El acuerdo de condiciones para las megaelecciones del 20 de mayo, firmado por Jorge Rodríguez, jefe de campaña del presidente Nicolás Maduro, y los partidos Avanzada Progresista, el MAS y una fracción de Copei, que apoyan a Henri Falcón, no supera las condiciones de los comicios parlamentarios de 2015.
Expertos explican porqué: las elecciones de este año fueron convocadas con premura y sin respetar los lapsos que garantizan un proceso confiable y con resultados transparentes.
El técnico electoral Félix Arroyo recordó que cuando el Consejo Nacional Electoral convocó las parlamentarias lo hizo con seis meses de anticipación, lapso suficiente para realizar las auditorías en el tiempo que estipula la ley. Sin embargo, este año llamó a presidenciales anticipadas y a consejos legislativos, y a concejos municipales, cuyos períodos se encuentran vencidos, para organizarlas en menos de 90 días.
“Todavía no hay cronograma y quedan 75 días. El gobierno y el candidato Henri Falcón pactaron unas condiciones que no superan las parlamentarias, pero tampoco garantizan una elección normal, dentro de los estándares democráticos”, aseveró.
El director del Observatorio Electoral Venezolano, Ignacio Ávalos, cuestionó que los partidos que postularon candidatos, en conjunto con el CNE, acordaron establecer el cronograma con lapsos prudenciales porque en menos de 3 meses es difícil organizar una elección de más de 2.500 cargos y cumplir con las auditorías. Solo para la impugnación del registro se requieren 15 días, de acuerdo con la ley.
Destacó que el documento que se firmó sigue colocando en ventaja al candidato oficial y demostrando que los resultados no serán confiables porque quienes aspiran a los cargos no cuentan con las mismas condiciones de participación ni con un árbitro neutral. En consecuencia, no se cumple con la equidad, transparencia ni imparcialidad, establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
De los 11 puntos del acuerdo, 5 están indicados en la normativa. En el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en la Lopre es de obligatorio cumplimiento la observación y acompañamiento internacional, el acceso a los medios públicos y privados, respetarse el perímetro de seguridad de 200 metros en cada centro, evitar transmisiones conjuntas de radio y televisión durante el tiempo de campaña y realizar oportuno sorteo de los miembros de mesa.
“Simplemente están jugando porque esas supuestas condiciones están establecidas en la ley y es deber del CNE cumplirlas”, dijo Arroyo.
Según el acuerdo de condiciones para las elecciones, que fueron cambiadas del 22 de abril al 20 de mayo, el gobierno debe evitar las transmisiones conjuntas de radio y televisión durante la campaña electoral y el uso de fondos públicos. Sin embargo, Maduro –aprovechando que aún el CNE no ha reprogramado el cronograma– incumplió el acuerdo y la normativa para promover el domingo su plan de gobierno.
Otro de los puntos se refiere a la constitución de una comisión que esté integrada por un representante de cada partido que participe en la elección. Los expertos recordaron que este paso se cumplió en 2015 cuando la tarjeta de la MUD estaba habilitada, así como la de Voluntad Popular y Primero Justicia.
“Cómo van a ser mejores condiciones si solo están tres partidos que compiten con Maduro, pero que no forman parte de la alianza opositora. No representan a la mayoría y el gobierno no permite la representación de todas las fuerzas políticas, es decir, viola los derechos políticos”, agregó.
El OEV advirtió que el CNE continúa omitiendo la observación nacional, que también está señalada en el artículo 471 del Reglamento General, y que estuvo activa durante las parlamentarias.
76% estaría decidido a votar
Un informe de Datincorp sobre la cohesión social y política de Venezuela señala que de existir cambios en las reglas electorales, 76% de los ciudadanos estaría decidido a votar y si las elecciones fuesen el próximo domingo, 42% tendría como única opción votar por un candidato de la oposición. El presidente Nicolás Maduro obtendría 27% de los votos.
De las 1.199 entrevistas, 791 quieren un cambio de gobierno lo más pronto posible y 323 consideran darle otra oportunidad al mandatario. 743 personas prefieren una salida basada en la negociación, en la que ambas partes resulten victoriosas. Solo 28% es partidario de una intervención extranjera, intervención militar venezolana o rebelión civil.
Datincorp también consultó sobre los ciudadanos que han emigrado. 45% lo hizo por situación económica y 25% por percibir que no habrá un cambio en el país, según el estudio.