La deslegitimación de la democracia planteada por las políticas que se desenvuelven en el contexto nacional no posibilita prevenir la inestabilidad existencial y el conflicto normativo que la facilita, pues la acción y los efectos de la situación para determinar otra necesitan la definición de los cambios que se quieren aportar y que el país necesita.

Una propuesta que permita la orientación y aplicación hacia instancias de los factores emergentes en el ansia evolutiva de la sociedad, como la representada por los jóvenes venezolanos y las organizaciones civiles, hace suponer la estructuración de principios básicos alternativos de la forma de concebir el Estado y sus funciones, y no puede limitarse a cualquier sustitución personal del presidente de la República y de sus proxenetas, sino debe referirse a un proceso de transformación de los desequilibrios existentes en el ejercicio del poder por la adopción de decisiones de racionalidad relativa en los procesos financieros, productivos y distributivos que han conducido a la grave crisis del país.

No se trata de la confrontación teórica y tradicional entre el “capitalismo” de una economía descentralizada y el “capitalismo de Estado” de la economía centralizada: como en otra circunstancia hemos revelado, se trata de los aspectos que se reflejan en el sistema político, el primero en el “Estado democrático” que se identifica con un gobierno esencialmente plural, el segundo en el “Estado autocrático” caracterizado por gobiernos autoritarios, asociados al liderazgo del partido único.

Afirma Dan Levi de la Universidad de Harvard: “Cuando la ideología sustituye el conocimiento, los países fracasan”. La referencia es pertinente con la situación venezolana. La determinación de las escogencias y el comportamiento geopolítico se manifiestan en la práctica de múltiples políticas de acercamiento y de distanciamiento entre los actores de diferentes matriz: emergen estrategias que no solo los identifican, sino que promueven la funcionalidad de las instituciones y el funcionalismo del Estado, que en lugar de reducir la visible distancia con los ciudadanos, cada día la aumenta.

Es el reflejo de la función precipua del desempeño institucional de los partidos políticos, del gobierno y de la oposición, que ha sido propiciada por el “cogollismo” imperante: este ha impedido e impide el turn over o cambio de la gerencia política por una conducción subordinada a intereses particulares, doblegando la política pública a la organización política, en una situación de “soporte-dependencia” del gobierno, las fuentes de su poder y de las fuerzas desplegadas por otras instituciones, como las económico-financieras, productivas y sociales que con oportunismo y conformismo han explotado la requerida lealtad al soberano, sin preocuparse de los valores y principios de una democracia real ni de una ética del comportamiento.

Una definición política refleja el perseguimiento de un equilibrio entre posibilidades y deseos de una sociedad. De modo que hablar de reformismo de los actuales partidos parece conforme con un “gatopardismo” por el cual se afirma la necesidad del cambio, pero en los hechos no se modifica nada. El problema es de una gravedad absoluta y compromete cualquier hipótesis de desarrollo: se trata de institucionalizar la democracia dentro de los partidos tradicionales que la han usado solo como maquillaje del ejercicio del poder y, por consiguiente, han distorsionado la toma de decisiones en favor de intereses subalternos.

Queda fuera de discusión la posibilidad de aportar alteraciones cognoscitivas y de comportamiento en la concepción ideológica y en la praxis de los partidos de derivación leninista, como el PSUV: la liberación del hombre tiene un valor ecuménico, pero el ejercicio del poder para conculcarla en cualquier circunstancia impide creer y aún más reconocer créditos de democracia a quienes la utilizan para neutralizar el pluralismo para quedarse abusivamente en la conducción del destino de un pueblo instaurando, en la actualidad del mundo globalizado, lo que Claude Lévi-Strauss definiría como una nueva forma de “totemismo”.

Al contrario, considerar la necesidad de hacer salir de las perversiones en las que han caído los partidos de la oposición vinculados con las grandes centrales democráticas cual son ideológica, política y programáticamente la Internacional Socialista y la Internacional Demócrata Cristiana, es una obligación de quienes con honestidad intelectual se sienten vinculados al sistema democrático, su principios, su valores, su ética.

De modo que no sería un exabrupto proponer que estas importantes organizaciones de la política mundial, que seguramente conocen hasta los pormenores de la situación venezolana, hicieran un pronunciamiento demostrativo de su seguimiento y apreciación de los acontecimientos inherentes a los miembros venezolanos mediante una crítica estimulante para que aporten una sustancial revisión ideológico-programática que desemboque en una estructuración partidista abierta a la participación e instancias de la sociedad. Es lo mínimo que se puede pedir cuando la ineptitud estratégica demostrada tanto por Acción Democrática como por Primero Justicia en la gestión de la Asamblea Nacional se ha sustanciado en incumplimiento de las atribuciones constitucionales y en apoyos de diferentes tipos al gobierno, deludiendo fuertemente las expectativas de cambio del pueblo venezolano que, no obstante, con la consulta popular del 16 de julio de 2017 había confirmado su esperanza.

Cierto, sin ser acusado de maniqueísmo sino del pragmatismo requerido por la gravedad de los comportamientos y de los acontecimientos eludibles, si enfrentados con la estrategia y la táctica inspirada en los principios, valores y ética originarios y constitutivos, sería oportuna una explicita condena, porque formalmente queremos hacer crédito a las jóvenes generaciones a las cuales viene negada la posibilidad de asumir la responsabilidad que la historia automáticamente les confiere por su supervivencia y que, al contrario, están obligadas a encontrar en la salida del país la vía para conseguir libertad y trabajo.

Las leyes de invariancia que presiden el engendramiento de la realidad, dan títulos componibles por la experiencia manifestada para la cual la ayuda sea necesaria y viable hacia estructuras capaces de enfrentar la potencia y la inanidad de los acontecimientos que asumen un valor tópico, para resolver problemas que afectan a la misma naturaleza y al desarrollo propio del pensamiento y de la acción necesaria para levantar el país de la crisis.

Puede ser que por su conocimiento y las capacidades demostradas en el devenir de los pueblos civilizados, cunas de la democracia como la Unión Europea y los Estados Unidos de América, sea más conveniente y políticamente oportuno para estas organizaciones internacionales ofrecer nuevas alternativas a las fuerzas emergentes con vocación democrática, que existen en el país y que han demostrado su sentido de responsabilidad y su vocación de servicio, hasta sacrificar su propia familia y su propia vida, en la certeza de que el antiguo dilema del hombre, dividido entre la aspiración a la libertad y la tentación del poder autoritario, puede representar en Venezuela el estímulo para la conquista de una verdadera democracia pluralista.


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