La impunidad ha prevalecido en las agresiones contra periodistas

La directora del Instituto Prensa y Sociedad, Marianela Balbi, al referirse a las agresiones contra los periodistas recuerda que no ha habido avances judiciales que se traduzcan en garantías para el ejercicio de la labor informativa. “Al contrario, ha prevalecido la impunidad”, comenta.

Entre los episodios registrados este año, menciona como caso representativo el ataque que sufrió la reportera Elyangélica González el 31 de marzo, cuando cubría una protesta estudiantil cerca del Tribunal Supremo de Justicia e intentaba protegerse de la violencia de simpatizantes del gobierno. La periodista fue atacada por 10 funcionarios militares, 4 mujeres y 6 hombres, que la despojaron de sus teléfonos y la arrastraron por el piso.

Otro hecho irregular que se registró durante el año fueron los robos a quienes hacían labores periodísticas, la mayoría durante las protestas que ocurrieron entre abril y julio. Los señalados por estos hechos fueron funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, principalmente la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. En la mayoría de las ocasiones, los comunicadores, reporteros gráficos, camarógrafos y conductores estaban identificados como trabajadores de la prensa de forma visible. La ONG Espacio Público asegura que acompañó en 19 oportunidades a los afectados a realizar las denuncias ante el Ministerio Público, pero nunca recibieron respuesta.

El recuento de las restricciones a la libertad de expresión en 2017 realizado por la ONG recuerda también que durante el año se registraron detenciones a trabajadores de la prensa por lapsos que comprendieron desde minutos hasta varias horas. “Durante estos períodos eran sometidos a insultos y amenazas por ejercer su labor periodística, así como a la confiscación de materiales”.

Entre los casos que menciona, figura la detención del periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estuvo privado de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde desde el 7 de julio hasta el 24 de agosto. También el de Santiago Guevara, profesor de la Universidad de Carabobo, quien fue imputado por el Ministerio Público por el delito de traición a la patria, luego de ser juzgado en tribunales militares en Caracas, a raíz de la publicación de una serie de artículos de opinión sobre la crisis económica.

Destacan dos casos de infociudadanos, personas que informan a través de redes sociales, que fueron detenidos por difundir informaciones críticas contra el gobierno. Uno de los casos fue el de Rita Morales, detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el 8 de junio, por haber fotografiado al hijo de Nicolás Maduro en una fiesta en la ciudad de Maracaibo.

El otro caso es el de Dan Zambrano, usuario de Twitter detenido sin orden judicial a finales de abril, que estuvo recluido durante 50 días en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, “tras publicar y retuitear mensajes críticos, en respuesta al familiar de un alto funcionario”.