Una responsabilidad compartida

Lo que vimos en días pasados, tras el peculiar “atentado” del 4 de agosto, sobre lo cual no se han mostrado todavía evidencias claras y serias, debe movernos como sociedad unida para reclamar dentro, por todos los medios, el respeto del orden y de las normas fundamentales de derechos humanos y exigir, a la vez, el más firme apoyo de la comunidad internacional, de los gobiernos democráticos, de las instituciones de países amigos y de las instituciones internacionales creadas para combatir estos horrendos crímenes.

El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de diputados elegidos por el pueblo, Julio Borges y Juan Requesens, por un órgano del partido de gobierno que presume representatividad nacional, y los atropellos en su contra, incluidas las prácticas más aberrantes de torturas y tratos inhumanos y degradantes, hechas públicas con morbosidad y como parte del terrorismo de Estado que ejercen, resultan un atropello sin precedentes. El bandidaje decidió no cuidar más las formas y lanzarse por la vía del medio, para acabar con la oposición que representa, y ellos lo saben, más de 90% de los venezolanos.

La crisis venezolana ha llegado a sus límites. Las declaraciones y algunas medidas no han sido suficientes para detener la barbarie. Ante esta gravísima situación que afecta a los venezolanos, pero también a los demás países de la región que sufren sus consecuencias directas, esperamos la acción decisiva de los órganos internacionales de derechos humanos y de los órganos jurisdiccionales penales internacionales, en particular la Corte Penal Internacional; y, más allá, de órganos políticos que como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueden prevenir que la crisis se agrave y altere la estabilidad y la paz y la seguridad de la región.

Los órganos e instituciones internacionales tienen, en definitiva, una responsabilidad compartida que les obliga a actuar, dentro de sus competencias y facultades, sin desconocer su desarrollo, para proteger los derechos de pueblos oprimidos por regímenes dictatoriales o como en el caso de Venezuela, sometidos por un grupo delictivo organizado que opera impunemente, bajo la forma de gobierno de un Estado independiente y soberano.

El Secretario General de la OEA ha actuado con firmeza en favor de la democracia y del restablecimiento del orden en Venezuela. Ha sido una constante que todos apreciamos. Pero, lamentablemente, Almagro no ha contado con el apoyo decisivo de todos los gobiernos de la región, algunos de los cuales aún insisten interesadamente en interpretar a su manera los principios de soberanía y de injerencia en los asuntos internos de otros Estados, en perjuicio de acciones colectivas para defender los derechos humanos de los ciudadanos de un Estado miembro. Una lamentable complicidad que establece precedentes muy peligrosos en el sistema interamericano en el que la democracia, como derecho humano colectivo, es su pilar central.

La recién designada   alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidente chilena Michelle Bachelet, enfrenta un reto importante: reafirmar la postura igualmente importante que sostuvo su predecesor los últimos años, pero, además, más allá, lograr que el Consejo no solo sea eficiente en cuanto al ejercicio de sus responsabilidades, sino efectivo y que sus resoluciones sean respetadas por el régimen dictatorial venezolano que hasta la fecha se ha burlado de todas sus recomendaciones. La nueva alta comisionada debe ir más allá de las políticas internas chilenas que en algún momento, especialmente aquellas que durante sus mandatos se asociaban con las de Hugo Chávez, y promover el respeto pleno de las normas relativas a los derechos humanos, sobre lo cual, además, se han pronunciado numerosos órganos de control tanto regionales como de las Naciones Unidas.

También debe decir algo para enfrentar la barbarie, la Fiscal de la Corte Penal Internacional quien todavía parece no haber encontrado pruebas suficientes que autoricen una investigación formal y se inicien los procesos para castigar a los autores de estos abominables crímenes cometidos en Venezuela, mostrando una debilidad absolutamente condenable de una institución que se creó con enormes esfuerzos para combatir los crímenes internacionales de mayor trascendencia, como los que vivimos hoy en Venezuela.

Es el momento, además, de que los presidentes de la región asuman una postura efectiva y lleven ante la CPI, de una vez por todas, como lo han anunciado tantas veces, el caso Venezuela, una acción que obligará a la vacilante fiscal a iniciar la investigación formal y el proceso ante el tribunal.

La crisis venezolana no es una simple crisis. Ella es grave, integral, estructural, progresiva. La catástrofe humanitaria afecta sin duda la estabilidad y la paz internacional, por lo que el tema ya debería ser considerado por el Consejo de Seguridad, el órgano del sistema de Naciones Unidas encargado de velar por el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, pero también, de acuerdo con el desarrollo normativo más reciente, prevenirlo para evitar que situaciones como la que atraviesa hoy Venezuela se conviertan en crisis de mayor envergadura con sus nefastas consecuencias. La última declaración de Chaderton, una voz autorizada de la dictadura, reiterando un llamado a la guerra con Colombia, un ejercicio que debería librarse, según él, en su territorio y llegar hasta el Pacífico, aunque provenga de un cuestionado personaje de dudosa estabilidad mental, muestra la amenaza de la Venezuela chavista para la región, lo cual debe ser considerado con la mayor seriedad por los órganos internacionales competentes, el Consejo de Seguridad principalmente.

Los venezolanos esperamos una reacción contundente de la comunidad internacional. No se trata de invasiones, ni de intervenciones de ningún tipo, se trata de medidas unilaterales legítimas, individuales o colectivas, que ahoguen la barbarie para que los venezolanos puedan ver de nuevo la luz de la libertad y evitar además que esta catástrofe provocada perversamente por este grupo de delincuentes afecte la paz y la seguridad internacionales, las regionales, principalmente.