Comienza 2018 bajo el signo del debate de la pertinencia, o no, de la acción militar internacional para la resolución de la caótica situación venezolana. Debate que podríamos ubicar en sus orígenes después de cumplida la mitad del periodo presidencial de 6 años, a consecuencia del fracaso del intento de convocar un plebiscito democrático constitucional sobre la revocación del mandato presidencial de Nicolás Maduro. La obstrucción de esa salida electoral, pacífica y constitucional, demostró la indisposición del régimen a permitir una solución de tales características.
Se ha discutido, opino que suficientemente, sobre el deber ser de las fuerzas armadas venezolanas de, invocando el respeto a la constitucionalidad, exigir, mediante un pronunciamiento institucional, el retorno a la democracia.
Fue ilusa la creencia de que en el año 2013 se harían unas elecciones libres y democráticas, montado ya el dispositivo que el dictador Fidel Castro había orquestado desde su isla-prisión para garantizarse, ante la inevitable muerte de Hugo Chávez, la sucesión de su agente incondicional en Venezuela: Nicolás Maduro.
Con la victoria de la coalición opositora, en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuyos resultados recibieron, sin duda, apoyo del estamento militar para su validación, se desechó temporalmente dicho debate de una salida alternativa de fuerza, a la cada vez más grave situación política, económica y social del país. Al participar en esas elecciones parlamentarias de 2015 pensábamos podríamos estimular e iniciar el retorno a la democracia, por vía de la facultad de designación, por parte de una legítima Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución venezolana, de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Así mismo, se designaría un nuevo Consejo Nacional Electoral confiable. Saboteadas tales atribuciones de la Asamblea Nacional, designándose de modo atropellado e inconstitucional a magistrados obedientes al régimen dictatorial de Maduro, en diciembre de 2015, antes de la instalación en enero de 2016 de la nueva Asamblea Nacional, se impuso la fórmula del continuismo dictatorial, liquidándose la esperanza de una transición razonablemente pacífica a la democracia.
Sin el apoyo de un Alto Mando Militar vacilante, e igualmente bajo persecución, y a consecuencia de las propias ambigüedades del ejercicio de dirección política opositora que primero declaraba a un Maduro en abandono del cargo y luego se iba a reunir con su gobierno, se desconcertaba nuevamente al pueblo y descolocaba la estabilidad de una estrategia de lucha antidictatorial.
La jugada del llamado a elegir una constituyente el 30 de julio de 2017 , bajo preceptos antidemocráticos e inconstitucionales, reitera la decisión de Maduro de mantenerse en el poder mediante una dictadura con ropajes de instituciones supuestamente elegidas por el pueblo, bajo una selección de candidatos, y del proceso electoral en sí mismo, controlado por su régimen. La brillante jugada opositora del 16 de julio, convocando a un plebiscito previo, para definir la actuación del poder por excelencia en una democracia como lo es su parlamento, recolocaba nuevamente la lucha en la dimensión correcta de presión hacia la transición política a la libertad, con exigencia de apoyo a las fuerzas armadas. Sin embargo al permitirse la realización sin movilización popular en contrario, e instalación de la farsa de elección de la asamblea nacional constituyente, se perdió, en medio de la represión, lo comprendemos, la oportunidad de una salida con aterrizaje forzoso, sí, pero sin estrellamiento.
Debemos pensar, de acuerdo con lo testimoniado anteriormente, que la idea de un diálogo respetuoso y sincero está agotado con los actuales interlocutores que, de un lado y de otro, han dejado de representar las auténticas y legítimas aspiraciones del pueblo venezolano: 1) orden interno, para vivir con libertad, con justicia y en democracia que permita alcanzar, a través de ellas, trabajo, pan, salud y educación. 2) Orden internacional de relaciones de cooperación de mutuo beneficios, y de respeto a los derechos humanos en particular, y al derecho internacional, en general.
Desde aquel tiempo cuando aún, hasta 2015, se mantenían conversaciones privadas y respetuosas con cierto sectores civiles y militares afectos al desaparecido dictador Hugo Chávez, intentábamos encontrar un espacio compartido para construir esa pista del aterrizaje forzoso sin un estrellamiento mortal a la ya muy maltrecha nave país. En el vuelo tormentoso de una economía aplastada por las demenciales políticas públicas emprendidas, tal clima amenazaba con producir lo que ahora ante los ojos incrédulos de todos nosotros es la insólita catástrofe humanitaria venezolana. Se intentaba entonces la sensatez de una fuerza armada nacional comprometida exclusivamente con la patria. Entre los años 2013, 2014 y 2015, la tesis de la intervención militar interna para deponer al gobierno incompetente y dictatorial de Maduro, rescatar la constitucionalidad democrática e iniciar la recuperación frente a la crisis socioeconómica a través de una junta de transición, y luego el llamado a unas elecciones libres, aún está vigente.