La alianza Castro-Chávez para recrear el castrismo con petróleo y dinero venezolano sacó de su agonía a la dictadura de Cuba y dio lugar a las dictaduras castrochavistas en Venezuela, Nicaragua y Bolivia (con Ecuador de salida). Se presentaron como movimientos políticos por la liberación de los pueblos, como de izquierda, bolivarianos, socialistas y usaron violencia, golpes de Estado y elecciones para acabar con partidos políticos, líderes y democracia. La realidad demuestra que el castrochavismo es delincuencia que ha tomado el poder político.
Es vital diferenciar y separar lo que es “política” en sentido de actividad pública, de lo que es “delincuencia organizada” y “crimen”. Una cosa es la política con sus ideologías, pragmatismos, imperfecciones, errores, crisis, incluso afectada por la corrupción; pero otra cosa muy diferente es la política y el poder bajo control de delincuentes asociados para hacer de la política su instrumento principal en la perpetración de delitos, organización criminal, toma y control indefinido del poder con fines delictivos y de impunidad.
Política en su acepción amplia, según su etimología griega, “es el arte de gobernar o la intención de hacerlo”. Se anota que “en cualquier acepción en que el vocablo se utilice, y persiga uno u otro objetivo, aparece en forma potencial o efectiva una forma de proceder, una práctica, una serie de hechos al servicio de una idea”. La política es el “arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados”, “la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos” y “la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos”.
La política es lícita, esto es, que actúa en el ámbito de ser “justa, permitida, según justicia y razón” porque es de orden y de servicio público. La política es totalmente contrapuesta al delito que es “la culpa, el quebrantamiento de la ley y toda acción u omisión penada por ley”. Mientras la política se ocupa del “proceso de tomar decisiones en beneficio de la sociedad” lo criminal es toda “acción indebida y reprensible” que atenta contra lo que la sociedad protege y contra la sociedad misma. La política es servicio público y el delito y la delincuencia son peligro público.
La realidad objetiva muestra que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia cometen permanente y reincidentemente de todo tipo de delitos. Los más graves son contra la vida, la integridad física y la libertad de las personas por medio de asesinatos, masacres, persecución política judicializada, presos políticos, exiliados políticos, torturas y crímenes de lesa humanidad que incluyen el hambre y la miseria como mecanismo de control. Los delitos económicos superan la calificación de corrupción, pues han destrozado los sistemas productivos, saqueado las empresas públicas, formado grupos de nuevos ricos o burguesías del régimen, llevado las deudas externa e interna a sumas impagables, comprometido los recursos naturales y la economía de los pueblos por decenas de años.
Justifican el narcotráfico como “instrumento de lucha antimperialista”, como repite Evo Morales en la ONU con el respaldo de los demás dictadores; Venezuela es el eje del tráfico y controlan la producción de cocaína de los sindicatos de Evo Morales y de las FARC de Colombia; la dictadura cubana es activa en estos delitos desde tiempos de la guerra, el lavado de dinero señala a Nicaragua.
Los Castro, Maduro, Ortega, Morales y sus regímenes no dejan un solo delito de la legislación penal sin cometer, incluyendo delitos sexuales, falsificación, secuestro, extorsión y encubrimiento. La única diferencia con la “mafia” es que el castrochavismo controla el poder político por lo menos en cuatro países.
No son gobiernos corruptos, es delincuencia organizada que maneja el poder político y tiene planeado retenerlo indefinidamente. No son políticos que cometen delitos, son delincuentes que hacen política para delinquir y encubrir sus crímenes. No son gobernantes, son “grupos delictivos organizados” que cometen “delitos graves”.
No pueden seguir siendo tratados como políticos y menos como dignatarios de Estado. Los criminales no tienen inmunidades ni privilegios, la soberanía no es protección del crimen organizado transnacional y la comunidad internacional no puede ser cómplice.