El límite del derecho propio es el derecho de los demás

Para mantenerse indefinidamente en el poder simulando democracia, los regímenes del castro-chavismo realizan múltiples e ilegales maniobras constitucionales, judiciales y electorales en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. La constante de estas manipulaciones es la violación de los derechos humanos. Ahora en Bolivia, el tribunal constitucional del régimen tiene lista una sentencia declarando “como derecho humano que Evo Morales se reelija indefinidamente”, violando así los derechos humanos de todos los bolivianos porque el artículo 32.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José establece que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”

Es principio universal que “el derecho propio tiene por límite el derecho de los demás”. Es fundamento del Estado de Derecho destinado a garantizar que en casos como el de Evo Morales no hay derecho frente a la libertad y a los derechos políticos de todo un pueblo. Así lo estipula precisamente el artículo 23 del Pacto de San José (que invoca el régimen dictatorial boliviano) cuando consagra los derechos políticos como “derechos de todos los ciudadanos” que deben cumplirse en “igualdad de condiciones”.

La ruptura de la “correlación entre deberes y derechos” es una característica de las dictaduras. En democracia, como elemento esencial, el Estado de Derecho rige la ley y la igualdad jurídica para todos y el equilibrio entre deberes y derechos es fundamental. Cuando un ciudadano tiene más derechos que deberes es un abuso y una ilegalidad, pero cuando el que tiene más derechos o solo derechos es quien ejerce autoridad, estamos frente a un dictador que se ha puesto por encima de la ley. Si un individuo y su grupo que integran el régimen tienen más derechos, el pueblo pasa a la condición de servidumbre y sometimiento, que es todo lo contrario de la libertad y la igualdad de la democracia.

El caso boliviano es tenebroso: Evo Morales llegó al poder por elecciones el año 2006 con mandato para un solo período de cinco años y sin posibilidad de reelección continua, pero con el modelo castro-chavista igual que Venezuela y Ecuador, fraguó una “asamblea constituyente” prohibida por la Constitución política del Estado; luego de fraudes, múltiples crímenes, masacres sangrientas, con presos y exiliados políticos aprobó su Constitución en 2009, en la que suplanta la República de Bolivia por el Estado Plurinacional, cambiando el nombre de todos los poderes del Estado para vaciarlos y controlarlos nombrando a sus títeres como jueces, magistrados electorales, senadores, diputados, fiscales, etc. En su Constitución incluyó la reelección consecutiva del presidente por una sola vez.

Con la Constitución plurinacional –un estatuto para la dictadura– Evo Morales convocó de inmediato a elecciones el año 2009 y fue reelegido para su segundo periodo presidencial continuo. Llegaron las elecciones para el periodo que iniciaba 2014, en las que Morales ya no podía participar –porque su Constitución establecía la reelección consecutiva solo por una sola vez que ya había usado en 2009– pero un “fallo infame” de su Tribunal Constitucional lo habilitó como candidato por tercera vez consecutiva, con el argumento de “que habiendo desaparecido la República de Bolivia, Evo Morales había sido elegido una sola vez en la vigencia del Estado Plurinacional, de manera que la candidatura de 2014 se computaría como su primera reelección”. Así, un “tribunal infame” convirtió la segunda reelección en primera y Evo Morales volvió reelegirse fraudulentamente en 2014 hasta 2019.

Apenas asumió su tercer mandato luego de su segunda reelección continua, Evo Morales comenzó maniobrar en busca de la reelección indefinida y llevó el tema a un referéndum en el que él tomó el “Sí” para perpetuarse en el poder y dejó el “No” para el rechazo a su permanencia. En el referéndum del 21 de febrero de 2016, pese a al fraude, la manipulación, la campaña de miedo y amenazas, Bolivia dijo No. Es un No que brindaba la posibilidad de recuperar la democracia con una salida institucional de la dictadura castro-chavista de Bolivia, pero Morales calificó de “error” del pueblo algo que se podía corregir, o como solo el “primer tiempo” del partido de fútbol por la impunidad perpetua.

Es este contexto, el régimen de Evo Morales se ha demandado a sí mismo buscando la inconstitucionalidad de la norma que permite la reelección consecutiva del presidente solo una vez –después de haberse reelegido ya dos veces consecutivas– argumentando que de acuerdo al artículo 23 del Pacto de San José, el dictador Morales tiene “el derecho humano de ser indefinidamente reelegido”. Una vergüenza jurídica y política, porque el artículo 23 protege a los bolivianos y no a Morales y el artículo 32.2 del mismo Pacto de San José determina la “correlación entre derechos y deberes” y establece que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

Son derechos humanos los que violó Hugo Chávez cuando perdiendo referendos y elecciones puso su voluntad y sus crímenes por encima de la ley para someter a los venezolanos; derechos humanos que violó y viola el dictador Nicolás Maduro atribuyéndose los derechos del pueblo con una constituyente criminal; lo mismo hizo Rafael Correa para mantenerse 10 años en el poder; Daniel Ortega retiene indebidamente el gobierno con “sentencias infames” de jueces del régimen. Todos digitados por Cuba, en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, igual, con la misma metodología, con gobiernos de delincuencia organizada, con corrupción, con más pobreza, con narcotráfico, con crisis económicas, con presos y exiliados políticos.