No hay manera de que la oposición se distancie de la vocación negociadora. En primer lugar, se trata de la obligación de los demócratas y de los civiles insistir en negociar y dejar constancia de su vocación pacifista y su deseo de evitar que la crisis de Venezuela termine en una situación de conflicto mayor. Es una obligación, no una opción. Sin duda, hay un supuesto clave, la otra parte debe tener deseos de negociar, y de buena fe. No importa lo álgido de los temas, las dificultades y la estirpe de quienes deben negociar por el gobierno, todo se supera si el objetivo de salvar el país de una tragedia mayor se convierte en la razón de ser de ese proceso. La comunidad internacional ha dado señales de que espera que prevalezca el sentido común y que la crisis de Venezuela se supere en una transición negociada.

Ahora bien, no dejan de tener razón quienes desconfían del gobierno por su doble discurso, triquiñuelas y jugarretas permanentes. Si sabotean y le demuestran a la comunidad internacional, una vez más, su actitud irresponsable, como la de 2016, seguirán perdiendo. Porque, en verdad, al que más le conviene una salida negociada es al gobierno. Solo en una mesa de negociación lograrán evitar un futuro incierto producto de la deuda que tienen con el país luego de tantos años de maltrato, abuso y deterioro.

Considero que al gobierno poco lo ayudará seguir con su permanente diatriba, ofensas y amenazas. Si creen en la negociación lo tienen que demostrar. La oposición, por su parte, debe trabajar para que se respeten principios fundamentales, tanto en la estructura como en la forma, para iniciar seriamente un proceso vital para el país. Un asunto de esta naturaleza debe garantizar transparencia, respeto entre las partes y vocación por los mecanismos de solución pacífica.


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