En Venezuela se vive una distorsión institucional total, es un país sin ley, sin justicia, presa de una invasión cubana silenciosa, convenida con la traición a la patria que se desarrolló con la llegada de Hugo Chávez al poder y que se ha expandido sin pausa ni disimulo hasta nuestros días. Salvo el Legislativo, los órganos del poder público han sido copados por personas sin legitimidad para ello. Producto de esa anomalía tenemos un incipiente aparato de justicia en el exilio el cual carece de los medios necesarios para ejercer su labor siendo tarea de primer orden dotarla de ellos, esto requiere de mucha creatividad, de mucha audacia y de mucho trabajo.
Ya en el exilio, además de la incontable cantidad de venezolanos huyendo del desastre, está el legítimo Tribunal Supremo de Justicia, también la fiscal general. Que estas autoridades logren articular acciones que lleven a ejecuciones concretas es del interés general tanto de Venezuela como de los demás países, para estos debido al peligro que representa a sus propios intereses la acción delictiva que se practica desde las cúpulas civiles y militares territorio adentro esparciéndose territorio afuera, y que van desde la emigración masiva hasta el narcotráfico, pasando por la introducción de dineros sucios en sus respectivos sistemas comerciales y bancarios así como por la falsa identidad que se extiende a terroristas haciéndose pasar por venezolanos gracias a nuestras cédulas y pasaportes.
TSJ exilio y fiscal general DEBEN en primer lugar justificar legalmente su asiento en el exterior, causa de fuerza mayor con la cual se preserva no solo la seguridad personal de sus titulares, sino la vida misma del Estado de Derecho con una actuación temporal fuera de nuestras fronteras, y para lo cual solo bastará una declaración pública, un acto formal que consignen por ante los organismos internacionales y ante cada uno de los gobiernos, tribunales de justicia, fiscalías y parlamentos del mundo.
TSJ exilio y Fiscalía General deben arbitrar forma de combinarse cada uno en sus competencias, esta ya debería haber nombrado un fiscal especial para actuar ante el tribunal como lo estipula la propia Ley Orgánica del Ministerio Público en sus artículos 32, 33, 34 y 35, funcionario este que debe presentar la acción penal directa contra Nicolás Maduro como usurpador del cargo de presidente del que dejó de serlo a partir del abandono que le calificó la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones constitucionales el 9 de enero 2017, y a partir de allí ejercer también los actos de persecución penal contra todas aquellas personas que aparecen como cómplices en el delito y además ejecutando otros hechos punibles en el ejercicio de puestos en la administración pública y en todos los entes del Estado incluyendo los cargos y rangos militares.
El Ministerio Público debe ejercer esas acciones y solicitar al TSJ que dicte medidas cautelares y este debe dictarlas y librar órdenes internacionales de captura, así como embargos comerciales y bancarios, siempre con la mira puesta en lograr que los actos que se emitan sean de posible y real ejecución, que tengan por lo menos un inicio de ello; por ejemplo, el que entre los criminales buscados por Interpol, la DEA, FBI aparezca Maduro como autor del delito de usurpación del cargo de presidente entre otros, y esto es posible porque ya oficialmente Estados Unidos en voz de su embajadora ante la ONU acaba de calificar al régimen venezolano como «un peligroso narcoestado», imputación que obliga a la persecución penal.
Se necesita con urgencia una ardua labor diplomática del TSJ y Fiscalía para lograr cooperación internacional que para ello puede servir el apoyo que se ha declarado a la Asamblea Nacional y a sus actos, hay que ir país por país para concretar eso, no basta románticas declaraciones de amor, se necesita apoyo y real colaboración, espacios físicos para organizar oficinas, recursos económicos, disposición de tribunales y fiscalías de todo el mundo para hacer suyas las decisiones de los nuestros en el exilio, para eso debemos invocar, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, también conocida como Convención de Palermo, que permite la persecución sin fronteras del delito sin fronteras.
La Asamblea Nacional, que es presa directa de persecución al igual que el TSJ que ella designó, ya tiene dos gravísimos atentados en su contra, como son, en primer lugar, el boicot desde inicio de sus actividades cuando unos ilegítimos “magistrados” le cercenaron la representación de mayoría calificada obtenida en los comicios donde votaron 14 millones de venezolanos, luego el régimen ha privado de libertad a varios de sus diputados. Funciones constitucionales de gran importancia le fueron cercenadas para atribuírselas arbitrariamente al ilegítimo TSJ que formaron a espaldas de la Constitución y de la ley. Ahora le montaron la fraudulenta constituyente y le quitaron inmunidad al primer vicepresidente. Es necesario que dicho Poder Legislativo una esfuerzos con este TSJ exilio y la fiscal para recabar y hacer efectivo el apoyo internacional, tanto para recursos materiales como para darle efectividad a las sentencias, autos y providencias de persecución penal y de embargos mercantiles que sean necesario decretar, allí están las posibilidades de éxito, ya hemos tenido muchas desilusiones.
Por eso digo que se necesita mucha creatividad, mucha audacia y mucho trabajo, solo así tendrán sentido las sentencias que puedan dictar.