El señor Nicolás Maduro, presidente ilegítimo de la República, ha agregado un elemento adicional al descrédito y rechazo de la sociedad frente al estamento militar, con su reciente decisión de asignar una nueva escala de salarios a los profesionales militares.
Una institución fundamental para el Estado moderno, valorada y respaldada por el conjunto de la sociedad, ha terminado siendo repudiada por la ciudadanía, debido al papel que se ha dejado imponer por el régimen socialista.
Una nación como la venezolana, con una ubicación geoestratégica de primer orden en el continente suramericano, con los activos humanos, territoriales, ambientales y energéticos que posee, requiere para su seguridad integral una fuerza armada profesional al servicio de toda la nación.
Bien lo señala el artículo 328 constitucional al señalar:
“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.”
La camarilla roja, que usurpa el gobierno de la Republica, ha violentando de manera flagrante y directa el espíritu, razón, letra y propósito de la citada norma constitucional.
Ha convertido a nuestra fuerza armada en una parcialidad política armada, que hace parte abusiva del activismo político de un régimen repudiado por la gran mayoría de los venezolanos.
El estamento militar ha abandonado su responsabilidad profesional y se ha convertido en la cantera que alimenta una burocracia ineficiente y corrompida, colonizando todos los niveles y áreas de una administración pública cada vez más cargada de dependencias y empresas incapaces de producir servicio o bien alguno, pero sí eficientes a la hora de consumir, dilapidar y hurtar los limitados recursos del Estado.
No hay empresa del Estado ni dependencia oficial que no haya sido dirigida o cubierta por un miembro de la sociedad militar. Y no hay empresa pública que no haya sido conducida a la bancarrota por este sector de nuestra sociedad.
La opinión pública ha sido impactada por la información proveniente de organismos de investigación internacional que señala a importantes representantes del estamento militar venezolano como vinculados a los delitos de lavado de capitales, al descubrírseles fortunas fabulosas, que sobrepasan por persona sumas superiores a los 50 millones de dólares.
Observar en esas listas desde generales hasta tenientes, pasando por sargentos y enfermeras del entorno militar, muestra hasta qué profundidad ha llegado el deterioro del aparato del Estado, que, sometido como está, ha permitido que estos perfiles profesionales hayan terminado hundidos en lodo de la más brutal corrupción de que tenga memoria la República.
La ciudadanía asume tal información cuando se siente víctima de la corrupción y abuso de los funcionarios militares que en variadas circunstancias del servicio exigen dinero y bienes de manera ilegítima, y dan tratos humillantes a personas en áreas totalmente ajenas a la profesión militar. Todo ello debido a la circunstancia de haber convertido a la fuerza armada en “contralora” de toda la actividad productiva y económica de la sociedad, abandonado la verdadera función que por su naturaleza le incumbe.
La mal llamada “Gran Misión Abastecimiento Seguro”, encomendada por la dictadura al estamento militar, ha significado la asignación de un “general para cada rubro” de los bienes y servicios escasos, casi desaparecidos de los mercados, como resultado de la aplicación de las absurdas políticas del socialismo bolivariano. En la ejecución de lo que ellos mismos estiman “su misión”, han extorsionado, confiscado y hasta asesinado a personas cuya actividad humana está en el campo de la producción y el comercio. Hoy en día un uniforme militar es sinónimo de una coima, de una confiscación, de un negociado oscuro.
Por supuesto que no son todos los militares los que han transitado ese camino a la corrupción. La mayoría no está comprometida en esa conducta. Pero son tantos y recurrentes que se ha formado una imagen negativa del estamento militar como un todo.
Han, igualmente, convertido al estamento militar en una pléyade de hombres y mujeres dispuestos para la represión y violación de los derechos humanos de la ciudadanía, abandonado por completo su misión de garantizar la paz y seguridad de todos los habitantes de la República.
La combinación de corrupción y represión ha sido letal en la confianza y respetabilidad que necesita la institución militar.
Para completar esa percepción negativa, la decisión de Maduro de ofrecer una escala de sueldos significativamente desproporcionada con el resto de los servidores públicos ha reforzado el rechazo que dicho sector tiene en el seno de nuestra sociedad.
No se trata de que el funcionario o profesional militar, como cualquier otro funcionario, profesional o servidor de la sociedad, no merezcan una remuneración que les permita vivir con dignidad. Es que en medio de la destrucción del salario, logrado por obra y gracia de la incapacidad de la camarilla roja, ofrecer una remuneración 50 veces superior al resto de las profesiones y/o servidores constituye un acelerador del profundo desconocimiento existente en el seno de nuestra sociedad, y un incremento del repudio hacia el mundo militar.
Lo cierto es que todos los venezolanos, militares y civiles, recibimos un salario o una jubilación miserable. Pero queda claro en el subconsciente colectivo que la discriminación aplicada a los profesionales civiles en materia salarial y social tiene su causa en la tenencia de las armas de la República en manos del estamento militar, y al temor de la cúpula roja a una insubordinación.
Se trata de una operación corrupta y corruptora, con la cual buscan amarrar a los militares al carro de una dictadura desprestigiada.
El nuevo salario militar ayudará por unos días a mitigar el hambre que seguramente existe en la parte sana de este pequeño segmento de nuestra sociedad, pero no mitigará el desprestigio en que han caído. Para recuperar el respeto de nuestro pueblo va a ser necesaria una conducta de solidaridad con ese pueblo que sufre.
Como lo señaló en 1957, el ex presidente democristiano Luis Herrera Campins: “La responsabilidad de las Fuerzas Armadas no es responsabilidad global de acción, es responsabilidad pasiva, de tolerancia. Los escasos brotes de descontento castrense surgidos afirman la existencia de núcleos opositores a la orientación de la dictadura, pero mal alcanzan a borrar la responsabilidad colectiva. La responsabilidad de apoyar una opresión sólo se borra apoyando la reconquista de la libertad”. (“Frente a 1958. Material de discusión política-electoral venezolana, ensayo sobre la realidad venezolana”. Citado por Pablo Herrera Maldonado en su obra: Biografía de Luis Herrera Campins. Página 136. Ediciones de José Agustín Catalá. El Centauro. 2011).