Todos sabemos el significado lato del término. Si ahondamos un poco podríamos llegar al área del derecho internacional. Grosso modo afirmaríamos, en tal sentido, que se refiere a las garantías, beneficios y sanciones que un Estado otorga a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado, deben ser retribuidos por la contraparte de la misma manera. En política no sería otra cosa que la retribución bilateral oportuna a todos los hechos generados en contingencias determinadas, tanto por los adversarios como por los propios compañeros de cualquier causa.
Estos pensamientos han aflorado en la ocasión de que lo que aún queda de la MUD se apresta a decidir en breves días la nueva composición de la directiva de los restos de la AN. Dándole de esta manera cumplimiento a lo acordado en enero de 2016. En virtud del acuerdo le correspondería a un miembro de UNT presidirla. En aquella oportunidad significó mucho para el cambio político, económico y social. Al final, los objetivos y espectativas no se consolidaron en virtud de los propios errores cometidos. Entre muchos: la falta de decisión y la debida coherencia; con el necesario coraje, para concretar la estrategia y tácticas pautadas en la ya pretérita ocasión.
UNT –antes, durante, ahora, ¿y en el futuro?– ha mantenido una línea política contradictoria en grado sumo. La actitud asumida por el jefe de esa parcialidad y por algunos dirigentes –Timoteo Zambrano, entre otros– ha puesto de manifiesto diversas maneras anárquicas de comportamiento reñidas todas con lo acordado en el seno de la MUD. A “troche y moche” se han permitido asumir conductas contradictorias con lo previamente establecido. A manera de ejemplo señalaríamos –para refrescar la frágil memoria– las infelices declaraciones unilaterales asumidas por Zambrano con motivo del diálogo clandestino establecido con el gobierno nacional y algunas figuras internacionales. De igual manera anudaron los compromisos acordados que permitieron la entrega voluntaria de Rosales y su posterior liberación concertada para competir, como al final lo hizo –en primera instancia– por la Gobernación del Zulia y, ahora, con la eventual candidatura presidencial en 2018. Más allá de sus intenciones futuras, el bribón e inexcusable acto de su candidatura –luego del ilegítimo e ilegal desconocimiento de la voluntad popular diáfanamente manifestada con el triunfo electoral de Juan Pablo Guanipa–, cuyo lógico resultado fue el de su aplastante y aleccionadora derrota, dejó un nuevo sabor amargo en el mundo opositor.
Así las cosas, este partido pretende que se cumpla con lo acordado en diciembre de 2015 para que un conmilitón suyo presida la devaluada –aún legítima, pero inoperante– Asamblea Nacional. Pienso que sobrevenidos todos los hechos conocidos la MUD debería reconsiderar el acuerdo político a que nos hemos referido. No solamente por la grosera falta de reciprocidad asumida por esa organización con el colectivo multipartidista. También por la imperiosa necesidad de restablecer comportamientos éticos y de sindéresis ineludibles en los modos y maneras de ejercer la política. Otorgar la presidencia de la AN a UNT –independientemente del candidato escogido– es algo más que error político. Estimularía nuevas conductas impropias y negativas incalificables en el futuro inmediato… ¡Sería un despropósito!
De igual manera –sin pretender inmiscuirme en la política interna de los partidos–, AD, PJ y VP, estos deben hacer lo que los católicos llaman un acto de contrición, en general, con los ajustes necesarios para evitar el lesivo desbordamiento anárquico conductual observado en hechos puntuales acometidos por militantes suyos. Conductas impropias e inaceptables. Dejan en entredicho el futuro comportamiento global de esos partidos al ser deliberadamente permisivos para que sus militantes actúen de manera impulsiva y jueguen con absoluta impunidad de forma subjetiva. Con “camisas propias” personalísimas y elaboradas a la medida.
