La cruenta crisis política y humanitaria que padecemos los venezolanos ha traspasado nuestras fronteras. La comunidad internacional cada día alza más la voz, expresando su preocupación por la destrucción de la democracia, por la creciente violación de los derechos humanos y por la connivencia de los más importantes agentes políticos y militares del régimen con el crimen mafioso internacional.
La respuesta de la camarilla gobernante a los llamados de los países y de los organismos internacionales ha sido el insulto, el reto, la provocación a los jefes de Estado y de gobierno que han hablado en solidaridad con el pueblo de Venezuela.
Las exigencias de restitución de la democracia, la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana son considerados por el régimen como «injerencismo» violador de la soberanía de nuestra patria.
La presencia de agentes cubanos en todos los aspectos de la vida nacional, la entrega de nuestras riquezas nacionales a Rusia y China, la permanente presencia en eventos políticos de agentes de la ultraizquierda mundial, son considerados un testimonio de «solidaridad con Venezuela y su revolución bolivariana».
Lo cierto es que fuera de nuestras fronteras la tragedia que vivimos pasó a ser un tema de alto interés, generando una creciente preocupación por la suerte de millones de seres humanos, sometidos por una dictadura de nuevo cuño, a privaciones que están afectando a toda la región. Una creciente estampida de millones de personas, desde nuestro territorio, está afectando una diversidad de elementos en la vida social, laboral, económica y política de dichos Estados. Además, ha surgido con fuerza la amenaza que el régimen “socialista y bolivariano” está representando por los vínculos, nada ocultos, de importantes funcionarios “revolucionarios” con grupos terroristas y con las mafias de las drogas. Ello significa una amenaza a la “seguridad nacional” de varios países, cuyas autoridades han venido expresando su preocupación por este tipo de comportamiento, lo cual hace que el manejo del Estado venezolano se convierta en una materia de especial importancia para la comunidad internacional.
Frente a una problemática tan compleja, ¿puede la comunidad internacional guardar silencio?, ¿puede permanecer indiferente? Evidentemente, no. Para eso son los foros internacionales. Para eso existen órganos de gobernanza de la misma comunidad que permiten debatir estos asuntos y asumir políticas que busquen corregir desviaciones y lograr un clima de convivencia pacífica y civilizada entre las naciones. Es esa la misión del derecho internacional, de la diplomacia y de las relaciones internacionales. No obstante, la dictadura madurista insiste en hacer de esos mecanismos un burladero, y asiste a los foros internacionales a negar realidades tan ostensibles que solo reafirma la percepción y la convicción del liderazgo mundial respecto del reprochable camino por el que ha tomado la camarilla gobernante de nuestro país.
Tal situación replantea el debate respecto al concepto de soberanía y no intervención de países extraños en los asuntos internos de cada nación.
En pleno siglo XXI el concepto de soberanía ha cambiado de manera significativa. La doctrina dominante sostiene respecto de este concepto una postura amplia, abierta. En el pasado quedaron los dogmatismos en esta materia.
Básicamente, porque nadie es autosuficiente, y porque el mundo requiere de una estrecha cooperación de los países para lograr satisfacer múltiples necesidades, como también para poder afrontar las graves amenazas de la modernidad como lo son el terrorismo y el crimen organizado.
La elevación de la calidad de vida, la satisfacción de las necesidades humanas, la seguridad y la paz de los pueblos, ha obligado a todos los Estados a ceder parte de su soberanía en organismos supranacionales, adoptando legislaciones y aceptando operaciones que suponen la acción de agentes extranjeros en su propio territorio.
No es aceptable en estos tiempos cerrar las puertas de un país a la comunidad internacional alegando una defensa ciega de la soberanía para impedir que se verifique la comisión de graves delitos contra la humanidad, sobre todo en materia de seguridad y derechos humanos. El argumento de “la defensa de la soberanía”, del “no injerencismo” es solo un ardid para evadir el control que hoy el mundo se tiene a sí mismo, y la excusa para imponerle a un pueblo una brutal dictadura, impidiendo el pleno ejercicio de los derechos humanos.
El mundo conoce muy bien ya a la camarilla roja que nos ha humillado, sometido a una hambruna sin precedentes, que ha saqueado la riqueza nacional, que ha convertido a nuestro país en refugio de delincuentes y que nos ha cerrado toda posibilidad de ejercer los derechos políticos fundamentales. Han implantado el régimen autoritario sobre la base del uso de la fuerza. Frente a un Estado que considera toda expresión de disidencia como “un enemigo”, solo la comunidad internacional puede ejercer la presión necesaria para obligarlos a respetar el derecho y los principios fundamentales de la democracia.
Hoy en día en Venezuela la lucha pacífica, democrática, electoral y constitucional no constituye una garantía de lograr el ejercicio de los derechos fundamentales de nuestro pueblo. De ahí que es muy importante la solidaridad de nuestros países amigos. Los pueblos de América Latina, muy especialmente, deben agotar todas las gestiones diplomáticas y políticas que permitan retornar la democracia a Venezuela.
Los venezolanos no cesaremos en nuestra lucha, pero frente a la grotesca arbitrariedad de la dictadura, la solidaridad de los países amigos y vecinos constituye una esperanza y un aliento de que nuestra lucha está acompañada por la comunidad internacional.