Fondo Patrimonial Venezolano

La semana pasada el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad organizó un conversatorio con el objeto de discutir la política energética esbozada por Leopoldo López y Gustavo Baquero en su libro Venezuela energética: una propuesta y apuesta el país. El evento contó con la participación de la profesora y directora del Observatorio de los Derechos de Propiedad, Isabel Pereira; el dirigente político Yon Goicoechea y el líder sindical del sector petrolero Iván Freites.

Tal como se vio en el mencionado evento, el punto neurálgico de la propuesta de López y Baquero es la constitución del llamado Fondo Patrimonial Venezolano a través del cual se canalizará el ingreso petrolero en los términos y condiciones establecidos en la propuesta. Al respecto, estimamos pertinente hacer algunos comentarios sobre el FPV.

En nuestro caso, la primera vez que escuchamos hablar sobre la proposición de un fondo patrimonial fue en el excelente libro El petróleo como instrumento de progreso, de Pedro Luis Rodríguez Sosa y Luis Roberto Rodríguez Pardo, publicado originalmente por el IESA en el año 2012. El FPV guarda cierta semejanza con el proyecto propuesto por estos autores, adaptado, claro está, a la visión de un partido político, en este caso Voluntad Popular.

En segundo término, nos parece valioso que la iniciativa del FPV esté siendo debatida dentro del ámbito interno de un partido político. Si bien el tema petrolero ha sido estudiado ampliamente en círculos académicos y técnicos, estimamos que el FPV sería el primer intento que tiene un partido político en la historia venezolana de constituir una política partidista en relación con el tema energético. Es nuestra apreciación que durante décadas los actores políticos han tomado en cuenta al petróleo como instrumento para sus políticas, pero no han hecho una política para el petróleo. El FPV, con todos sus aspectos sujetos a mejora, pone el tema petrolero sobre el tapete, y debiera obligar a que el resto de los partidos políticos conformen a su vez una política energética clara, coherente y sujeta al debate y escrutinio ciudadano.

Y es precisamente sobre la base del debate ciudadano que quisiera agregar finalmente algunas inquietudes que tengo en relación con el FPV. En primer lugar, pienso que el éxito de esta propuesta se fundamentará en el respeto a los derechos de propiedad. Dicho de otra manera, la pregunta fundamental a responder es si cada uno de los ciudadanos venezolanos será propietario de su petróleo de forma individual o, cuando menos, si será propietario de los ingresos que deriven del recurso mineral, de forma tal que el Estado venezolano o cualquiera de sus autoridades no tenga la capacidad de entorpecer u obstaculizar el ejercicio de los derechos de propiedad en nombre de la soberanía nacional, el bien común, o razones estratégicas de seguridad y defensa.

Adicionalmente, el FPV deberá crear mecanismos que limiten el poder del Estado en la administración del fondo. Bajo ningún concepto dicho instrumento se puede convertir en una nueva caja chica para la asignación arbitraria de dinero para fomentar el clientelismo y la servidumbre. En el marco de lo anterior, garantizar la independencia del fondo será un hueso duro de roer, habida cuenta del estado de negación que tiene Venezuela de convertirse en un país productivo alejado del estatismo.

Tercero, el FPV no debiera estar sujeto a discriminaciones sino tratar a todos los venezolanos por igual. Ello sería lo más democrático y proporcionalmente equitativo y, lo más importante, mitigaría de forma considerable la politización del fondo.

Existen otros temas más que quisiera traer al debate. Por lo pronto, me alegra saber que el tema energético cobra su relevancia. Me llena de esperanza intercambiar ideas sobre las políticas públicas que habrán de implementarse en el país, y no quedarme en el mero diagnóstico de nuestra dolorosa realidad. Es un ejercicio necesario aportar ideas para hacer de nuevo posible a Venezuela.