La crisis determinada por el anticonstitucionalismo que permea la acción gubernamental evidencia la necesidad de que las elecciones presidenciales deberían constituir también la ocasión para plantear nuevas condiciones de transparencia para ejercitar el poder.
La falta de liderazgo nacional del gobierno, comprometido en aumentar el sufrimiento de la población, y la falta de estrategia de la oposición, incapaz de producir y otorgar sustanciación a una alternativa organizada del poder, han dividido a los ciudadanos en dos bandos: los obedientes incondicionales del movimiento social comunista-bolivariano y los obedientes a la fuerza, determinada por el desenvolvimiento con el cual las instituciones de la República anulan el Estado de Derecho definido en la Constitución de 1999.
Esta condición, en el caso de las elecciones presidenciales, propone al ciudadano democrático dilemas de diferentes opciones que anulan el ejercicio del voto: votar o no votar es igualmente malo, pues en las dos situaciones reconoce y da rueda libre a la arbitrariedad de la asamblea nacional constituyente; si vota, el Ejecutivo utiliza el fraude del CNE, si no vota a priori gana el representante de la revolución; si vota la oposición es cómplice, si no vota entrega el país.
Quien está ausente, jamás tiene razón. Mucho de lo que padece el país ha sido determinado con “verdadera sabiduría política” por la oposición, que con la práctica de la estrategia de la abstención dejó la Asamblea Nacional completamente en manos de la revolución chavista.
La única opción ganadora parece estar constituida por la unidad de toda la oposición alrededor de un “estatista”; es decir, un personaje o, porque no, una simple persona con principios morales y honesta, con credibilidad y el suficiente conocimiento que le permita escoger sus más cercanos colaboradores, como para formar un equipo que merezca la confianza de toda la población para empezar una gestión que facilite salir de la crisis con la gradualidad posible.
Cierto, la pobreza extrema a la cual ha sido reducido el país impone la urgencia del cambio, pero la búsqueda de la unidad de las fuerzas auténticamente democráticas se fundamenta en la dialéctica que emana de la estética y de la ética, para renovar la visión política y el orden económico y social: por ello, en nuestra percepción, el análisis se concentra en la relación existente entre ciudadanos y Estado, y en definir si el sistema que se persigue se fundamenta simplemente en una democracia formal o sustancial, en la cual los corruptos de cualquier origen y naturaleza sean apartados y relegados al juicio de la ley.
La tentación totalitaria se ha manifestado como renegación de la historia y del nivel de civilización al cual la nación venezolana queda vinculada, dejando desapercibida la estabilidad que otorga el Estado de Derecho y el ejercicio de la soberanía para afirmar la identidad nacional, pero ha empujado la barbarie por el afán de mantener el poder a cualquier precio: para esta exigencia corresponden los comicios presidenciales convocados, los métodos y formas que caracterizan su estructuración.
De modo que, como los antiguos egipcios imploraban a las diosas Isis y Nefritis para salvar la vida futura de los difuntos, también en el siglo XXI el juicio de la “Ironía” que suscita sonrisas, pero que desnuda a la luz pública las verdades en la práctica del poder, y de la “Caridad” que santifica las lágrimas que vienen inducidas, pueden ayudarnos a entender que toda concepción política y de reestructuración social se reducen en una aporía del conflicto político para extender la propia área de influencia y de poder.
La transparencia es fundamental para otorgar credibilidad a las elecciones, pero también la participación en la constitución de la unidad de la oposición debe configurar este requisito: se necesita ser sumamente precavidos para evitar que la mucha hipocresía con la cual los corruptos intentarán infiltrarse en el proceso unitario del cambio, permita que la verdad no aparezca y que el silencio sea el cómplice que la esconde y que impide su incomoda difusión.
El principio de que “el fin justifica los medios” era sostenido por Niccoló Machiavelli para perseguir la auténtica y superior preocupación política para la formación de un Estado moderno en la Italia de su tiempo, que estaba dividida por la confrontación entre los príncipes y el Estado Pontificio, determinada por la división y asignación imperial de los territorios, y no para que el poder constituido doblegara los súbditos a su voluntad. Este principio en el contexto mundial globalizado se encuentra dimensionado y superado por la interrelación establecida entre el poder y el conocimiento, que Michel Foucault individualiza en La voluntad de saber, perfeccionando lo que había postulado en la Tecnologías del yo a través de la jerarquía que vigila y la sanción que normaliza las actividades del individuo, de la sociedad y del Estado.
Al contrario, como si fuésemos trogloditas, el Ejecutivo nacional hace caso omiso de la evolución del conocimiento y niega el pluralismo político definido en la Constitución con medidas que tienden a limitar las fuerzas opositoras, para consolidar en el tiempo el proyecto político social-comunista y ulteriormente condicionar el crecimiento de la nación al servicio de la izquierda internacional.
La crisis ha asumido progresivamente el ritmo y la fisonomía del proyecto político, mientras que los acontecimientos económicos y sociales empujan hasta límites de implosión que pueden inducir al gobernante a tomar medidas excepcionales en nombre de la razón de Estado, para conculcar las libertades constitucionales y los derechos humanos. Por eso, si la persona que tenga los requisitos mencionados asume la responsabilidad de sacrificarse con vocación de servicio para lograr el bien común, la coalición de las fuerzas de oposición que la han reconocido como candidato presidencial tendrán la obligación de salvaguardarla del asalto al cual será sometida por los pretorianos que salgan de las filas gubernamentales y de los que navegan en el pantano de la oposición y que buscan conservar o ampliar su conuco.
Mientras tanto, cada día la crisis toma dimensiones de exasperación debido a las distorsiones del mercado, en algunas circunstancias derivadas de la política monetaria aplicada. Por supuesto, el gobierno prosigue en su populismo, su proyecto de empobrecimiento general sin ninguna consideración del sufrimiento que produce aumentando las condiciones de extrema pobreza a la cual ha sido reducida la población. Se ha olvidado el bien común, mientras que la aplicación ponderada de la justicia, la práctica de la virtud, de la ética y la moral, son consideradas un estorbo, un eufemismo que no merece alguna atención: desatendiendo el Estado de Derecho, queda solo la conveniencia de los grupos del poder constituido.
Como evidenciado en otra circunstancia, “es correcta interpretación entender el concepto de ‘Razón de Estado’” como motivo causal y como causa final; es decir, el por qué y el para qué de las decisiones que se toman”. No es solo el gobierno que puede invocarla, también los ciudadanos son obligados a hacerlo cuando defienden la Constitución de la República, las libertades, los principios y valores que identifican el Estado de Derecho que ha sido violado: las acciones consecuentes son motivadas por el estatus de necesidad que las ha motivado.
De la discrasia ideológica y pragmática existente se desprende que todavía mucho camino debe ser recorrido antes de llegar a una homogenización de las diferentes tipologías de comportamiento en los procesos políticos, económicos y sociales que distinguen tanto las relaciones internas como las internacionales. De ellas depende conservar o perder el nivel de civilización conseguido en el curso de la historia. Esta es la finalidad que se encuentra detrás de la invocada transparencia de las elecciones presidenciales y la recuperación del sistema democrático.