El cerco se cierra sobre la libre expresión

La salida del aire de 8 canales de televisión y de 49 emisoras de radio, así como la paralización de la circulación de al menos 17 periódicos a los que se les impidió el acceso al papel para imprimir, figuran en la lista de los hechos que hicieron de este el peor año para el ejercicio del periodismo en el país

El año 2017 cierra con un récord nada auspicioso: los expertos coinciden en que se trata del peor año para la libertad de expresión que ha tenido Venezuela, pues durante los últimos meses se han acumulado más violaciones contra ese derecho que en el pasado.

Un informe de la ONG Espacio Público da cuenta de estos episodios: entre enero y septiembre de este año hubo 634 casos en los que se vulneró el ejercicio de la libre expresión, que se tradujeron en 887 violaciones a ese derecho. “Esto representa un aumento de 259% respecto al mismo período del año 2016”, indica el documento.

Lo sucedido en este lapso supera por un amplio margen el número de episodios de este tipo que se registraron en 2014, cuando hubo un total de 350 hechos que afectaron actividades informativas o periodísticas.

A una conclusión similar llegó el Instituto Prensa y Sociedad, que registró, entre enero y noviembre, al menos 471 casos de violaciones al ejercicio de la libertad de expresión e información. “Este número supone un registro sin precedentes a lo largo de los últimos 15 años, pues representa un aumento de 42% en comparación con el año 2016, cuando documentamos 331 incidentes”, señala la directora de la ONG, Marianela Balbi.

Espacio Público clasifica las distintas formas de atropellar el derecho a la libre expresión en violencia física, institucional y discursiva. La primera incluye las detenciones arbitrarias, actuaciones para impedir coberturas periodísticas o para desalojar de sitios públicos o privados a periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos (personas que hacen labores informativas no profesionales), así como el robo de equipos, destrucción de material y ataques contra las sedes de medios de comunicación. Este tipo de situaciones sumaron 488 violaciones a la libertad de expresión, por lo que se convirtió en la modalidad más frecuente de coacción contra este derecho.

Cobertura peligrosa. En los registros de Ipys, la mayor cantidad de casos de vulneración del derecho ocurrió durante los meses de protestas ciudadana contra las decisiones gubernamentales: 7 de cada 10 se registraron entre abril y julio. La responsabilidad recae, en mayor medida, en los cuerpos represivos, apunta. “Al menos 68% de los 471 de los ataques contra la libertad de expresión fueron cometidos por funcionarios o por instancias estatales, quienes han desconocido los compromisos internacionales que ha asumido Venezuela frente a Naciones Unidas y frente a las insistentes recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

También hay que sumar las actuaciones de civiles armados, apunta el informe de Espacio Público, grupos que han atacado a los periodistas o ciudadanos que registran hechos noticiosos especialmente en el centro de Caracas, “donde el oficialismo condiciona el ejercicio de la protesta a un permiso con lo que prohíbe la entrada de sectores opositores bajo argumentos de discriminación política”. El informe asienta un total de79 arremetidas protagonizadas por estas personas.

De los llamados de alerta que recibieron en Ipys, 157 correspondieron a agresiones físicas contra periodistas durante eventos en la calle y 139 tuvieron que ver con la negativa de funcionarios del gobierno de permitir a los periodistas cubrir asuntos públicos.

El informe de Espacio Público enumera también lesiones físicas, forcejeos e impacto por objetos contundentes entre los ataques de los que fueron objeto los reporteros. “En al menos 30 oportunidades, trabajadores de la prensa resultaron lesionados por impacto directo de bomba lacrimógena a pocos metros de distancia durante la cobertura de protestas”.

Añaden que la prensa extranjera también sufrió las consecuencias de la represión, pues un total de 14 corresponsales fueron expulsados del país, se les impidió la entrada o fueron detenidos por varias horas y en ocasiones incomunicados para ser interrogados por los servicios de inteligencia. Aunque el gobierno alegó que no estaban acreditados por el Ministerio de Información y Comunicación, en repetidas oportunidades los periodistas sostuvieron que habían iniciado la solicitud sin recibir respuestas. “En otros casos se exige una visa para periodistas, figura que no existe en la legislación venezolana”.

