¿De qué trata el fraude?

Para contestar a esta pregunta hay que ir al núcleo mismo de la cuestión: un organismo electoral que no es ni autónomo ni independiente de la política es, por definición, fraudulento. Que haya un Consejo Nacional Electoral – CNE– donde cuatro de sus cinco rectores responden a los intereses y lineamientos de la dictadura, hace que ese organismo sea, en lo esencial, ilegítimo, engañoso, profundamente falaz. El CNE de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio no es más que un despacho al servicio de la dictadura de Maduro y el PSUV.
Que no es un organismo al servicio de la sociedad venezolana, lo prueban sus conductas a lo largo de los años. No ha habido ni un proceso electoral bajo su conducción que no haya estado precedido de decisiones técnicas y administrativas a favor de los candidatos del gobierno. La lista de irregularidades acumuladas a lo largo de los años, muchas de ellas realizadas con descaro, requeriría de varios volúmenes impresos (es muy probable que ya haya expertos escribiendo el libro del CNE chavista y madurista, que tanta falta hace).
Más importante en esta coyuntura, una vez que decenas y decenas de portales y medios de comunicación han publicado con prolijo detalle cómo se ejecutó el fraude de las elecciones del pasado 15 de octubre, es promover una discusión política y legal, dentro y fuera de Venezuela, sobre la condición ilegal e ilegítima de la actual directiva del Consejo Nacional Electoral.
Hay que recordar que hay rectoras con el período vencido, que fueron legitimadas violando la ley, en una decisión fuera de sus competencias por el Tribunal Supremo de Justicia. En su fondo, y esto es fundamental, la directiva actual del CNE es ilegal, ilegítima y sus decisiones son írritas.
Esa entidad ilegal, ilegítima e írrita, y esto es algo que no debemos olvidar, fue la que impidió a los venezolanos la realización del referéndum en 2016, para evitar lo que todo el país, incluido el gobierno, anticipaba: que la inmensa mayoría del país echaría a Maduro del poder. Insisto: el CNE presidido por Tibisay Lucena impidió a los venezolanos ejercer su más sagrado derecho político, que es el derecho al voto.
Esa entidad ilegal, ilegítima e írrita fue la que, violando todos los procedimientos, violando la Constitución y pisoteando el principio fundamental de la cultura y la tradición democrática –el de “un ciudadano, un voto”– autorizó la creación de un monstruo jurídico, la asamblea nacional constituyente, también ilegal, ilegítima y fraudulenta, que pretende erigirse en la supraentidad rectora de los destinos venezolanos.
Insisto: el Consejo Nacional Electoral ilegal, ilegítimo e írrito es el padre de esa criatura también ilegal, ilegítima y fraudulenta sobre la que pesa el testimonio de su contratista predilecta, la empresa Smartmatic, de haber inventado la existencia de millones de votantes que no existieron el 30 de julio. Por lo tanto, cuando hablamos de fraudulento, ello incluye al CNE y a la ANC por partes iguales.
La directiva actual del CNE tiene el mismo carácter que la asamblea nacional constituyente. Comparten una misma naturaleza. Y así como la comunidad internacional y la inmensa mayoría de las instituciones venezolanas la han desconocido, es imperativo dar comienzo, ahora mismo, a una lucha que conduzca al establecimiento de una nueva directiva del organismo electoral venezolano que, por una parte, se concentre en la labor de facilitar y no obstaculizar el voto, y, por la otra, respete la voluntad expresada por cada votante