“Venezuela vive una de las peores crisis de derechos humanos de todo el hemisferio y quizás una de las peores de su propia historia”, aseguró Erika Guevara-Rosas, directora para Las Américas de Amnistía Internacional.
Abogada de profesión y feminista de ideología, tiene tres años y medio en el cargo. La ONG, de la que forma parte, tiene años documentando la situación venezolana: las restricciones a los derechos civiles y políticos, a la libertad de expresión, al derecho a la asociación y a la protesta pacífica. La ONG publicó el informe breve Silencio a la fuerza, sobre las detenciones arbitrarias por motivos políticos y en el pasado reciente declararon como presos de consciencia a Leopoldo López y Rosmit Mantilla.
—¿Qué es lo que más le preocupa de lo que ocurre en el país?
—Lo más dramático es que no vemos una salida, no se ve mejoría. La negación de la existencia de esta crisis humanitaria por parte del presidente Maduro y, por tanto, su negativa a hacer una solicitud genuina de apoyo internacional para que la población pueda acceder a lo más mínimo y básico está generando una situación de indefensión. Nos preocupa la presencia de grupos civiles armados que operan como paramilitares, con conocimiento de las autoridades. Nos preocupa el Plan Zamora que anunció el presidente, que es armar a los civiles
—¿Por qué cree que se ha llegado a estos extremos, si este es un gobierno que se califica de izquierda y de defensor de los desposeídos?
—Amnistía Internacional ha constatado que las violaciones a derechos humanos se dan en distintos grupos políticos. Se ha llegado a esto porque hay una falta de independencia entre los poderes del Estado, el sistema judicial está totalmente coaptado por el Poder Ejecutivo, y hay un Poder Legislativo en poder de la oposición, pero prácticamente anulado. No buscan mecanismos reales para solucionar la crisis, sino que se acude a la retórica. Hay un incremento de la militarización como respuesta del Estado. El uso excesivo de la fuerza está generando terror en las calles, donde salir a manifestar es una sentencia de muerte. Hay miedo, no se confía en la institucionalidad. Hay órganos que deberían ser autónomos, como la Defensoría del Pueblo, que están captados por el Poder Ejecutivo.
—¿Cree usted que la actuación de la OEA pueda lograr alguna salida a esta crisis?
—Es potestad de los Estados iniciar los procedimientos que consideren convenientes. Lo primordial es la vida de la gente y si esto genera que la población pueda acceder a alimentos será bienvenido. En nuestra región no existe un liderazgo genuino. Estamos en un proceso en el que muchos gobiernos violentan los derechos humanos y esa falta de liderazgo trae una consecuencia muy nefasta para Venezuela. Tampoco hemos visto ofrecimientos concretos por parte de los Estados de la región y esto es muy decepcionante
—¿Qué le recomienda Amnistía Internacional al Estado?
—Seguimos apostando a la institucionalidad. Pedimos al Estado que respete la independencia del sistema judicial y que revoque la denuncia que ha hecho ante la Convención Americana para que pueda aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pedimos al Poder Judicial para que investigue las graves violaciones a derechos humanos. Hemos exhortado a la Fiscalía de la República para que tome las medidas para la liberación de quienes han sido detenidos arbitrariamente.
—¿Qué parecer tienen sobre la actuación de la fiscal Luisa Ortega Díaz?
—Le entregamos el informe sobre detenciones arbitrarias y se comprometió a colaborar en la medida de sus capacidades. Vemos con particular atención sus últimas declaraciones. Confiamos en que haga un balance y que pueda ir rectificando y reparando el daño ya hecho, y evitar que la situación siga deteriorándose.