porque no tiene ese carisma”. Con ella coincide José Alberto Olivar, investigador de la Universidad Simón Bolívar, para quien, en estricto sentido, quienes se constituyeron en herederos y verdaderos sucesores del ejercicio del poder carismático representado por Chávez fueron los integrantes del Alto Mando Militar. “Visto que Maduro no posee las cualidades de arrastre para incitar la emocionalidad que está en la base de apoyo político del chavismo tuvo que apoyarse en el poder militar y para ello comenzar a entregarles importantes cuotas de poder”.
Las funciones que ha otorgado el actual mandatario al sector castrense los han convertido en un nuevo sector empresarial, “como en Cuba y en menor medida Ecuador”, añade Jácome. Este nuevo rumbo incrementa las preocupaciones acerca de lo que denomina una “creciente desprofesionalización y corrupción”, alimentadas por hechos como la aprobación de nuevas normas que aumentan la opacidad en su ejercicio, entre ellas la decisión de enero de 2017 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que impide a la Contraloría General de la República ejercer control externo sobre los entes descentralizados que dependen del Ministerio de la Defensa.
Olivar ve el actual avance del control militar como una continuidad de lo que ha sido la historia venezolana. “El protagonismo castrense tuvo un hiato desde 1959 hasta el último gobierno de Rafael Caldera”. Sin embargo, dentro de los cuarteles permanecía la ambición de tomar el poder político, y esa intención se expresó en los intentos de golpes de Estado de 1992. “A fines de siglo logran concretar sus aspiraciones usando los mecanismos democráticos”.
Ve en los sucesos de 2002 y en el referéndum de 2004 el inicio de una nueva fase en la que se afianza el denominado nuevo pensamiento militar bolivariano, que incluye la fundación de la Universidad Militar Bolivariana, “con la función de adoctrinar y convertir a los militares en militantes de un proyecto político con dogma, compromiso, y seguir apegados a esas ideas”.
Para comprender lo que ocurre en el caso venezolano, el grupo de investigación de la USB ha decidido recurrir a una categoría que se acuñó en la primera mitad del siglo XX: el Estado cuartel o el Estado guarnición, creada por Harold D. Lasswell. Se trata del sistema de gobierno “donde los integrantes del sector militar se erigen en élite dominante de la sociedad, dados el poder político y el poder económico adquiridos, razón por la cual pasan a controlar de manera directa o indirecta todo el andamiaje institucional del Estado; y donde la cosmovisión castrense expresada en la dicotomía bando aliado versus bando enemigo se constituye en preponderante instrumental válido para dirimir los conflictos sociales y los conflictos por el acceso a las estructuras gubernamentales”, señala el investigador Luis Alberto Buttó en la revista Mundo Nuevo de la USB.
“Un denominador común que tiene esa definición con el caso venezolano, es que ya no solo se trata de asumir la gerencia del Estado, sino de militarizar a toda la sociedad y eso pasa no solo por el control del poder político sino también de los resortes fundamentales de la estructura económica del país”, acota Olivar. “A partir del dominio de esos dos elementos que le dan forma a la sociedad, deriva el control social de la población”.