Cuán irresponsables han sido los integrantes de la ilegítima asamblea constituyente al entregar en manos de un régimen, que es el menos indicado por su manifiesta incompetencia para gobernar, poderes absolutos para legislar sobre materias de singular importancia y trascendencia para el devenir del país. A los gestores de esta aberración, atenazados por su perverso modelo político y por su supina ignorancia del comportamiento de las fuerzas que mueven la economía, solo les interesa cobrar un salario, disfrutar de prebendas e indignamente venderle el alma al diablo para mantener su estéril curul. No les preocupan las consecuencias que les acarreará a todos los ciudadanos el ejercicio errático de la facultad, que sin razón ni justificación alguna, le han transferido al Poder Ejecutivo.
Es absolutamente claro que el gobierno no necesita poderes especiales para actuar en el campo económico; antes de que apareciera la espuria constituyente, había adoptado varias decisiones en materia de intervención: cierre de comercios, sanciones para sus propietarios, confiscación de inventarios, determinación unilateral de los precios de venta al consumidor, establecimiento de los canales de distribución de las mercaderías, racionamiento de la cantidad de productos que podrían ser adquiridos por los consumidores y, finalmente, la creación de organismos y entes para el control de las actividades comerciales. En fin, toda una parafernalia burocrática para la aplicación de un irritante e inconveniente control gubernamental sobre los agentes económicos.
Habría que destacar la inutilidad de la cesión que ha hecho la ilegal y aberrante constituyente al régimen para resolver los acuciantes problemas de hiperinflación y escasez. Si el gobierno no corrige el déficit fiscal y su forma de financiamiento, que se ha realizado hasta ahora mediante un mayor endeudamiento interno y externo, la emisión inorgánica de dinero y la vigencia de tasas de cambio ficticias, reales causantes estas de los desequilibrios de nuestra economía, no avanzaremos ni un ápice en la corrección de las distorsiones que la atenazan.
El control desmedido, ilegal e inconveniente que ha estado ejerciendo el gobierno sobre la actividad económica se amplía desmesuradamente por efectos de la cobarde e irresponsable sesión al Ejecutivo de la facultad parlamentaria de legislar. Los hechos ocurridos y las amenazas que se ciernen sobre la actividad económica privada afectan negativamente las expectativas de los inversionistas locales y foráneos y los inducirá a reducir al máximo sus riesgos, lo que, a su vez, se traducirá en mayor cierre de empresas, aumento del desempleo, escasez de productos en el mercado, caída de la producción nacional y declinación ostensible de la tasa de inversión. De hecho, las primeras medidas adoptadas por el nuevo zar de la economía, Tareck el Aissami, constituyen un atentado contra la propiedad privada y el libre albedrío del consumidor.
En efecto, el gobierno en lo sucesivo profundizará los controles y determinará qué producir, cuánto producir, cuándo producir, los precios de los productos, la tasa de ganancia del capital, qué cantidad de productos e insumos importar, quiénes podrán hacerlo, qué cosas no se podrán importar, etc. Es decir, la imposición definitiva del modelo cubano y de otros sistemas de gobierno autoritarios que han fracasado donde quiera que han sido aplicados.
Finalmente, tal situación, los desequilibrios de nuestra economía, ha sido el caldo de cultivo para las prácticas corruptas de los jerarcas del régimen. ¿Es que acaso no existen sobrados elementos fácticos para que el gobierno proceda a destituir y a enjuiciar a ciertas personas civiles y militares, de los gobiernos de Chávez y Maduro, sobre las cuales hay denuncias, sustentadas con pruebas, de los delitos en que están incursas (en el caso Odebrecht, por ejemplo)? Hasta que lo haga, las rimbombantes declaraciones de guerra a la corrupción serán letra muerta y ruines falacias para tratar de engañar a los incautos.