La deuda externa adquirida por la revolución bolivariana amenaza su supervivencia. Por esta razón, el presidente Nicolás Maduro ha “decretado” la reestructuración y financiamiento de la misma. Para lograr que el “decreto” se cumpla, los acreedores exigirán que cualquier acuerdo sea aprobado por la Asamblea Nacional, lo que le otorga a esta institución un poder de negociación del que carecía en el pasado.
El gobierno de Maduro está interesado en iniciar un nuevo “diálogo” en República Dominicana para conseguir que la oposición, o un sector de ella, haga causa común con él y así salir del callejón –con posible salida– en el que se encuentra, como consecuencia de sus políticas de inspiración castrista.
La oposición, en medio del pesimismo de la gente, tiene la oportunidad de hacer lucir sus habilidades en el arte de la negociación para conquistar sus objetivos y abrir espacios democráticos. Hasta ahora, en los procesos previos, ha sido el gobierno el que ha obtenido la mejor parte de la torta. El régimen se ha acostumbrado, por distintas razones, a derrotar a la oposición porque negocia mejor y parece que hiciera brujería.
Ahora estamos ante una situación diferente por el peso que tiene la amenaza del default. Los venezolanos y los acreedores serían los afectados. No es posible que un acuerdo que afecta a terceros pueda pasar por la aprobación de la asamblea nacional constituyente (siempre en minúsculas), la cual carece del reconocimiento de las democracias occidentales, debido a su discutible origen. Se trata, más bien, de un organismo de facto diseñado para pasar por encima de las facultades constitucionales que le corresponden a la AN.
Sobre las técnicas de negociación existe la obra de Roger Fisher y William Ury titulada: Sí… ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder. En este libro los autores promueven la tesis de que la negociación óptima debe buscar el resultado ganar-ganar, es decir, acuerdos con los que ambas partes se sientan ganadoras. Entre las distintas recomendaciones que señalan los autores está la de identificar los intereses de la contraparte y fijar con claridad los objetivos mínimos sobre los cuales se aceptaría un acuerdo.
En el caso venezolano, es fácil advertir que el gobierno lo que desea es lograr el refinanciamiento para invertir en sus objetivos políticos de permanencia. El dinero que se obtenga debe ser solo para gastos sociales y de infraestructura. La oposición pretende, como mínimo, que haya elecciones libres, con nuevo Consejo Nacional Electoral y cambios en el Tribunal Supremo de Justicia que garanticen el reconocimiento de la victoria al ganador; además de la liberación de los presos políticos, eliminación de las inhabilitaciones y cambio del modelo económico. Por eso la opción ganar-ganar es difícil, puesto que el gobierno debe estar dispuesto a ceder si quiere refinanciamiento.
En su obra, Fisher y Ury distinguen entre negociadores blandos y negociadores duros. Los primeros están dispuestos –de entrada– a hacer concesiones con facilidad; los segundos van por todo y no hacen concesiones. La apuesta del régimen es el juego “suma cero” porque los intereses de la revolución le impiden ceder espacios.
La revolución está amenazada por el riesgo de default debido a la deuda que ha creado con sus programas populistas. El régimen sufrirá un revés de cara a las presidenciales si los opositores actúan con vocación de poder y no para preservar “espacios” burocráticos. Aprender de los errores cometidos para no repetirlos sería un avance en la búsqueda de la libertad.