El régimen madurista y la oposición democrática deben entender que el único camino posible para evitar que la violencia continúe tomando fuerza en Venezuela es que se logre encontrar, en las conversaciones en Santo Domingo, una solución suficientemente equilibrada entre las aspiraciones de las dos partes. Esta verdad de Perogrullo es la esencia de toda negociación. Lo primero que se debe evaluar es si la oposición democrática cometió un grave error en aceptar dicho diálogo. Estoy convencido de que no. Es verdad que dichas conversaciones se inician después de haber sufrido dos derrotas muy importantes: las elecciones regionales y las municipales, pero también es cierto que el oficialismo enfrenta tal escasez de divisas, al no poder lograr nuevos créditos por carecer de la debida autorización de la Asamblea Nacional, que le es imposible enfrentar, al mismo tiempo, el servicio de la deuda, la quiebra de Pdvsa y las importaciones de productos de primera necesidad y de medicinas.
Las exigencias de la oposición, todas de carácter constitucional, son más que conocidas: renovación equilibrada del Consejo Nacional Electoral; establecimiento de un cronograma electoral con garantías de pulcritud, sin inhabilitados, fechas precisas, y una calificada observación internacional; liberación de presos políticos, el retorno de los exilados y el cese de la persecución política; la normalización constitucional del país; la inmediata atención a la emergencia humanitaria que vive Venezuela; y someter a un referéndum popular aprobatorio cualquier acuerdo que surja del eventual proceso de negociación. El gobierno madurista condiciona la negociación al reconocimiento de la asamblea nacional constituyente, al levantamiento de las sanciones internacionales contra funcionarios gubernamentales y el respaldo de la oposición a cualquier operación de endeudamiento público. A simple vista, sin conocer las intimidades del diálogo, hay que concluir que es muy difícil alcanzar el tan ansiado acuerdo entre las partes.
La dificultad surge fundamentalmente de un delicado desequilibrio entre las solicitudes de las dos partes. Veamos: las seis condiciones presentadas por la oposición cumplen plenamente con los principios establecidos en la Constitución Nacional y no violan el Estado de Derecho. Eso no ocurre con las tres condiciones planteadas por el oficialismo. Analicemos someramente el planteamiento opositor para concluir cuáles pueden negociarse en las conversaciones y cuáles no. La primera y la segunda se refieren al problema electoral. Obtener la renovación del CNE y unas transparentes condiciones de votación, entre ellas una calificada observación internacional, es innegociable. La liberación de los presos políticos, el retorno de los exilados y el cese de la persecución política pueden discutirse, permitiendo que el madurismo estudie cada caso en particular. Si la oposición no está de acuerdo con la selección, por considerarla injusta, puede aprobar posteriormente una Ley de Amnistía.
La normalización constitucional de Venezuela es un aspecto fundamental del planteamiento opositor. Este punto es innegociable. La división e independencia de poderes debe reconocerse y establecerse plenamente. Eso significa que los poderes Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral reconocen las atribuciones de la Asamblea Nacional, establecidas en el artículo 187 constitucional y en particular la selección definitiva por el Poder Legislativo, con el voto de las dos terceras partes, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los miembros del Poder Ciudadano y de los rectores del Consejo Nacional Electoral, como lo establecen los artículos 264, 279 y 294 constitucionales. Eso obliga a convocar a elecciones para elegir a los diputados del estado Amazonas, desconocidos ilegítimamente por el oficialismo. La aprobación del canal humanitario es innegociable, aunque puede discutirse el nombre y la forma de realizarse. El referéndum aprobatorio de ese acuerdo puede analizarse ampliamente buscando la mejor solución para ambas partes.
Por el contrario, las condiciones presentadas por el madurismo son difíciles de aceptar por la oposición democrática sin un elevadísimo costo en la opinión nacional e internacional. Eso hay que saberlo. Sin embargo, se requiere la suficiente flexibilidad de las partes y una habilidad muy particular de los facilitadores para poder encontrar posibles alternativas. Definitivamente, si la oposición reconociera la existencia de la asamblea nacional constituyente comprometería la vigencia de la Constitución de 1999 y del Estado de Derecho. Además, aceptaría que esa asamblea de “militantes” del PSUV tendría sobre la Asamblea Nacional, representante de la soberanía nacional, tal poder que no podría oponerse a ninguna de sus decisiones, ya que así lo establece el artículo 349 constitucional. Se rumora que se busca la convivencia de las dos asambleas, limitando la función de la ANC a redactar una constitución. Ese acuerdo sería ilegítimo, ya que viola el artículo 347 constitucional.
He reflexionado sobre este delicado asunto. Reconocer la asamblea nacional constituyente es innegociable. Los venezolanos y el mundo rechazan su origen espurio. La violación del artículo 347 no se puede aceptar, como tampoco puede ser reconocida la forma en que fue “electa”, al violar el principio: “un ciudadano, un voto”. Lo que sí podría aceptarse es que la írrita asamblea nacional constituyente se transforme en una asamblea de ciudadanos, que redacte una constitución para ser presentada a la legítima Asamblea Nacional para su discusión, con el compromiso entre las partes de presentar dicho documento a referéndum aprobatorio del pueblo venezolano. Otra posible solución podría ser acordar elegir una nueva ANC, que cumpla cabalmente para su convocatoria con el artículo 347 constitucional, consultándoles a los venezolanos si están o no de acuerdo con esa convocatoria y el contenido de las preguntas que se realizarían en dicho referendo aprobatorio.
Al contrario, existe un amplio margen de discusión sobre el levantamiento de las sanciones internacionales contra funcionarios del régimen y la aprobación de cualquier operación de endeudamiento público. Lo primero que conviene aclarar, es que dichas sanciones obedecen a una decisión soberana de los gobiernos que las han impuesto por razones que ellos solo conocen. Sin embargo, podría resolverse mediante la designación de otros funcionarios y aceptando que las solicitudes de créditos se presenten a la Asamblea Nacional para su revisión y aprobación. Esa posibilidad exigiría un acuerdo más amplio que permitiera diseñar y ejecutar una reforma económica que enfrente el proceso de hiperinflación y la paralización de la producción. Definitivamente, alcanzar éxito en dicha negociación es complejo y difícil. De todas maneras, la situación nacional es de tal gravedad que tanto el gobierno como la oposición deben percibir que de no lograrse un acuerdo que dé solución a la crisis, las fuerzas sociales pueden desbordarse imponiendo alguna alternativa fuera del marco constitucional que todos tendríamos que lamentar. Reflexionen, por el bien de Venezuela.