La protesta sociolaboral de 2018 origina todos los descalificativos posibles a la peor gestión presidencial de toda nuestra historia republicana, a la que agregaría la fase colonial, pues al menos esta procreó la simiente de nuestra independencia nacional, entre tanto la presente nos lleva a un holocausto manifestado en todos los órdenes de la vida nacional.
Este calvario que vive la población pretende ser maquillado por la tiranía, con magnicidios, invasiones de países vecinos, guerra asimétrica programada desde el Pentágono; incluso, han llegado a la grotesca versión de justificar el accidente ocurrido en el puente sobre el lago el pasado viernes 10 de agosto como parte de un plan para aislar Maracaibo y facilitar una operación bélica. Evento que ha demostrado la absoluta inoperancia profesional y la ruina de Corpoelec, que ha dejado sin electricidad durante varios días al estado Zulia en el mes de más alta temperatura.
Lo cierto del caso es que la vana intención gubernamental de esconder el apocalipsis social lo contraviene la inmensa protesta social y laboral, que ha alcanzado los más altos niveles en los 20 años de gestión de este fracasado proyecto de socialismo de siglo XXI, cuyo objetivo es llevarnos a la prehistoria para así consumar su dominación total sobre nuestro presente y lo más lamentable, el futuro de la nación.
Si en 2014 y 2017 prevaleció en Venezuela la protesta política, en 2018 ha dado un salto gigantesco la protesta social y laboral, a niveles que el eficiente aparato represivo del régimen no puede controlar, pues se reproducen como hongos en todo el territorio nacional. En el primer semestre se han registrado miles de protestas: 2.019 conflictos laborales; 1.391 por servicios básicos; 583 por salud, exigiendo asistencia médica a enfermos terminales y el suministro de medicamentos, entre otros; 722 por alimentación y 221 por educación.
Como respuesta la demagogia gubernamental ha recurrido al reparto de bolsas CLAP, bonos sustitutos de los contratos colectivos y toda esa serie de caramelos de cianuro de bonos patrios, que alimentan la sumisión al Estado y que en nada han fortalecido el tema del destruido poder adquisitivo ante la corrosiva inflación, pronosticada en 1.000.000% para finales de año.
La respuesta sociolaboral ha sido categórica, en el mes de julio se han desarrollado 1.654 conflictos laborales, 286 por servicios básicos, 81 por seguridad social, 56 por alimentación y 41 por salud, lo que indica que el chantaje gubernamental no ha podido frenar la firme decisión popular de exigir sus derechos sociales.
Entretanto, el mes de agosto ha reafirmado el curso anterior, signado por las enfermeras y por la alianza intergremial del sector salud, quienes han motivado el surgimiento de un movimiento nacional de protesta, que ya se extiende a todos los sectores laborales: eléctricos, telecomunicaciones, Ferrominera en Guayana, petroleros, gremios universitarios, que anuncian acuerdos unitarios para enfrentar el paquete económico salvaje anunciado para el próximo 20 de agosto.
Este accionar de los trabajadores de los sectores públicos y privados, de líderes comunitarios por la caída de los servicios públicos, le anuncia a los partidos políticos –hoy dispersos y divididos– su disposición a unirse para reconquistar en primera instancia sus derechos sociales y consecutivamente sus derechos políticos confiscados, porque solo en democracia plena existe sindicalismo libre.