El soberano decida qué quiere

¿Qué hacer con este país? ¡Que lo decida el soberano!

Nuestra carta magna es clara: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público” (artículo 5).

En el soberano se encuentra el poder originario, que viene a ser la fuente primera e instancia máxima de legitimidad en una comunidad política, en un determinado Estado. Es una soberanía última aunque no absoluta, por cuanto se la entiende en el marco de un derecho internacional y de exigencias fundamentales de la condición humana misma.

Por ello en circunstancias de una grave crisis de la polis, que amenace en su raíz y estructura básica la convivencia humana de la nación, y no sean ya suficientes los mecanismos ordinarios de solución, se hace necesario apelar a la palabra y decisión del soberano. En la antigüedad esto se apreció dentro de las limitaciones conceptuales y prácticas del tiempo, y en la modernidad se lo ha perfilado y perfeccionado con mayor hondura.

Ahora bien, el problema reside en la noción que se tenga del soberano y del genuino ejercicio de su potestad. Aquí es donde se ponen en juego filosofías, ideologías y prácticas, algunas de las cuales llegan a distorsionar tanto la definición del soberano como el ejercicio de su protagonismo. El pueblo se convierte a veces en un concepto gelatinoso, legitimador de praxis que alcanzan cotas de evidente deshumanización. Es el caso de las vanguardias luminosas y comités partidistas que se autoerigen como forzada representación del pueblo en los sistemas comunistas, de los reduccionismos raciales tales como el nazismo o nacionales como el fascismo, de las logias militares que encarnarían la defensa de la patria en los regímenes de seguridad nacional.

Es cierto que no hay prácticamente realización humana que no sea perfectible, pero sí se tiene que tender a formas de organización y consulta política en las cuales se abra cauce a la expresión más auténtica del pensar y querer del soberano. En este orden de cosas reviste carácter prioritario el lograr a través de consensos los medios que aseguren la verdad y transparencia de los procedimientos a través de los cuales el soberano se exprese y sea respetado en sus decisiones. En tal línea son de suma importancia instituciones y organizaciones de la sociedad civil que aseguren el pluralismo y la verdad en los procesos.

Concretando a nuestra situación venezolana, de crisis extrema y de interrogantes muy serias acerca de una solución consistente, democrática y pacífica, creo que se hace imprescindible apelar al soberano acerca de lo que quiere para nuestro país. No bastan los representantes. Es imprescindible oír y obedecer al representado, al que tiene el poder originario.

El pasado mes de julio se han tenido dos apelaciones al soberano, una meramente consultiva el 16 y otra autodenominada decisoria, pero que resultó una mascarada, el 30. Ambas fueron desconocidas desde la acera opuesta. Y en el país se agudiza la crisis. Que no es principalmente de interpretaciones en Derecho Constitucional, sino de estómago y vida, pues lo que está de por medio es hambre y muerte de muchos venezolanos por falta de comida, medicamentos y atención a necesidades primarias. El problema inmediato no es de artículos de la carta magna y de formulaciones legales, sino de medidas humanitarias. En los altos círculos del poder no se padecen estas necesidades y por eso se puede maniobrar con medidas distractivas y juegos de carnaval.

Si el soberano es soberano, que se le pregunte qué quiere para el país. Que decida su presente hacia el futuro. Sin mediaciones y representantes a medias. Sin intérpretes que lo traicionen. No veo por el momento otra solución a la gravísima crisis. No es fácil, obviamente, organizar esta consulta decisoria al soberano. Pero sí se la puede llevar a cabo desde adentro con entidades confiables y con el apoyo de organismos internacionales respetables.