No se trata de adjetivar con acomodaticios modismos: “autoexclusión”. Es hora de ser rígidos y ejemplares ante este tipo de comportamientos de sus militantes. Confunden, tanto al propio partido, como al resto de la oposición. Los “gobernadores autoexcluidos” de AD ejercen sus mandatos con el apoyo tácito del partido. PJ insiste en permitir que el líder repudiado por Capriles con motivo de la dádiva solicitada –debidamente filmada– al mecenas financiador de la defensa en NY de los sobrinos de oro (pagadas con dólares adquiridos con precio oficial) aparezca, de manera recurrente, en cada acto actuando en representación de su partido. Lo mismo ocurre con todos los militantes que se postularon en la pasada elección de alcaldes. VP ha instituido a un nuevo representante oficial en el diálogo y negociación dominicana. Emergente vocero en ausencia del líder domiciliado de manera coercitiva en la Embajada de Chile. Este florido personaje, día a día, confunde al mundo global opositor. Imagino también que a sus propios compañeros por el mensaje difuso, contradictorio e inconsistente. VP debería hacer “cambio de tercio” y sancionar al candidato fallido a la alcaldía de El Hatillo. Su derrota fue ejemplarizante. Poco le importó su indigna y aventurera conducta, aviesa y desleal, asumida en contra del alcalde legítimo defenestrado por el TS. Si estos partidos y otros de conducta similar persisten con su impúdico accionar, los acontecimientos decisivos en ciernes los arrollarán.
Soy consciente del significado de la fecha en que este artículo será publicado. ¡En plena Navidad!, y pudiera ser de alguna manera atípico. En la Venezuela que fue era inimaginable que el 25 de diciembre se abordara en la prensa un tema político espinoso. Pero nuestra nación es insufriblemente otra. Diametralmente distinta. No existe paz navideña ni estamos para aguinaldos, gaitas y villancicos. Nuestra propia supervivencia humana y la del Estado republicano se encuentran seriamente comprometidas.
La decisión asumida por Maduro y su combo relacionada con la ya tácita ilegalización de los partidos AD, PJ y VP (anunciada por la ilegítima e inconstitucional constituyentica, en concordancia con la eliminación de las alcaldías metropolitanas de Caracas y del Alto Apure) no deja lugar a dudas. Nos hace volar febrilmente la imaginación mediante una especie de evocación no propiamente diletante. Nos están arreando –como la zanahoria delante del caballo– para que peleemos “enchiquerados”. Constreñidos a participar en un proceso electoral presidencial adelantado que solo servirá para apuntalar el inequívoco fraude electoral ya fríamente premeditado. Garantizador “teórico constitucional” del continuismo de Nicolás Maduro. Imaginemos, pues, una “salida electoral” con los actuales CNE, TSJ y milicos ubicados estratégicamente en este Estado totalitario. Con las alcahueterías electoreras desbordadas propiciadas por UNT, AP, del sector pragmático de Copei y de otras organizaciones de oposición; apuntalados –por si acaso– por la Sala Electoral del TSJ. Estas son conductas políticas impropias y complacientes, propiciadoras de burocratismo colaboracionista y de dádivas codiciadas.
Permitir que en el primer semestre del año próximo se realice un nuevo “sainete electorero” presidencial con las actuales condiciones traerá como única consecuencia la consolidación previsible del segundo periodo constitucional. El libreto y la misma secuela son hartamente conocidas. Elaborado con la intención perversa de insuflar el ánimo. Articulando el deseo manifiesto de más de 80% la población venezolana que ilusamente aspira a una solución cívica de la crisis nacional. La paciencia y la capacidad de aguante de los compatriotas en general serán inexorablemente rebasadas. Con el oficialismo es inútil todo tipo de diálogo y de negociación política por la sencilla razón de que para lograr acuerdos consensuados es menester establecer –requisito sine qua non– la primacía de la voluntad cierta y expresa entre las partes para concretar acuerdos y soluciones. Ni Maduro ni Cabello van a ceder un ápice. Por lo tanto no existe la disposición de reciprocidad por parte del régimen para llegar a los convenios necesarios e indubitables. (Nuevo CNE garantizador de equilibrio político a través de la absoluta independencia e intromisión de parcialidades e intereses partidistas. Además de la reestructuración global del TSJ. En especial –para la actual coyuntura– de las Salas Electoral y Constitucional).
Tendremos como colofón un dramático dilema: cruzarnos resignadamente de brazos y esperar que “san Juan baje el dedo”; o abrirnos el paso a codazos para obtener la anhelada libertad.