Censura y cierre. Este año, indica el informe de Espacio Público, continuó la práctica del gobierno de imponer la censura y el cierre de medios a través de restricciones “indirectas” que son ejecutadas por distintos entes estatales. Como resultado, apunta, “en 2017 han salido del aire ocho canales de televisión y 49 emisoras de radio, y 17 medios impresos han dejado de circular por falta de papel prensa, tres de ellos indefinidamente”. Ipys señala que el espectro radioeléctrico “se encuentra en una situación de inseguridad jurídica, pues a las emisoras y los canales de TV se les niega la renovación de la concesión, aun cuando cumplen con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones”.

El discurso de Nicolás Maduro ha jugado un papel decisivo en este escenario de persecuciones contra el disentimiento. “Tenemos, en el caso del presidente, un aumento de declaraciones en contra de los medios que a su vez ha tenido un impacto en que se tomen medidas judiciales contra ellos o en la censura”, puntualiza Carlos Correa, director de Espacio Público. Este hostigamiento se hizo patente, ejemplifica el informe, con las amenazas de abrir investigaciones que el presidente profirió contra Televen, Venevisión y el Diario 2001.

El documento hace énfasis en las actuaciones de Conatel que han conducido al cierre de emisoras radiales, especialmente en las regiones, donde han salido del aire un total de 44. Recuerda que en mayo el entonces director general de Conatel, Andrés Eloy Méndez, adujo que emisoras sin autorización legal eran responsables de instigar “a la guerra y al odio” y que operaban sin autorización legal, por lo que el ente comenzó operativos para revisar la documentación de las radios.

“Esta práctica intimidatoria concluye, en algunos casos, con advertencias a las emisoras y tiempos de espera de hasta 15 días para regularizar los permisos; pero en la mayoría de los casos registrados Conatel apaga los trasmisores”. Una vez que se decide el cierre también se confiscan los equipos y se asigna la frecuencia a otros.

Un caso que ilustra estas irregularidades es el de la emisora 92.9 FM. “Los directivos iniciaron el trámite de renovación de concesión ante Conatel hace 10 años, pero no recibían respuesta del ente. El 25 de agosto funcionarios visitaron las instalaciones de la radio y tras revisar el papeleo ordenaron cesar las transmisiones; de inmediato, empezó a utilizar esa frecuencia modulada Corazón Llanero FM, emisora que forma parte de la fundación gubernamental dirigida por el teniente Juan Escalona, ex edecán del fallecido Chávez y de Nicolás Maduro, y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente”.

El balance sobre libertad de expresión en 2017 publicado en la web de Ipys señala que, entre otras irregularidades, “no ha habido providencias que notifiquen la decisión de Conatel en estos procesos y no han respetado el principio de transparencia, por lo cual se viola el debido proceso y se incumple con los mecanismos establecidos en la legislación nacional para las diligencias de la administración pública”. Una revisión de lo que ha ocurrido entre 2013 y 2017, muestra que el gobierno de Maduro ha sacado del aire a 57 medios radioeléctricos y desde 2005, luego de aprobada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, han censurado 99 medios nacionales de radio y televisión, agrega el texto.

Este año también ocurrieron ataques y bloqueos contra doce portales informativos de línea editorial independiente, así como la salida del aire de canales que realizaban la cobertura de las protestas, entre ellos Todo Noticias de Argentina y El Tiempo de Colombia, que fueron objeto de esta medida luego de las manifestaciones del 19 de abril. En total, cinco canales internacionales salieron de las pantallas locales por transmitir información sobre la crisis, recuerda el informe de Espacio Público. CNN en español, que salió abruptamente de las señales de cable, estuvo entre los casos más sonados, pero la misma suerte corrieron Caracol TV y RCN TV. Asimismo, tres televisoras locales de Mérida también fueron cerradas.

