España expulsó al embajador de Venezuela

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El gobierno de España declaró este viernes persona non grata al embajador de Venezuela en Madrid y le pidió abandonar el país en un plazo de 72 horas, en una respuesta proporcional y de reciprocidad a la misma medida adoptada este jueves por el gobierno de Maduro.

La medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy llegó como respuesta a la decisión de Venezuela da dar un plazo de tres días al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, para que abandone ese país después de haber sido declarado persona non grata por lo que consideran injerencias en asuntos internos.

El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, dijo en rueda de prensa que España desea mantener con Venezuela relaciones de respeto, amistad y cooperación, pero que las decisiones adoptadas por Nicolás Maduro, hacen difícil que se verifique ese deseo.

"El gobierno español siempre ha dicho que quería para los venezolanos lo mismo que para los españoles: que pudieran vivir en libertad, democracia y prosperidad, y seguirá trabajando para que así sea", aseguró Méndez de Vigo.

El gobierno de Venezuela dio este jueves oficialmente un plazo de 72 horas al embajador español en Caracas para abandonar el país tras declararlo "persona non grata, en respuesta a las sanciones acordadas por la Unión Europea (UE) contra siete altos funcionarios venezolanos, que Rajoy, calificó de muy merecidas.

Rajoy también consideró sensato y razonable que España lidere la acción política de la Unión Europea ante la situación en Venezuela, porque, dijo,"es su obligación y alguien tiene que ayudar" a los venezolanos ante las brutales decisiones y la forma de entender la democracia del señor Maduro.

La expulsión del diplomático español llega dos días después de que el Ejecutivo venezolano llamara a consultas a su embajador en Madrid, Mario Isea, debido a lo que calificó de agresión injerencista y colonialista del gobierno de España.

Fuentes del Ministerio español de Exteriores precisaron que la declaración de persona non grata conlleva la expulsión del país del diplomático afectado, en este caso los embajadores, pero no implica la ruptura de las relaciones diplomáticas ni el cierre de una embajada.