Las responsabilidades en el caso de Lorent Saleh

Los hechos ocurren, las violaciones parecen conformarse con el tiempo y por lo general olvidamos y nos acostumbramos a lo ilícito. El caso de Lorent Saleh es uno de esos en los que las responsabilidades parecen haberse dejado de lado para dar paso a la costumbre que no es más que la repetición de los hechos que a veces se aceptan sin mayores traumas.

Hace unos días el gobierno de Iván Duque decidió revocar la extradición de una venezolana, María Concepción Ramos Báez, solicitada por el régimen de Caracas, al considerar que su devolución y entrega al régimen de Caracas pondría en peligro su vida e integridad física, lo que evidencia el pleno respeto por las nuevas autoridades colombianas del principio de no devolución o non refoulement, pilar del sistema de protección internacional. El gobierno de Colombia consideró con la mayor y debida prudencia que “la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que presentó la ciudadana venezolana (…) estaba siendo objeto de estudio en el Ministerio de Relaciones Exteriores…”.

Una postura muy distinta a la asumida por el gobierno de Juan Manuel Santos hace exactamente cuatro años cuando, por intereses políticos y desconociendo las normas internacionales de protección, entregó arbitrariamente y sin las debidas garantías a la tiranía de Caracas al joven Lorent Saleh, acusado entonces de “terrorismo” y de otros delitos que nunca se comprobaron. El presidente Santos accedió sin mayor consideración a la solicitud de Caracas, a cambio del apoyo de Maduro en las negociaciones de paz que se llevaban a cabo entonces con las FARC, sin pensar que su nuevo mejor amigo era un farsante en el que no debía confiar, lo que pudo comprobar años más tarde, cuando los intereses ya no eran los mismos.

El Estado colombiano cometió entonces un hecho internacionalmente ilícito al desconocer sus obligaciones internacionales, en concreto, las asumidas en virtud del Estatuto de refugiados de 1951 y en su Protocolo de 1967 y, entre otros, en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Desconoció el gobierno de Colombia entonces una norma de derecho internacional general, de carácter imperativo o de jus cogens que no puede, de ninguna manera, ser inobservado por los Estados. Es una obligación absoluta, reconocida como tal, que constituye parte del orden público internacional, que hoy se forma alrededor de la protección de la persona.

El Estado colombiano no solo violó la norma al entregar al joven Saleh al régimen de Caracas, en donde, en una típica operación de secuestro, ha sido sometido durante cuatro años a torturas y tratos inhumanos y degradantes en la Tumba, emblema de la represión, bandera de la dictadura de Maduro; sino que ignoró sus obligaciones que de ello se derivaban, que eran velar por su vida e integridad física y mental a través de la supervisión que debían llevar a cabo a través de su misión diplomática en Caracas.

La ejecución de este hecho ilícito generaría la responsabilidad internacional de Colombia con las consecuencias que de ello se derivan, en particular, en este caso, la debida reparación por los daños causados a Saleh, víctima directa de tal violación.

Si Colombia violó el derecho internacional con la entrega arbitraria de Lorent Saleh, Venezuela también cometió un acto internacionalmente ilícito al no haber garantizado la integridad física y mental del joven Saleh, un compromiso que se deriva de la obligación de no devolución cuando la persona y la vida y la integridad física de un perseguido político corren peligro. El Estado colombiano tenía que haber exigido periódicamente, lo que nunca hizo, una constancia de vida de Saleh al Estado venezolano, lo que hubiera disminuido su sufrimiento, como el de tantos otros sometidos a todo tipo de maltrato en las “tumbas” venezolanas, una situación que nadie niega hoy, salvo los Zapateros y otros beneficiarios que insisten en “mediar” y en propiciar un “diálogo” con la tiranía.

Sin considerar por ahora la responsabilidad penal de los autores y cómplices del crimen de lesa humanidad cometido en contra de Saleh, Colombia tiene una clara responsabilidad jurídica y política que le legitima para actuar y exigir su liberación inmediata, junto a las garantías de vida y de su integridad física, así como la reparación debida por la violación por la tiranía de Caracas de una norma internacional fundamental. El Estado venezolano tiene a su vez la obligación de aceptar tal solicitud y de proceder a la liberación inmediata y la reparación debida por los daños causados a Saleh, víctima directa de tal violación.

El gobernó de Iván Duque ha demostrado estar plenamente comprometido con la democracia y la libertad en Venezuela, una situación que no solo ha permitido el secuestro de 30 millones de personas, y el funcionamiento de tantas “tumbas” en las que la práctica sistemática y generalizada de la tortura es la constante, sino que ha generado una inestabilidad sin precedentes en la región que afecta, más allá de lo económico y lo social, por el impacto de la crisis y de los desplazamiento de flujos inmensos de venezolanos que huyen de la represión y la miseria, la paz y la seguridad regionales, tema que parece estar en la agenda del pervertido bolivarianismo criollo, legado del golpista Hugo Chávez.