La efervescencia de las criptomonedas le ha estado quitando el sueño al gobierno de Pekín. Al igual que el resto del planeta, la fiebre y el esnobismo despertado por los bitcoins también se hizo sentir dentro de la geografía china. La embriaguez se apoderó de los entendidos en los temas digitales hasta que el gobierno tomó cartas en el asunto y de un solo plumazo acabó con la enfermedad.
El primer movimiento tuvo lugar en septiembre pasado, cuando las autoridades endurecieron su posición en contra del bitcoin, del ripple y del ethereum prohibiendo que se levantaran fondos en el vasto territorio para nominarlos en monedas digitales. El gran protagonista fue el Banco Central, cuyas autoridades aseguraron a comienzos de este año que las medidas iniciales de prohibición habían conseguido reducir la contribución de China al volumen mundial en circulación de estas monedas hasta un quinto de su valor: si en agosto de 2017 China detentaba 5% de las criptomonedas que se transaban globalmente, al despuntar el año 2018 ese volumen apenas alcanzaba 1%.
Aun así, por debajo de cuerda quedaban incontables afiebrados de estos nuevos medios de intercambio monetario no convencionales que se mantenían trabajando en la minería digital y levantando fondos dentro del mercado asiático. Las redes sociales también aportaron su parte, tomaron el relevo de manera subterránea y masiva y, a través de ellas, se continuaban transando grandes cantidades. Los intercambios de persona a persona también saltaron la barrera de la interdicción, se hicieron anónimas y Japón, por su lado, consiguió atraer a una masa significativa de operadores que ya se habían hecho un espacio en ese lucrativo pero arriesgado sector de actividad.
El grifo de la tolerancia oficial se ha cerrado más desde la semana pasada y así lo anunciaron oficialmente. Pekín decidió enfrentar y desterrar las últimas transacciones en criptomonedas que aún se hacían desde ese país. La determinación fue la de bloquear el acceso a las plataformas de intercambios en el extranjero, obligando a retirar las aplicaciones existentes en los accesos móviles locales.
El gobierno recabó la cooperación “forzada” de las empresas de transmisión de datos y convocó a los representantes de las tarjetas de crédito para hacer una intimidatoria presentación que les hiciera entender la determinación del Estado de ejercer un control absoluto sobre esta distorsión. También, a los operadores chinos de sistemas de pagos les fueron anunciadas medidas restrictivas y punitivas, sin precisar cuál sería su naturaleza, de manera de asegurarse que el dinero que transita a través de sus redes no pudiera contener ningún componente de monedas digitales.
En el medio de la investigación tecnológica en las grandes universidades mundiales, desde hace un año se señalaba a China como el país que más había avanzado en el conocimiento acerca de estas monedas. La razón de su interés no era el temor a las turbulencias que se generan en torno a su inestable valor, ni siquiera la manera en que pueden ser utilizadas para ocultar ingresos, sino más bien la capacidad que tiene este tipo de transacciones digitales de actuar a sus anchas sin la participación de una autoridad central.
En la opinión de los académicos las investigaciones chinas han estado encaminadas a poner orden en el sector haciendo que sea su propio Banco Central y no otros el que emita y controle los flujos de dineros digitales, y que su diseño les permita saber el “quién es quién” en estas poderosísimas redes.