El voto es el rasgo vital de la democracia siempre y cuando sea convocado por instituciones legítimas que garanticen un proceso electoral imparcial y pulcro. En Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Alemania, Canadá y otros países democráticos se celebran elecciones que respetan la voluntad del elector. En sistemas dictatoriales, como el cubano, el dictador tiene garantizado el triunfo “como sea”. Lo mismo ocurrió con Sadam Hussein, quien poco antes de su estrepitosa caída ganó las elecciones con 100 % de los votos.
En Venezuela, las “elecciones” presidenciales fueron convocadas por la asamblea nacional constituyente, que no tiene facultades constitucionales para hacer dicha convocatoria. En efecto, una constituyente de ser legítima solo tiene como tarea elaborar una Constitución. Asimismo, la ANC no es reconocida por las democracias occidentales, las cuales en sintonía con esta posición han declarado que no reconocerán los resultados electorales de las elecciones fijadas para el próximo 22 de abril. Entonces, el “triunfador” de esas elecciones será ilegitimo y quedará aislado internacionalmente.
A este cuadro se añaden dos obstáculos adicionales. En primer lugar, la ilegitima asamblea nacional constituyente y su ejercicio del poder en forma totalitaria ha traído zozobra a los venezolanos. En efecto, en el caso de que la oposición decidiera participar, y para el supuesto (poco verosímil) de que se respeten los resultados electorales, de inmediato la asamblea constituyente con sus poderes fácticos sería, en definitiva, una instancia superior al nuevo presidente electo. Puede, incluso, arrebatarle las facultades o destituirlo. De ahí la necesidad de exigir la disolución de esta constituyente, como paso previo para unas elecciones.
El segundo obstáculo está en el parcializado Consejo Nacional Electoral, pues se trata de un organismo que no representa la correlación de fuerzas políticas imperante en el país. La reforma de este organismo debe ser un paso necesario a cualquier proceso electoral. Lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados deben ser reemplazados por juristas que merezcan confianza por sus trayectorias y formación intelectual. Estos son cambios fundamentales en la búsqueda de las condiciones necesarias para elecciones libres.
La presión internacional llevó al régimen a aparentar una negociación con la oposición para ganar tiempo. La oposición se sentó a “negociar” porque la comunidad internacional así lo aconsejaba, pero luego de este simulacro quedó evidenciado que el socialismo del silgo XXI (que sigue paso a paso lo que hizo Stalin, hambruna incluida) cuando llega al poder es con vocación de perpetuidad.
Para resolver esta coyuntura es necesario que la MUD y los líderes políticos definan sin ambigüedad si van a participar o no en el proceso electoral convocado por la ANC. Es conveniente que indiquen cómo van a vencer los obstáculos señalados para determinar el plan político de talante democrático a futuro. También sería recomendable que fijen posición frente a las posturas del Grupo de Lima y la Unión Europea en relación con el eventual desconocimiento del proceso electoral anunciado. Darle más largas al asunto solo crea zozobra entre las mayorías opositoras.
La situación exige la unidad y el diseño de una estrategia única, producto de una amplia discusión que pondere las distintas opiniones. La oposición debe participar en cualquier proceso electoral si se recupera la integridad electoral para llevar a cabo unos comicios con igualdad de oportunidades, sin inhabilitados ni presos políticos.