El peregrinaje de la OIT en Venezuela

Con relación a la próxima enésima visita de la OIT a nuestro país, vale la pena recordar que a mediados del siglo XX éramos el foco de atracción de la comunidad internacional, con un crecimiento económico sostenido en el período 1920-1980 de 3% anual (Baptista A. 2004, 62), instituciones políticas estables signadas por el sistema democrático y un sistema de relaciones de trabajo que garantizaba la paz laboral y el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo.

En ese lapso histórico no hubo tratamiento de este organismo tripartito mundial sobre casos relacionados con nuestro país, salvo en dos episodios: en 1956, al retirar a Venezuela del organismo por decisión de la dictadura perezjimenista ante las denuncias de violación de la libertad sindical; y luego en 1980, ante la intervención gubernamental del sindicato Sutiss. Aparte de eso, su presencia se debió a asesorías al Ministerio del Trabajo en materia de diagnóstico y modernización del sistema de relaciones de trabajo.

En lo transcurrido durante el siglo XXI ha sido otra la historia al contemplarse la implosión sistemática de las relaciones de trabajo y al dispararse las alarmas en la comunidad internacional, al extremo que año a año, en la Asamblea Anual de la OIT en Ginebra con la asistencia de aproximadamente 4.000 delegados provenientes de 180 países, cuyas delegaciones están integradas por representantes de gobiernos, sindicatos y empleadores privados, el expediente Venezuela figura en la materia como el primer actor malvado de la película.

Visitas de todo calibre provenientes de este organismo nos han analizado durante estos 19 años, misiones de contacto directo, de consulta, de expertos, de alto nivel, en procura de recordarle al régimen que es un permanente violador de los convenios internacionales firmados por el Estado venezolano durante el siglo XX en diferentes gobiernos, pues es importante destacar que la primera Ley del trabajo de 1936 contó con la asistencia de la OIT para su redacción.

Pues bien, el modus operandi gubernamental, rabioso violador de los derechos laborales, ha determinado la presencia de una nueva misión en 2018, como parte de un procedimiento citado recientemente por Guy Ryder (19/01/2018) actual director general de la OIT: "Para darles cierta perspectiva, ese fue el proceso que finalmente usamos en el caso de Myanmar (Birmania) sobre el trabajo forzado hace una década. Ha sido usado en algunas de las causas célebres en el pasado, uno piensa en Zimbabue en sus peores días y en Bielorrusia".

Ahora bien, esta es la décima misión que viene a Venezuela. La de 2018 lo hace a solicitud de Fedecámaras por los ataques sostenidos desde el gobierno contra el sector privado, cuya consecuencia ha sido fulminar millones de empleos estables. Es una ocasión para que las organizaciones sindicales y gremiales actualicen sus quejas. Su presencia demostrará, sin embargo, la sagacidad gubernamental de manipular la agenda, a fin de presentarle un país pletórico de felicidad en el que las cajas CLAP son la maravilla universal, garantía de alimentación y bienestar.

Lo cierto del caso es que ya es hora de que la OIT considere la urgencia de instalación de una representación permanente de este organismo en nuestro país. Son importantes sus visitas, los informes que se presentan al Consejo de Administración y a la Asamblea Anual, sobre todo ante un régimen que, apenas la misión regresa a Ginebra, se burla de sus compromisos y continúa sus reiteradas tropelías contra los derechos laborales. Lo más relevante es que se consideren condenatorias definitivas al régimen que ha degradado hasta la humillación la condición de vida del trabajador y del concepto del trabajo decente, conquista universal en la que la OIT ha tenido un rol primordial.