La directiva de la Asamblea Nacional ha publicado un comunicado, suscrito por los miembros de su directiva y apoyado por la unanimidad de sus miembros, para rechazar el escándalo que protagoniza la dictadura al convocar elecciones de parlamentarios mientras se vota también para elegir al presidente de la República. Sus razones son contundentes, pero quizá no tanto lo que pueda hacer para evitar el nuevo desmán.
En el terreno de los argumentos estamos ante un planteamiento inobjetable. Se viola el orden constitucional de la manera más descarada, dicen los voceros del Parlamento legítimo. Se le da un puntapié a los lapsos establecidos por la carta magna y por los hábitos de alternabilidad, agregan los líderes de la Asamblea. Ninguna razón honrada y seria permite un trastorno de semejante magnitud, remachan, además de llamar la atención sobre la procedencia ilegítima y espuria de una convocatoria nacida en una institución prostituida que, en primera instancia, atiende una petición caprichosa y absurda del primer vicepresidente del PSUV.
Después de exponer las razones de su alarma, los coordinadores del Parlamento anuncian las acciones que llevarán a cabo de inmediato: plantear su alegato ante la OEA, y profundizar gestiones ante los gobiernos democráticos para alertar sobre los zarpazos que pretende dar el oficialismo dentro de poco con el apoyo del CNE.
Estamos ante medidas comprensibles, frente a acciones razonables que se deben ejecutar sin dilación, pero quizá contemplemos también unos anuncios que pueden permanecer en el terreno de la simple formalidad, unas decisiones que corren el riesgo de no llegar a la meta.
No solo porque se pierdan en el tremedal de las relaciones internacionales, o porque la diplomacia dictatorial pueda enredarlas con el auxilio de las naciones que todavía la apoyan, sino especialmente porque dejan de lado la búsqueda del soporte que más debe importar. Como la Asamblea Nacional controlada por la oposición se debe a la voluntad de los electores, ¿no debe dirigirse a ellos para encontrar la mejor compañía, la más cálida y efectiva solidaridad?
Si los diputados contra los cuales se cierne la amenaza de una expulsión grosera e ilegal son los representantes del pueblo, ¿no deben acudir al fundamento de su origen y a la base de una continuidad arrinconada?
La Asamblea Nacional no puede permitirse el lujo de ver cómo el pueblo contempla su desaparición sin hacer nada o murmurando en los corrillos. Ciertamente los ánimos de la sociedad han estado apagados en lo que va de año, seguramente debido al escarmiento de derrotas recientes que se han producido por el ventajismo de la dictadura, por el manejo impune de los recursos públicos contra la soberanía popular, pero la inminencia de un asalto de proporciones colosales contra los diputados nacidos de ella obliga a un retorno hacia la fuente de la cual mana la legalidad amenazada.
Está bien que desde el Parlamento se anuncien medidas para la protección de su permanencia y para la salvaguarda de su inmunidad, están bien los trabajos que se realicen en el escenario internacional, pero sin el apoyo del soberano el camino puede ser infructuoso.