En el caso de los medios impresos, la principal amenaza sigue siendo la falta de papel, un insumo básico que es importado en exclusiva por la empresa estatal Complejo Editorial Alfredo Maneiro. Este año, al menos 17 periódicos de circulación nacional y regional han salido temporalmente de circulación por falta de bobinas de papel para imprimir; dos han tenido que reducir su tiraje y paginación para poder seguir circulando, y tres periódicos han dejado de circular indefinidamente en los estados Falcón, Portuguesa y Mérida, señala Espacio Público.

Enemigos públicos. Un total de 145 episodios de las violaciones a la libertad de expresión contabilizadas por la ONG, tuvieron que ver con los insultos, las descalificaciones contra la prensa para señalarla como adversario político y las amenazas a la integridad de periodistas y ciudadanos que ejercen labores informativas no profesionales, así como a sus familiares y a sus propiedades.

En el balance realizado por Ipys, un punto aparte merece la aprobación, por parte de la asamblea nacional constituyente, de la Ley contra el odio, un instrumento que, señalan, se coloca al margen de los principios constitucionales, pues significa retrocesos en materia de las normas que rigen a los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. “Estipula restricciones en materia de acceso, pluralidad y diversidad y establece sanciones contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y prestadores de servicio”, advierten. Entre las penas previstas, está la cárcel por un período que puede ir entre 10 a 20 años.

Mercedes de Freitas, de la ONG Transparencia Venezuela, también coincide con adjudicarle a 2017 el título del año con más ataques a la libertad de expresión. “Es el de más violencia contra la crítica e hipersensibilidad del gobierno a cualquier observación. Todo es parte de la opacidad con la que se intenta tapar la corrupción e impunidad”.


Entre el Internet más lento y la coacción en las redes

La mala calidad de las conexiones es otro de los factores que conspira contra la libertad de expresión en el país, que también se ve afectada por la persecución por informar y opinar en el mundo digital

Los informes sobre la situación de la libertad de expresión en 2017 de las ONG Espacio Público e Instituto Prensa y Sociedad coinciden en señalar las deficiencias en las telecomunicaciones como uno de los factores que conspira contra el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.

Para Ipys, un punto de quiebre fue la elección de gobernadores, que se realizó el 15 de octubre. Ese día el promedio de navegación fue de 1,38 Mbps (megabits por segundo) y menos de 4% de las conexiones se situaron por encima de los 4 Mbps. Como parámetro de comparación, hay que recordar que la Comisión Económica para América Latina señala que el promedio para la región es de 4,7 Mbps. También la Cepal ha señalado a Venezuela como el país con el servicio de Internet más lento del continente, recuerda el informe de Espacio Público.

En materia de libertad de expresión en ámbitos digitales, una de las irregularidades ocurridas este año fue el bloqueo, durante una hora aproximadamente, de las redes Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Periscope, la noche del 28 de junio. “Esta acción solo pudo responder a la orden de Conatel, pues es el único organismo que habilita el trabajo de los proveedores de Internet. No se tuvo acceso a ninguna de estas redes por computadora, solo a través de la telefonía celular”, recuerda.

También contabiliza un total de 43 situaciones que violentaron el derecho a la libre expresión y que se ejecutaron a través de Internet, entre ellas “ataques informáticos contra cuentas de Twitter de periodistas y políticos, bloqueos de medios digitales, y amenazas por difusión de información”.

Otro hecho que revistió gravedad fue la aprehensión, sin que mediara orden judicial, de al menos cuatro personas por difundir información y opiniones en redes sociales. Uno de los detenidos fue incomunicado y sometido a torturas.

Destaca también la amenaza proferida el 2 de agosto por el presidente Nicolás Maduro contra los opositores que tuitearan contra la asamblea nacional constituyente. “¿Qué hizo la oposición el 30 de julio? En Twitter se volvieron locos, nada más con los tuits que publicaron están para que les metan 30 años de cárcel a toditos ellos”, sentenció.