El 4 de agosto de 2018, cuando el presidente de la República hablaba en la avenida Bolívar de Caracas a la audiencia integrada por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, estos rompieron filas, se dispersaron y se atropellaron entre ellos. Así que buscando las causas que motivaron el indebido comportamiento militar, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó en cadena de radio y televisión que se produjo una detonación proveniente en principio de dos drones; posteriormente se habla de tres y luego de la explosión de cuatro cargas de explosivos, por drones, con el fin de asesinar al presidente. También la de los otros funcionarios que lo acompañaban en la tribuna utilizada como escenario de la disertación. Acto que no pudo continuarse dado el infructuoso intento de magnicidio.
Hoy, como es de suponer, no hay un palmo del territorio nacional en el que los lugareños no hayan hecho coloquial referencia al acontecimiento. Cada quien dispone de opiniones propias. Mientras que otros sugieren esperar el obligatorio análisis investigativo, por cuanto se trata de un hecho de poca credibilidad.
Los ubicados en el lado oficialista perciben lo ocurrido como una realidad, ausente de manipulación y con el deliberado propósito de atentar contra el presidente y los altos funcionarios presentes en el acto de celebración aniversaria de la fuerza castrense. No le dan cabida a una farsa sobre el particular. Alegan como base de sustento para sus argumentos que de haber sido contrario a la verdad lo acontecido, la Fuerza Armada en el sitio no habría roto filas ni se hubiese dispersado en forma indisciplinada en la parada militar que tenía lugar.
Independientemente de los pro y los contra que se evidencian por tan sorpresivo acontecimiento, proclamado por Nicolás Maduro como un magnicidio frustrado, todo dirigido y financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos; pero con mayor significación por el ahora ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el ex presidente del Parlamento venezolano Julio Borges. Palabras más palabras menos.
Con atención a lo dicho se impone como fuerza obligatoria considerar entendido que la figura magnicidio, la cual ha sido sancionada con la mayor pena por las leyes de los Estados, exige para su tipificación, y en conformidad con las legislaciones, que se produzca el asesinato de una persona importante en función del cargo desempeñado: presidentes, presidente del Parlamento o Congreso, en las monarquías el magnicidio incluye la muerte de los sucesores de la corona. El término se ha usado también en los asesinatos de dirigentes políticos y religiosos, como en el caso de Jorge Eliécer Gaitán en Colombia.
Los partidos políticos en Venezuela han sido y son adversos de llegar al poder a través del golpe de Estado o por cualquier otro medio no permitido en la Constitución. Son devotos del principio constitucional de someterse a los medios de participación y protagonismos del pueblo en el ejercicio de su soberanía. Esto sin duda le ha traído como consecuencia a la oposición haber sido engañada mediante promesas de “diálogo” por el presidente Maduro, acusándoles de haber arriado las banderas que venían izando con posibilidades de triunfo.
La casi inexistente práctica de magnicidio en nuestra República ha sido producto de pugilatos, entre los que han ejercido la dictadura. Como excepcional se presenta el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud, calificado por Betancourt de “introvertido y tímido temperamental”. Fue escogido para integrar la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Betancourt e instaurada el 19 de octubre de 1945. Se le tiene entre sus hechos haber llevado a los militares a conspirar contra el general Medina Angarita. Su padre, Román Delgado, considerado personaje trágico, muere en la toma de Cumaná el 11 de agosto de 1929, después de desembarcar del Falke en sangriento enfrentamiento con las tropas del gobierno fieles a Juan Vicente Gómez.
Los historiadores han considerado difícil evaluar el porqué siendo Delgado ministro de la Defensa de Rómulo Gallegos, que lo quería como un hijo, participa en un golpe en su contra. En 1948 es nombrado presidente de la Junta Militar que sucede al depuesto novelista. El 13 de noviembre de 1950 Carlos Delgado Chalbaud fue secuestrado por Rafael Simón Urbina, a la vez víctima de un magnicidio ejecutado por su secuestrador. Según se cuenta, Delgado había despreciado a Urbina en varias oportunidades negándose al reintegro de sus bienes, de los cuales había sido despojado luego de un juicio por peculado en los tiempos del general López Contreras. Urbina había sido gobernador del Territorio Amazonas. Los que sobrevivieron al atentado fueron enjuiciados y procesados conforme a la ley. Cumplieron condena. Dos o tres de ellos, una vez recobrada su libertad, pasaron a ingresar el frente guerrillero comandado por Douglas Bravo; a la vez que hicieron amistad con el difunto Hugo Chávez, quien también hubo de militar bajo la dirección del legendario Douglas.
En lo adelante no se conoce desbuche de otro magnicidio que en la persona de un jefe del Estado haya sido ejecutado en Venezuela; pero sí hubo un intento fallido con resultados mortales para otros, como el atentado contra Rómulo Betancourt dirigido por Rafael Leónidas Trujillo (Chapita). A pocas horas del suceso, Betancourt se presenta en público. No para hacer exhibición maniquea so pretexto de solidaridad, por cuanto esta le fue espontánea. Hizo demostración de consecuente luchador democrático, defensor del Estado de Derecho. Los que participaron en el atentado fueron enjuiciados con toda la protección del Estado; a la vez que cumplieron condenas. El fallido golpe militar comandado por Hugo Chávez se le ha tenido también como un intento de magnicidio frustrado en la persona del ex presidente Carlos Andrés Pérez.
Por último y a decir del gobierno, el 4 de agosto de 2018 el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anuncia atentado contra Nicolás Maduro, y lo tipifica como magnicidio. Luego, el mismo ministro sin investigación alguna y en forma degradante exhibe una imagen del diputado Juan Requesens, quien “denuncia” haber “recibido la orden de facilitar la llegada de Juan Monasterio a Venezuela. Es presentado en ropa interior, a la vez que se hace chiste sobre su nerviosismo.
Si el atentado contra Maduro fue real o no, sin razonamiento de fuerza, es obvio que ha perdido interés. Todo por la actitud no ética de voceros del régimen, por haber hecho uso de la arbitrariedad para enjuiciar a un diputado que tiene la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria no cumplida, por cuanto haciéndose árbitros de la administración de justicia le han señalado al diputado Requesens, si se quiere secuestrado, delitos en flagrancia a la Constitución. No ha habido consideración de la Asamblea Nacional, lo cual es imprescindible. Lo exhiben declarando en clara violación al debido proceso. Sin defensa ni la asistencia jurídica como derechos inviolables, lo privan del derecho de ser oído, sin disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, sin que se le conceda el derecho de ser oído y obligarlo a confesarse culpable o declarar contra sí mismo. Es decir, todo una conducta de viejo cuño, con asiento de permanencia en las ocurrencias inventadas por el actual gobierno militar, opuesto al más mínimo de los derechos, que no es otro que el de disentir.
Como quiera, habida consideración de la situación por la que atraviesa el diputado y ex dirigente estudiantil, del quebrantamiento de los medios que le son propios; por obligación humanitaria y por creerlo posible, me sumo a los que basados en consideraciones científicas afirman que a Requesens le han administrado fármacos que afectan su concentración o voluntad, para inducirlo sin presencia de abogados a decir lo que le han dicho, para inculparlo como cómplice en un asesinato. Lo que no es tolerable.
Comparto también lo afirmado por el ex magistrado Duque Corredor, cito: “Si existiera un juez de verdad en Venezuela, ordenaría la libertad de Requesens por ser ilícitas las pruebas en su contra y el enjuiciamiento en el Sebin, por crimen de lesa humanidad”.