Argumentos de todo género se han proclamado a los cuatro vientos para justificar la participación en las elecciones presidenciales de mayo, principalmente el gobierno nacional manifiesta que con ese mismo CNE la oposición obtuvo una aplastante victoria en las parlamentarias de 2015, incluso mencionan elecciones anteriores como las de gobernadores de 2012 y la de alcaldes de 2013. Por otra parte, de la misma fuente beben los que apoyan la candidatura de Henri Falcón, quienes analizan la oportunidad de derrotar a Maduro en el terreno electoral.
En general, las condiciones que exigen tirios y troyanos se reducen fundamentalmente al cronograma y los procesos técnicos, cuando lo esencial de participar en dichas elecciones se centra en lo político. En tal sentido, la diferencia entre todas las elecciones realizadas antes de 2018, salvo las de la fraudulenta ANC nula de toda nulidad, estriba en la proximidad o lejanía con la vigente Constitución.
Por tanto, tomando como referencia las elecciones parlamentarias de 2015, debemos decir que en aquella ocasión si hubo condiciones políticas consagradas en la Constitución y las leyes, que hoy no están presentes. Comenzamos con la participación plena de los partidos políticos sin exclusión alguna; igualmente, salvo los conocidos casos de inhabilitados, pudo participar plenamente el liderazgo político opositor; así, también se garantizó el libre tránsito con algunas restricciones de los candidatos a diputados por todo el territorio nacional.
Aun cuando aquella experiencia no fue un paraíso terrenal, pues el Ejecutivo no dejó de intervenir en cadenas y acciones ventajistas en pro de los candidatos gubernamentales, las condiciones técnicas impuestas por el CNE de constituir caprichosos circuitos electorales favorables al régimen le sirvieron paradójicamente de escenario para la peor derrota sufrida por el chavismo desde 1999, al manifestarse ese diciembre de 2015 el repudio general de la población a la gestión madurista.
El régimen, impactado por ese KOT fulminante, comenzó a fraguar desde enero de 2016 el definitivo golpe de Estado que ha desintegrado aún más al país. Primero, inició la inhabilitación caprichosa de los partidos políticos a través de la sentencia del TSJ de enero de 2016; luego, utilizó el máximo tribunal para expropiar a la Asamblea Nacional de todas sus competencias, preparando su golpe maestro en 2017 con la aprobación de la convocatoria a elegir la montonera del PSUV denominada ANC, esperpento que se ha convertido en el fraude jurídico más grotesco de la historia política del continente. Acentuado recientemente con nuevas inhabilitaciones inconstitucionales a partidos políticos y dirigentes opositores en 2018.
Toda esta operación fraguada desde La Habana castrista fue implementada a sangre y fuego, con la masacre de 140 venezolanos muertos en procura de la libertad y la democracia en 2017. Por tanto, este proceso electoral presidencial de 2018 para nada cuenta con las mismas condiciones políticas y técnicas de 2015, lo que reclama el mayor escenario de unidad nacional de las fuerzas democráticas.
Contra la dictadura se vale todo, como lo establecen los artículos 333 y 350 de la vigente Constitución; por tanto, toda acción de participar o no reclama la más amplia unidad, pues si abordamos esta fase política como se vislumbra, divididos y dispersos, de nuevo sufriremos la frustrante derrota a la que nos tienen acostumbrados quienes fungen como dirección opositora, llámese MUD, radicales, colaboracionistas, guerrilla del teclado, etc. Quizás el camino que empieza a transitar la sociedad civil con el acto del 6 de marzo de 2018 realizado en el Aula Magna de la UCV pudiera establecer las vías de una plataforma nacional unitaria para enfrentar la dictadura.