Sin proposición política, sin organización, sin liderazgo, la abstención se manifiesta como reflexión civil sobre la imposibilidad de tener fe sin patrocinio político. Por el contrario, los votos determinados por el carnet de la patria indican que el estatus de necesidad doblega a la servidumbre voluntaria impuesta por el régimen para perpetuarse. La complicidad y la inconsistencia estratégica de la oposición tienen un precio y probablemente, en esta hora menguada, los venezolanos reconocerán la propia quiebra y por esto serán empujados, por reacción natural, hacia la recuperación de la dignidad y de la ética perdida.
A través del Tratado de Versalles se fundó el 11 de abril de 1919 la Organización Internacional del Trabajo, también con la adhesión del Estado venezolano. En la “Reunión de Filadelfia” de 1944 “a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres”, además del progreso económico y social, se definieron estas finalidades en la “Declaración de Filadelfia” que fue anexa al “Acta Constitutiva” y que en 1946 le permitieron convertirse en una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas.
En la actualidad, la OIT es un organismo internacional con 187 Estados miembros que se basa en el diálogo social tripartito, a través del cual representantes de los Estados, de los empleadores y trabajadores de todo el mundo participan en la discusión, elaboración y, en algunos casos, aplicación de normativas y procedimientos en el ámbito laboral.
Los Estados parte deben ratificar las decisiones adoptadas en la OIT y esta, al velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos, establece dos mecanismos de control: el primero de ellos es el “control periódico de aplicación de las normas”, a través de un informe anual que cada Estado debe redactar sobre la aplicación de las normas en su territorio; y en segundo lugar, “los procedimientos especiales” de reclamo y queja de los convenios ratificados y/o por la violación de la libertad sindical.
Si bien la OIT fomenta la igualdad y la inclusión de los diversos actores en el ámbito laboral a través del mencionado diálogo tripartito, es lícito preguntarse si en la práctica la toma de decisiones realmente tiene en consideración opiniones y beneficios de y para todos los involucrados, existiendo ejemplos, como el venezolano, en el que se ponen en evidencia las actuaciones unilaterales de los gobiernos que no cumplen con los convenios ratificados.
Los procesos de globalización implican la tecnología pluridimensional cual factor evolutivo que promueve la apertura comercial de las naciones y de cierta forma contribuyen al incremento de las desigualdades sociales, generando un crecimiento económico sin empleo, tal vez ligado al desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyen a la exclusión de trabajadores no calificados y al incremento del trabajo informal. De modo que la OIT enfrenta estos nuevos retos esbozando estrategias particulares de desarrollo económico a través de su “Programa de Desarrollo Económico Local”.
Más allá de los aspectos políticos para garantizar las libertades democráticas y los derechos humanos, la función institucional de los partidos políticos y su apego al sistema democrático, las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional legislativa desempeñadas por la asamblea constituyente, la recuperación de Venezuela requiere de un adecuada gerencia en lo productivo, económico y financiero, de la eliminación de la mentira elevada a común denominador de la función pública, de la conducción transparente de la administración del Estado y sus instituciones y dependencias, tanto las centralizadas como las descentralizadas.
Pero en el curso del presente año el Ejecutivo, sin alguna consulta con los sectores productivos, el mundo de los emprendedores y trabajadores y sin hacer alguna referencia a las realidades estadísticas oficiales y no oficiales, ha aumentado cuatro veces el sueldo básico sin incluir la indexación determinada por los costos de la cesta básica, alimentaria y familiar, por la hiperinflación, por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y del empleo que han hecho crecer de forma exponencial la pobreza general de la población.
Al averiguarse un cambio de gobierno, bien sea por un acuerdo de transición o a través de elecciones transparentes, se necesita el replanteamiento y la renovación de las actividades para tener éxito en el mediano y largo plazo para la generación de trabajo decente en una época en la que el entorno parece estar yendo en sentido contrario y en consideración que para enfrentar la emergencia del corto plazo es necesario tener experiencia, conocimiento y credibilidad, tanto en el contexto nacional como internacional: son requisitos fundamentales que permitirían salir del abismo. Por cierto, esta es una tarea compleja y de no fácil cumplimiento, pero los ciudadanos conocen y deberán reconocer las personas de cualquier sector que tengan las capacidades y la honradez para llevarla adelante con espíritu de sacrifico y amor de patria.
Si los acontecimientos no asumieran esta dirección, en los conceptos que en “El espíritu de las Leyes” expresa Montesquieu: “Percibiríamos muy pronto una espantosa calma, durante la cual todo se aliaría con las fuerzas que vulneran las leyes”.
No se trata de plantear solo el gobierno de los mejores de Aristóteles, ni de los intelectuales de Gramsci, ni de disertar sobre la distribución de la riqueza que el mismo Marx, en la introducción a la “Economía Política”, considera que “antes debe ser producida”, se trata de crear las condiciones de gobernanza y gobernabilidad, de recuperar la identidad y soberanía, porque la política no es un negocio para el enriquecimiento de los corruptos, es un reto para el progreso del país que está determinado por el mundo del trabajo y de los emprendedores que conjuntamente practican su desenvolvimiento con eficiencia, con conocimiento y responsabilidad, y que deben otorgar su aporte, participación y experiencia con un Estado que en el ámbito de las garantías constitucionales es arbitro imparcial de las condiciones del mutuo soporte y de salvaguardia del bien común.
Nunca se termina, pero en cada circunstancia, por adversa que sea, siempre se deben reafirmar los valores y la ética de nuestra civilización. “Agendo nihil agere”, actuando no se hace nada: cuando se soluciona un problema, surgen otros en la evolución constante del ser del hombre y de la sociedad.