Legalización de la guerra civil

El carnet de la patria es uno de los mecanismos de los cuales se ha valido el gobierno para controlar a la sociedad. Quienes no lo poseen corren el riesgo de no acceder a medicamentos, atención hospitalaria, acceso a alimentos subsidiados como lo es caso de las bolsas CLAP, asignación de pensiones o los bonos en efectivo que se depositan a quienes posean la identificación.

La declaratoria y distintas prórrogas del estado de excepción y el carnet de la patria se constituyen en una “guerra civil legal” contra su propia población, que le permite la eliminación de todo derecho y garantía constitucional; no solo a los adversarios políticos, sino al sector mayoritario de ciudadanos que lo rechaza, debido al desastre en que han sumido a uno de los países con mayores potenciales del hemisferio.

Los Estados que tienen leyes y gobiernos que garantizan la seguridad jurídica a ciudadanos y empresas no requieren de controles feroces; los gobiernos totalitarios y dictatoriales incrementan sus mecanismos de dominio a medida que se ponen de espaldas a sus pueblos y estos los rechazan.

Sin embargo, el régimen de Maduro no ha logrado ni logrará su objetivo porque, aunque muchos ciudadanos lo han tramitado, eso no se le ha traducido en votos. El ejemplo lo tenemos el pasado 20-M, cuando no solo casi 10 millones de los que tienen carnet de la patria no sufragaron por Nicolás, sino que además 40% de estos votó en contra.

Pero eso no se queda ahí, pues de los 7,5 millones de inscritos en el PSUV, casi millón y medio no apoyaron a Maduro. Además de quedar desnudo ante esa "elección" de la ANC en la que "compitieron" solos y por ende quisieron vender que habían logrado poco más de 8,3 millones de votos, cifra que ni siquiera pudo obtener en su mejor momento Hugo Chávez.

No obstante, y a pesar de lo “efectivo” que pueda parecerle al gobierno venezolano sus métodos de control y dominación, la hiperinflación, el no acceso a alimentos ni medicamentos mantienen al rojo vivo la crisis humanitaria. Lo que conlleva a la activación por parte de la comunidad internacional de la obligación de proteger a nuestra población que sufre hambruna, hiperinflación y escasez crónica de cualquier bien o servicio para su supervivencia.

En fin, estamos frente a una política de exclusión, discriminación y segregación, un apartheid.

Sin embargo, hay que analizar en este momento qué sentido tiene exponerse a una discriminación mayor, cuando en 3 meses no funcionen las reformas y las cosas se pongan peor para los que además no tienen posibilidad de irse, y que no ven una salida en el corto plazo ante una oposición dividida en la que cada quien jala a su conveniencia.

Sumado a la manera torpe  como esta dirigencia critica e insulta al que por necesidad se tiene que sacar el carnet. Sin pensar que hay que tomar en cuenta que es con los que quedamos en el país que tenemos que articular el cambio.

Existe una guerra civil declarada por parte del gobierno –que la llama "guerra económica"– para destruir "al enemigo" constituido por productores, industriales, comerciantes e incluso "las mujeres que usan agua y champú para lavarse el pelo".

Esta guerra es del gobierno contra una indemne población decepcionada, además de una oposición tan ideológicamente socialista como la ineptitud corrupta que nos metió en este desastre antrópico.

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